SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0694/2023-S2

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 16 y 23 de mayo de 2022, cursantes de fs. 74 a 81; y, 87 y vta., el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Debido al incumplimiento del contrato privado de venta con reserva de propiedad suscrito entre Verónica Lorena Melgar de Jordán y Lidia Kirtha Melgar Yabary -terceras interesadas-, la primera de ellas tramitó la conminatoria y ejecución del acta de conciliación total que ambas firmaron; por lo cual, solicitó al juez competente que ordene la desocupación del inmueble ubicado en la zona este, Unidad Vecinal (UV) 229-A, manzana 19, lote 5, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y se libre el correspondiente mandamiento de desapoderamiento; en consecuencia, su persona interpuso oposición a dicha pretensión, puesto que vivía en el referido predio, pidiendo la suspensión del proceso mientras no sea legalmente demandado; no obstante, el 3 de marzo de 2022, el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado- libró el indicado mandamiento contra quienes habitaban en la citada vivienda.

En mérito a ello, el 22 de marzo del indicado año, presentó memorial impetrando a la autoridad demandada que no se ejecute el referido mandamiento en tanto no se realice el dictamen pericial que determine la ubicación de la propiedad objeto del litigio; sin embargo, la aludida autoridad judicial no dio curso a su solicitud, disponiendo que con carácter previo debía acreditar el supuesto derecho propietario, adjuntando documentación fehaciente para tal efecto; extremo que no le fue exigido de manera idónea a la parte demandante de ese proceso, demostrando así parcialización con la misma, contraviniendo lo establecido en el art. 1283 del Código Civil (CC), no habiendo respetado ni tomado en cuenta la posesión pacífica, pública y continua que ejercía en el bien inmueble.

Por ello, la determinación asumida por la autoridad demandada, fue arbitraria e ilegal y careció de la debida fundamentación y motivación, transgrediendo sus derechos y garantías constitucionales, los cuales se encuentran seriamente amenazados ante la eventualidad de sufrir un daño irreparable e irremediable, al haber sido desapoderado del predio donde ejercía la posesión durante más de diez años, a la espera que se resuelvan apelaciones planteadas dentro de los dos procesos que se instauraron en el mismo juzgado a cargo de la citada autoridad, respecto a una medida preparatoria de demanda y un interdicto de conservar la posesión; hechos que se constituyen en una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad en la presente acción de amparo constitucional.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad y a la vivienda; y, de los principios de imparcialidad, legalidad, seguridad jurídica y verdad material, citando al efecto los arts. 115.II y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se revoque el decreto de 23 de marzo de 2022 pronunciado por el Juez demandado; y en consecuencia, se deje sin efecto el mandamiento de desapoderamiento de 3 del mismo mes y año.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 31 de mayo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 109 a 115 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado reiteró los argumentos expresados en la demanda tutelar presentada.

I.2.2. Informe del demandado

Freddy Céspedes Soliz, Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, en audiencia de garantías manifestó que: a) Las partes en el proceso ordinario sustanciado, hicieron prevalecer un acuerdo de conciliación total ante el Conciliador 24, siendo obligación de los jueces en material civil homologar dichos convenios sin cambiar ninguna situación, teniendo el mismo calidad de cosa juzgada; b) En aquella causa no se pronunció sentencia, solamente se aprobó un acta de conciliación, habiendo procedido a su ejecución; empero, el accionante presentó una oposición al desapoderamiento; a tal efecto, se emitió el Auto Definitivo 561/21 de 10 de septiembre de 2021, explicando por qué no se dio curso a esa pretensión; fallo contra el cual, el peticionante de tutela no interpuso recurso de apelación, conforme establece el Código Procesal Civil; c) No se vulneró ningún derecho del prenombrado; puesto que, en el proceso de conciliación no tuvo participación alguna, y al librar el desapoderamiento, previamente se pidió informe al Oficial de Diligencias de quiénes habitaban el inmueble en cuestión y obligatoriamente se hizo saber a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como del adulto mayor, a fines de no transgredir los derechos de los señalados grupos vulnerables; y, d) El citado Código establece los requisitos para la admisibilidad de los interdictos de retener la posesión y el trámite de la usucapión en la vía extraordinaria y ordinaria, lo cual no significa que se hubiese parcializado; por lo que solicitó la “improcedencia” de esta acción tutelar; debido a que, no se interpuso el recurso de apelación correspondiente contra el Auto Definitivo 561/21, habiendo precluido su derecho a efectuarlo.

