SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0813/2023-S1

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de abril de 2022, cursante de fs. 2 a 7 vta., el impetrante de tutela expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal a instancia de Mauricio Zamora Liebers y el Ministerio Público en su contra, por la supuesta comisión del delito de consorcio de jueces, policías, fiscales y abogados (art. 174 del Código Penal [CP]), bajo esa situación el Juez de la causa dictó la Resolución 102/2022 de 24 de marzo, la cual se encuentra infundada al no establecer los elementos suficientes para considerar que existe efectivamente la comisión del ilícito, y es que si bien supuestamente habría ciento sesenta indicios, éstos no tienen nada que ver con el hecho que se investiga, a ello se suma que se han colectado cuentas bancarias, cruces de llamadas información de todas las Empresas Tigo, Viva, Telecel, y Entel, de ninguna manera se había encontrado indicio alguno sobre su participación.

Apelada que fue la determinación, se pronunció el Auto de Vista 214/2022 de  14 de abril, en la que se concluye que la Resolución 102/2022, no contaba con fundamentación, incurría en incongruencia objetiva externa, y era absolutamente infundada, es así que se falló declarando admisible y procedente en parte su recurso de impugnación y dispuso la revocatoria de la referida Resolución, ordenando que el Juez a quo en plazo de cuarenta y ocho horas, y sin necesidad de audiencia dicte un nuevo fallo.

El indicado Auto de Vista tuvo una excelente fundamentación e interpretación de los hechos, pero es en la última parte donde comete el error de ordenar que sea el Juez de instancia el que dicte una nueva resolución, es por ello que en la misma audiencia en la vía de la complementación y enmienda, se pidió que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional no es permisible obrar de esa forma, puesto que de acuerdo a los arts. 251, 398, 407 y ss. del Código de Procedimiento Penal (CPP), es esa instancia la que tiene que corregir los agravios denunciados, por lo que solo se tenía que modificar la parte dispositiva señalando no ha lugar a la aplicación de medidas cautelares debido a que se demostró que no existía probabilidad de autoría, además que las SCP 0150/2018-S1 de 25 de abril y la SCP 1471/2012 del 24 septiembre, establecen que un tribunal de alzada no puede anular obrados cuando verifique que el Juez de Instrucción Penal omitió explicar los motivos que llevaron a determinar rechazar o modificar una medida cautelar, sino directamente resolver en esa instancia, ello debido a que de por medio se encuentra el derecho a la libertad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia; sin embargo, no cita ningún artículo de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela solicitada; y en consecuencia, respecto a la falta de definición de su situación jurídica en la instancia de apelación, debiendo disponerse que la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ahora demandada, Silvia Maritza Portugal Espinoza, resuelva el fondo del recurso de apelación presentado, dando respuesta a todos los puntos apelados y así se corrija la parte dispositiva en el nuevo Auto de Vista a pronunciarse.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 21 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 15 a 18, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El abogado del solicitante de tutela en audiencia ratificó in extenso los términos del memorial de acción de libertad presentada y ampliando los mismos señaló lo siguiente: a) Hace más de una década básicamente que los tribunales de alzada tienen la potestad de reparar el daño que supuestamente habrían identificado, y b) La Vocal ahora demandada no remitió el Auto de Vista cuestionado, pero que contaba con la grabación de la audiencia y ahí se podía escuchar la parte dispositiva que es lo que se observa en la presente acción  tutelar.

En audiencia, en ejercicio de su derecho a la dúplica señaló que la Vocal demandada incurrió en un error procedimental subsanable y bajo la lógica de proteger de manera inmediata la seguridad jurídica de la persona que ha sido privada de libertad, merece tener un procesamiento y una resolución concreta y contundente; por lo que, su obligación era dictar el Auto de Vista respecto a la procedencia o a la improcedencia de medidas cautelares y corregir la parte dispositiva de la Resolución apelada, más aún cuando dicha instancia identificó correctamente que no existía probabilidad de autoría.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito cursante de fs. 12 a 13, indicó lo siguiente: 1) De la apelación presentada se llegó a advertir que el Juez a quo no fundamentó ni motivó el Auto Interlocutorio 102/2022, además que de su contenido se evidenciaría una incongruencia entre lo solicitado y lo resuelto; 2) La parte accionante solicitó complementación y enmienda del Auto de Vista 214/2022, alegando que se estaba dejando abierta la posibilidad de aplicar reformatio in peius, a lo que se respondió que se debía considerar que este principio únicamente es aplicable, a la impugnación recursiva tomando en consideración que un tribunal de alzada debe circunscribir su fallo exclusivamente a los aspectos impugnados por el apelante, es así que en el presente caso dicho principio no era aplicable; 3) Debe ser de consideración que a esa fecha no se ejecutaron las medidas cautelares dispuestas, consecuentemente no estaría materializada la privación de libertad; 4) La acción de libertad no es clara respecto a si se interpone porque la vida del imputado estuviera en peligro, estaría ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o indebidamente privado de su libertad, lo cual amerita la denegatoria de tutela; además que, de su lectura se puede advertir que no se encuentra un petitorio congruente con el fundamento de hecho y de derecho; y 5) El peticionante de tutela no señaló cuál es la conducta vulneradora de derechos y garantías que fue desplegada por su autoridad, lo que denota un incumplimiento a su carga procesal de argumentación.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 23/2022 de 21 de abril, cursante de fs. 19 a 20 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 214/2022, ordenando se emita uno nuevo en el plazo de cuarenta y ocho horas, debiendo pronunciarse expresamente en la parte resolutiva sobre el agravio de probabilidad de autoría de forma directa, todo ello bajo los siguientes argumentos: i) El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, dispuso la aplicación de medidas cautelares sustitutivas a la detención preventiva, entre ellas, la detención domiciliaria, además de fianza económica, la obligación de tramitación de arraigo, prohibición de comunicarse con la víctima, prohibición de concurrir a lugares de expendio de bebidas alcohólicas y la presentación ante el Ministerio Público; ii) La autoridad judicial ahora demandada, no se ha pronunciado de forma coherente y congruente respecto a los fundamentos expuestos por la parte apelante, así como su petitorio y también en lo que refiere a sus propios fundamentos en el Auto de Vista pronunciado, se advierte claramente que se ha incumplido el principio de congruencia en su componente interno como externo: a) Dentro de la congruencia interna, en el Auto de Vista 214/2022, la Vocal refiere que no existiría probabilidad de autoría respecto al apelante Jorge José Valda Daza, sin embargo, en la parte resolutiva no atiende en esa correspondencia, si no dispone que se dicte nuevo fallo por parte del Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del referido departamento, de forma contradictoria; b) En relación a la congruencia externa, la parte apelante pidió que no se apliquen medidas cautelares ante la falta de uno de los requisitos previstos en el art. 233.1 del CPP, consiguientemente, se advierte que la Vocal demandada no ha dado cumplimiento a la labor que le asigna la ley a objeto de resolver directamente y reparar los agravios que hubiere encontrado; c) En materia de medidas cautelares en el sistema acusatorio penal boliviano, las autoridades de los tribunales de alzada no pueden de ninguna manera soslayar el deber de pronunciarse sobre los agravios planteados de forma directa, ya sea rechazando o ya sea aceptando la pretensión de los recurrentes y de ninguna manera limitarse a anular las resoluciones apeladas, ese modo de actuar corresponde únicamente a jueces y tribunales constituidos en tribunales de garantías; y, d) La propia autoridad judicial es la que reconoce en los fundamentos del Auto de Vista la falta de probabilidad de autoría, sin embargo se limita a ordenar al juez de instancia dicte nueva resolución.