SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0719/2023-s3

La impetrante de tutela a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa; en razón a que, dentro del proceso penal iniciado en su contra: i) El Fiscal de Materia coaccionado, por memorial presentado el 1 de abril del 2022, solicitó la reapertura de la investigación, sin tomar en cuenta que la acción penal estaba concluida y extinguida en función al art. 27.9 del CPP, que la investigación ya fue reabierta anteriormente y no existe elemento de prueba para el efecto, por lo que incurrió en infracción de los arts. 5, 6, 8, 9, 12, 74 y 301 del citado Código; y, ii) Ante el procesamiento indebido descrito, el 8 de abril de 2022, acudió al Juez accionado pidiendo control jurisdiccional conforme establecen los arts. 54 y 279 del adjetivo penal; sin embargo, dicha autoridad no restituyó sus derechos y garantías constitucionales, menos pidió informe al Fiscal de Materia coaccionado sobre las ilegalidades denunciadas, ya que mediante decreto de 12 del citado mes y año, se limitó a determinar que: “…‘La parte solicitante si considera que existe defectos en la audiencia de la presente causa, deberá pedir conforme a procedimiento…”’ (sic).

En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1.  Naturaleza jurídica de la acción de libertad y alcance de su tutela.

Con relación a la esencia y dimensión protectiva de esta acción tutelar, en función a los bienes jurídicos protegidos, este Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0122/2019-S1 de 17 de abril, estableció que: “El art. 125 de la CPE, prevé a la acción de libertad como un medio de defensa oportuno y eficaz, cuyo objeto está dirigido a proteger los derechos a la libertad -física y de locomoción- y a la vida cuando a consecuencia de la restricción a la libertad sea puesta en peligro, o en los casos en que el afectado se encontrare ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o privado de libertad personal.

Sobre su finalidad, establece que está destinada a guardar la tutela a la vida, restablecer las formalidades legales, ordenar el cese de la persecución indebida o en su caso se restituya el derecho a la libertad.

Bajo este lineamiento dogmático constitucional, el art. 46 del CPCo, prevé que esta acción de defensa, tiene por objeto el de proteger, garantizar o tutelar los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad personal y a la libertad de circulación de aquel que considere que se encuentra indebida o ilegalmente perseguido, detenido procesado, preso o que su vida o integridad física está en peligro.

Dentro de ese contexto, la SC 0011/2010-R de 6 de abril, señaló que: ‘La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, (…) sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”’ (las negrillas nos pertenecen).

En esa misma línea de entendimiento jurisprudencial, sobre el alcance de esta acción de defensa, la SCP 0255/2020-S3 de 14 de julio, haciendo cita a su vez de la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, que efectuó un desarrollo sobre la connotación procesal-constitucional de la acción de libertad y sus presupuestos de activación en función a su naturaleza jurídica como medio extraordinario de defensa, precisó que: «…Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro.

Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión.

En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida» (las negrillas nos corresponden).

III.2.  Análisis del caso concreto

Conforme se tiene advertido ut supra, la parte peticionante de tutela, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa; en razón a que, dentro del proceso penal iniciado en su contra: a) El Fiscal de Materia coaccionado, por memorial presentado el 1 de abril del 2022, solicitó la reapertura de la investigación, sin tomar en cuenta que la acción penal estaba concluida y extinguida en función al art. 27.9 del CPP, que la investigación ya fue reabierta anteriormente y no existe elemento de prueba para el efecto, por lo que incurrió en infracción de los arts. 5, 6, 8, 9, 12, 74 y 301 del citado Código; y, b) Ante el procesamiento indebido descrito, el 8 de abril de 2022, acudió al Juez accionado pidiendo control jurisdiccional conforme establecen los arts. 54 y 279 del CPP; sin embargo, dicha autoridad no restituyó sus derechos y garantías constitucionales, menos pidió informe al Fiscal de Materia coaccionado sobre las ilegalidades denunciadas, ya que mediante decreto de 12 del citado mes y año se limitó a determinar que: “‘…La parte solicitante si considera que existe defectos en la audiencia de la presente causa, deberá pedir conforme a procedimiento…”’ (sic).

En ese entendido, de lo expuesto por la parte accionante y de las documentales descritas en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se establece que la reclamación tiene origen en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Norma Elizabeth Bilbao La Vieja Quiroga contra la prenombrada, por la presunta comisión del delito de estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, causa dentro de la que, por Resolución 57/19 de 3 de octubre de 2019, se rechazó la denuncia, requerimiento que fue objetado, emitiéndose la Resolución Jerárquica FDLP/ARVP/R-226/2020 de 10 de febrero, que ordenó se continúe con la investigación y se realicen las actuaciones necesarias para el esclarecimiento del caso, para finalmente requerir lo que corresponda en el término de ley bajo apercibimiento; seguidamente, -según refiere la parte impetrante de tutela-, se emitió el Requerimiento Fiscal “18/2020” de 10 de febrero de 2021, por el que nuevamente se dispuso el rechazo de la denuncia, notificado a la denunciante el 30 de junio de 2021, quien no presentó objeción ni recurso alguno, con lo que cesó la persecución penal en su contra; sin embargo, posterior a ello el Fiscal de Materia coaccionado, hubiere solicitado la reapertura del proceso investigativo, sin tomar en cuenta que la acción penal estaba concluida y extinguida en función al art. 27.9 del CPP, que la investigación ya fue reabierta anteriormente y no existe elemento de prueba para una nueva reapertura; además, habiendo reclamado esa situación ante el Juez accionado para que repare la misma vía control jurisdiccional, -alega- no tuvo una respuesta favorable de esa autoridad, ya que le respondió indicando que de considerar la existencia de defectos, debe realizar su planteamiento conforme a procedimiento.