I.2.3. Intervención de las terceras interesadas

Verónica Lorena Melgar “Salvatierra” de Jordán, por escrito presentado el 30 de mayo de 2022, cursante a fs. 106 y vta., señaló que: 1) Es propietaria legítima e idónea del inmueble ubicado en la UV 229-A, manzana 19, lote 14, que inicialmente en la demanda tutelar se mencionó erróneamente como “lote 5”; 2) De acuerdo al art. 53.1, 2 y 3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), corresponde la “improcedencia” y rechazo in limine de esta acción de defensa; debido a que, todavía existe una apelación pendiente de resolución en el proceso de interdicto de conservar la posesión interpuesta por el accionante; y, 3) Pese a que el nombrado fue notificado con el Auto Definitivo 561/21, no hizo uso del recurso de apelación previsto por ley, habiéndose declarado ejecutoriado el mismo mediante decreto de 17 de noviembre de igual año; y por ende, se procedió al desapoderamiento en cumplimiento a las formalidades y actos procesales pertinentes; por lo que, pidió se “declare la improcedencia” rechazando in limine la presente acción de amparo constitucional, al no haberse cumplido con la subsidiariedad prevista en el referido Código, aplicándose costas y costos.

Asimismo, en audiencia de garantías a través de su abogado, reiteró lo esgrimido en el memorial supra descrito, aclarando que: i) Se solicitó la conciliación previa con Lidia Kirtha Melgar Yabary -tercera interesada y demandada en el indicado proceso-, en función a un contrato privado; y, llegándose a un acuerdo, se estableció un nuevo precio, procediéndose a su homologación; no obstante, ante el incumplimiento del mismo se presentó la demanda de conminatoria y ejecución del acta comparecencia; y, ii) A efectos de acreditar que es propietaria del lote de terreno 14, presentó la documentación pertinente, como ser el plano de ubicación y uso de suelo autorizado por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, el Testimonio 1321/2021 de 1 de octubre, según la aclarativa de nuevos límites, medidas y superficie, y el impuesto municipal de la gestión 2021.

Lidia Kirtha Melgar Yabary, en audiencia de garantías refirió que: a) El 2014 celebró un contrato de pago con Verónica Lorena Melgar de Jordán, efectuándose posteriormente una conciliación; b) El incumplimiento al citado contrato fue porque la prenombrada nunca le dio la posesión del inmueble donde habitaba desde 1973, además que el accionante vivía en dicha propiedad; y, c) Conoció del proceso donde se homologó la conciliación de manera extraoficial, ya que nunca fue notificada de forma personal; puesto que, para cumplir con dicho fin, de manera maliciosa condujeron al Oficial de Diligencias a cargo, al predio que se encontraba junto al correcto, para que dicho funcionario incurra en error; por lo que, el 18 de enero de 2022, al enterarse del mismo, hizo su apersonamiento para que le hagan conocer ulteriores actuaciones.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 75 de 31 de mayo de 2022, cursante de fs. 115 vta. a 117, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Si el solicitante de tutela consideraba que los actos emitidos por el Juez demandado eran ilegales, debió plantear el recurso de apelación previsto en el Código Procesal Civil; en consecuencia, no agotó los medios ordinarios que correspondían para que sean conocidos por la Sala Civil de turno del citado Tribunal; y, 2) Al no haberse cumplido con lo establecido en los arts. 128 y 129 de la CPE; y, 53.1 y 3 del CPCo, “…corresponde denegar la tutela por ser visiblemente improcedente” (sic).