SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0636/2023-S2

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de abril de 2022, cursante de fs. 15 a 19, los accionantes por intermedio de sus representantes, refirieron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, tipificado en el art. 271 del Código Penal (CP), fueron imputados y en audiencia de aplicación de medidas cautelares celebrada el 1 de abril de 2022, por Auto Interlocutorio 93/2022 pronunciado en dicho verificativo, sin considerar que la Fiscal de Materia solicitó medidas sustitutivas a la medida de última ratio, ni fundamentar y motivar la decisión; debido a que, no se tenían elementos de convicción, y el vago pronunciamiento sobre el principio de legalidad respecto a los riesgos de fuga y obstaculización, la autoridad judicial demandada dispuso su detención preventiva por cuarenta y cinco días, a cumplirse en el Centro de Reintegración Social Renacer dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) de Oruro.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad de residencia, permanencia y circulación, a la dignidad, al debido proceso, a la defensa, a una justicia plural, oportuna y transparente, a la presunción de inocencia, a ser oído y juzgado previamente en un debido proceso, a la igualdad de oportunidades y a la libertad, a la fundamentación y motivación, citando al efecto los arts. 21.7, 22, 115, 116, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo: a) Anular el Auto Interlocutorio 93/2022; y, b) Se emita una nueva resolución en el término de veinticuatro horas.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 8 de abril de 2022, según consta en acta cursante de fs. 32 a 33 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de sus representantes y abogado, ratificaron el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliándolo señalaron que: 1) Se lesionaron los derechos a la fundamentación y motivación de las resoluciones; en razón a que, sin considerar la jurisprudencia constitucional y la proporcionalidad de la sanción, el Juez demandado en el punto 3 del Auto Interlocutorio 93/2022, dispuso su privación de libertad; además, no tomó en cuenta que si bien la Fiscal de Materia a cargo de la investigación, en la imputación formal solicitó la medida extrema, en la audiencia de medidas cautelares pidió las medidas sustitutivas a la de detención preventiva; 2) Pese a que en la declaración la víctima menor de edad, identificó de forma plena al agresor, quien el momento del hecho huyó y fue aprehendido al día siguiente, no se aplicó el principio de presunción de verdad establecido en el art. 193 inc. c) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA); más aún, cuando dicha declaración no fue contrariada; y, 3) No fueron sustentados los riesgos de fuga y obstaculización enunciado en el art. 290 de la misma norma.

I.2.2. Informe del demandado

Carlos Vallejos Flores, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Oruro, por informe escrito de 8 de abril de 2022, cursante de fs. 28 a 30, manifestó que: i) Los peticionantes de tutela no explicaron de qué forma fueron lesionados los derechos denunciados mediante la presente acción de defensa; ii) Los aludidos al ser sujetos de derecho conforme establece el Código Niña, Niño y Adolescente, tienen derechos, obligaciones y responsabilidades, respondiendo de una forma distinta a un adulto cuando cometió un delito; por ello, se les impuso una medida socio educativa acompañado de un “…Proyecto Individual de Medida socio Educativa (PIEM)…” (sic); iii) Los mencionados fueron imputados por la presunta comisión del ilícito de lesiones graves con agravante, oscilando la pena entre cinco a diez años, incrementándose en dos tercios del mínimo de la pena; en la imputación formal se solicitó la aplicación del art. 289.I incs. a) y b) del CNNA; iv) El 1 de abril -se entiende de 2022- con la celeridad que amerita, se llevó a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares en el Centro de Reintegración Social Renacer del SEDEGES de Oruro, en el que de forma sui géneris, la representante fiscal solicitó la modulación de la imputación formal, indicando que tenían un acuerdo de partes y que el ilícito investigado contra los accionantes era el primero que hubieran cometido; sin embargo, al no cumplir con los requisitos establecidos en la citada norma, la cual señala que la penalidad del ilícito investigado no debe exceder los cinco años en su máximo legal y estar acompañado del informe psicosocial expedido por la Instancia Técnica Departamental de Política Social, consideró el pedido realizado por el Ministerio Público en dicho requerimiento fiscal presentado; v) La legalidad ordinaria y la valoración de la prueba es una labor propia de las autoridades judiciales; en tal razón, la jurisdicción constitucional únicamente ingresa a revisarlas cuando se apartan del marco de razonabilidad, de los principios y derechos constitucionales; y, vi) Conforme se tiene del acta del mencionado verificativo, las partes procesales participaron a su turno, expresando la madre de la víctima que su hijo seguía internado en el centro médico -no precisó cuál- con quemaduras de segundo grado en el rostro y mano izquierda; los impetrantes de tutela se abstuvieron de intervenir, solo “A.P.H.” señaló que el fuego se ocasionó cuando la víctima se encontraba en un cuarto oscuro sosteniendo su celular que se encontraba cargando; empero, no desvirtuó lo indicado en el testimonio del prenombrado, no lesionándose derecho alguno.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 002/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 34 a 43, denegó la tutela impetrada, con base en el siguiente fundamento: Los accionantes interpusieron el presente mecanismo de defensa, sin considerar que opera el principio de subsidiaridad de manera excepcional, y al no cumplir con el mismo, se vio imposibilitado de analizar su pretensión referida a que se determine la libertad inmediata, cuando no impugnaron el Auto Interlocutorio 93/2022, en el que además el Juez demandado, precisó que es recurrible en apego al art. 314.II del CNNA.