Así, en atención a la particularidad de la problemática planteada, en primera instancia resulta esencial destacar que, conforme los intelectos jurisprudenciales citados en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, referente al alcance y naturaleza de la acción de libertad, debe tomar en cuenta su carácter preventivo, correctivo y reparador para la protección y restitución efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física o de locomoción ante la existencia de detenciones, persecuciones o procesamientos ilegales o indebidos, y/o la puesta en riesgo o peligro del derecho a la vida o la integridad física, solicitando al Juez o Tribunal de garantías, y ahora también a las Salas Constitucionales, según corresponda, el restablecimiento del derecho constitucional a la vida, la libertad personal y de locomoción, y la suspensión de cualquier acto o determinación que los restrinja sin sustento legal; en ese entendido, la pretensión que pueda deducirse en el planteamiento de esta vía de defensa constitucional, tiene como denominador común la protección de estos bienes jurídicos, a partir de la certeza material de su lesión o amenaza.

Bajo esa precisión que emerge de la naturaleza y alcance de este mecanismo de protección constitucional, de los argumentos expuestos en el memorial de interposición de esta acción tutelar y ratificados en audiencia, se tiene que la parte peticionante de tutela denuncia que está siendo indebidamente procesada, porque el Fiscal de Materia coaccionado solicitó la reapertura del proceso investigativo en su contra, sin tomar en cuenta que la acción penal estaba concluida y extinguida en función al art. 27.9 del CPP, que la investigación ya fue reabierta anteriormente y no existe elemento de prueba para la reapertura, actuación que tampoco habría sido corregida por el Juez accionado vía control jurisdiccional, solicitando por ello que la justicia constitucional, concediéndole la tutela deje sin efecto cualquier persecución indebida en su contra “…y que todo acto realizado sin la REVOCATORIA DE LA RESOLUCIÓN DE RECHAZO DE FECHA 10/02/2021 A FAVOR de Patricia Villena se deje sin efecto, es decir se proceda a la nulidad de cualquier acto de investigación realizada a partir de fecha 10 de febrero de 2021” (sic); de lo que este Tribunal advierte que la reclamación y la pretensión de la parte accionante, no condicen con la naturaleza y alcance de resguardo de la acción de libertad que conforme se tiene precisado confluye en la tutela de la vida, libertad personal y de locomoción, al debido proceso vinculado a dicho derecho y constatado el absoluto estado de indefensión o una evidente persecución ilegal o indebida, derechos y presupuestos que no están involucrados en la problemática expuesta por la prenombrada, estando la misma orientada a la pretensión de tutela de los derechos al debido proceso y a la defensa dentro de una causa penal que se encuentra en etapa investigativa preliminar, radicando el cuestionamiento a la determinación fiscal de reapertura la investigación luego de una primigenia decisión de rechazo de denuncia y a la labor de la autoridad jurisdiccional accionada a quien le impele el control jurisdiccional, de donde se tiene que, el reclamo constitucional de la parte impetrante de tutela converge en una cuestión procesal que es totalmente ajeno al ámbito de protección de esta acción de defensa, y los bienes jurídicos que salvaguarda y por los cuales se instituyó constitucionalmente.

En ese sentido, la problemática planteada no está inmersa dentro los presupuestos de activación, naturaleza y alcance de protección que otorga esta acción tutelar, porque los bienes jurídicos que resguarda la misma, como se tiene referido, son la vida, integridad física, la libertad física -personal- y de locomoción, y/o el debido proceso -directamente vinculado con la libertad y cuando se evidencia el absoluto estado de indefensión-, en el marco de lo previsto por los arts. 46 y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), concordante con el art. 125 de la CPE y el lineamiento jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.1 precedente, que además define la connotación jurídico procesal-constitucional de la acción de libertad y sus presupuestos de activación, en función a su naturaleza jurídica como medio extraordinario de defensa, a saber: “a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida”, sin que de lo esgrimido por la parte peticionante de tutela, se advierta que su reclamo converja o esté vinculado a uno de esos presupuestos configuradores de la procedencia de la acción de libertad, entonces el procesamiento indebido denunciado por la reapertura de la investigación atribuida al Fiscal de Materia coaccionado y la alegada omisión de ejercicio de control jurisdiccional por parte del Juez accionado, no constituyen aspectos de presunta lesividad que puedan ser objeto de análisis a través de la presente acción de defensa, por no ser este proceso constitucional tutelar el idóneo para resolver aquello, teniendo en todo caso la prenombrada a su alcance la acción de amparo constitucional, que es un mecanismo -de acuerdo a su configuración procesal constitucional y alcance de tutela por los derechos que protege-, eficaz para agotadas la vías intra procesales y de persistir la aducida lesión de derechos dilucidar en la justicia constitucional, problemáticas no relacionadas a los derechos resguardados por la acción de libertad, y que están fuera de los presupuestos de su activación.

Por lo expuesto, al no enmarcarse el procesamiento indebido denunciado por la parte accionante y su pretensión al ámbito de protección de la acción de libertad, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al fondo del problema jurídico constitucional formulado.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque en parte con otros fundamentos, obró de forma correcta.