SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1086/2023-S1
Fecha: 13-Sep-2023
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
La parte accionante considera que el Presidente Asociación de Jubilados y Rentistas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y el Presidente y los Miembros del Comité Electoral de la misma entidad -ahora demandados-, vulneraron su derecho a la petición, toda vez que el impetrante de tutela presentó su impugnación en contra del proceso electoral llevado a cabo el 9 de julio de 2022, procediéndose a posesionar a una ilegal Directiva, sin que a la fecha de presentación de esta acción tutelar se le haya dado respuesta a la impugnación presentada de su parte, manteniendo silencio tanto el Presidente de la Asociación de Jubilados y Rentistas de la UAGRM como el Presidente del Comité Electoral; por lo que solicita se conceda la tutela impetrada, ordenando a los demandados respondan a los oficios presentados, a fin de que se convoque a un nuevo proceso electoral.
En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los hechos expuestos por el accionante son o no evidentes a efectos de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) Sobre el derecho de petición; y, 2) Análisis del caso concreto.
III.1. Sobre el derecho de petición
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0367/2019-S2 de 5 de junio, entre otras, asumió el siguiente entendimiento:
El art. 24 de la CPE, establece que: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), consagra el derecho de petición en su art. XXIV, señalando: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”.
Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del tiempo, fueron generando entendimientos respecto al derecho de petición a efectos de su tutela, abordando temáticas que constituyen precedentes constitucionales; sobre la base de los cuales, debe realizarse el análisis de cada caso concreto, al tiempo de verificar la lesión o no, del derecho de petición.
En ese sentido, se abordarán las siguientes temáticas relativas al derecho de petición: a) Contenido esencial; b) Requisitos de procedencia; c) Legitimación activa; d) Legitimación pasiva; y, e) Plazo para emitir respuesta.
III.1.1. Contenido esencial
La SC 218/01-R de 20 de marzo de 2001[1] establece que el núcleo esencial del derecho de petición, constituye el derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna en la que se resuelva la petición en sí misma; en ese sentido, la jurisprudencia constitucional, fue desarrollando características que debe contener la respuesta: 1) Pronta y oportuna[2]; dentro los plazos establecidos por ley o dentro de un plazo razonable como lo determina la jurisprudencia constitucional; 2) Formal[3]; que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley; 3) Material[4], porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; de donde se entiende que la autoridad a quien se presenta la petición, debe atenderla, tramitándola y resolviendo de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, 4) Argumentada[5]; vale decir, motivada y fundamentada, que cubra las pretensiones del solicitante, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos.
III.1.2. Requisitos de procedencia
La SC 0310/2004-R de 10 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.2, estableció cuatro requisitos para que sea viable la tutela del derecho de petición:
…a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: i) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; ii) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; iii) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable; y, iv) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión.
Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: “…a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que:
…dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad.
Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: a) La existencia de una petición oral o escrita; y, b) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: 1) Ausencia de respuesta formal; 2) Falta de respuesta material; 3) Inexistencia de argumentación-motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, 4) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito.
Debe tomarse en cuenta, que en ausencia de cualquiera de los componentes que forman parte de una respuesta, se estaría lesionando no solo el derecho de petición, sino también, los principios y valores constitucionales -de celeridad, servicio a la sociedad y respeto a los derechos, en aplicación del art. 178.I de la CPE-; y, de la administración pública -de sometimiento a la ley, debido proceso, eficacia, economía, simplicidad, celeridad y responsabilidad; previstos en los arts. 232 de la CPE y 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA)-, que rigen el actuar de los servidores públicos.
III.1.3. Legitimación activa
Del análisis del art. 24 de la CPE, se tiene que la legitimación activa para solicitar la tutela del derecho de petición, la tiene toda persona individual o colectiva que realizó la petición de forma oral o escrita; con el único requisito, de identificar al peticionario; en igual sentido lo estableció la SCP 0470/2014 de 25 de febrero[6].
III.1.4. Legitimación pasiva
En cuanto a la legitimación pasiva, la jurisprudencia realizó el siguiente desarrollo:
La referida SC 218/01-R, entendió que la legitimación pasiva en los supuestos de lesión del derecho de petición no tiene excepción alguna, alcanzando a cualquier autoridad o servidor público. Así, la SC 0275/2003-R de 11 de marzo, subrayó que el derecho de petición consiste en la facultad que tiene toda persona de dirigirse a las autoridades públicas con el fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa que le incumbe a aquella, caracterizado como un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades de la administración pública y hacer valer sus derechos; asimismo, alcanza a las autoridades judiciales, tal cual las SSCC 0560/2010-R de 12 de julio y 1136/2010-R de 27 de agosto, tutelaron este derecho respecto a las mismas.
Sobre el particular, es necesario mencionar que cuando los destinatarios son las autoridades públicas, en principio, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0310/2004-R, sostuvo que la petición debió ser formulada necesariamente ante una autoridad pertinente o competente, a efectos de su tutela; sin embargo, la SC 1995/2010-R[7] precisó que las autoridades públicas a quienes se dirige la petición, tienen legitimación pasiva incluso cuando carecen de competencia o pertinencia para resolver lo peticionado, debido a que de igual forma tienen la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; sin embargo, la SCP 2051/2013 de 18 de noviembre[8], determinó que no es posible conceder la tutela cuando la autoridad no tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto, sea positiva o negativamente, porque la petición fue realizada ante autoridad incompetente; empero, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0470/2014 y 0083/2015-S3 de 10 de febrero, ratificaron el razonamiento de la citada SC 1995/2010-R, constituyéndose en el precedente en vigor.
Respecto a personas particulares, las SSCC 0820/2006-R de 22 de agosto y 1500/2010-R de 11 de octubre, reconocieron su legitimación pasiva, cuando presten servicios públicos o ejerzan funciones de autoridad; este razonamiento fue modulado por la SCP 0085/2012 de 16 de abril, señalando que el derecho de petición, en el marco de la doctrina de la eficacia horizontal de derechos, es oponible no solamente en relación a los poderes públicos, sino también en cuanto a los particulares; en este contexto, la SCP 1419/2012 de 24 de septiembre, refrendó este entendimiento indicando: “…el derecho a la petición cuenta con eficacia directa y es oponible frente a particulares por lo que su ejercicio no requiere esté refrendada por autoridad pública alguna…”.
En resumen, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de tutela, reclamándose la lesión del derecho de petición: i) Las autoridades o servidores públicos, aun no fuesen competentes o pertinentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quien se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, ii) Las personas particulares.
III.1.5. Plazo para emitir respuesta
La jurisprudencia constitucional desarrolló los siguientes casos: a) En el término establecido por ley[9]; y, b) Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable[10].
III.2. Análisis del caso concreto
La parte accionante considera que el Presidente Asociación de Jubilados y Rentistas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y el Presidente y los Miembros del Comité Electoral de la misma entidad -ahora demandados-, vulneraron su derecho a la petición, toda vez que el impetrante de tutela presentó su impugnación en contra del proceso electoral llevado a cabo el 9 de julio de 2022, procediéndose a posesionar a una ilegal Directiva, sin que a la fecha de presentación de esta acción tutelar se le haya dado respuesta a la impugnación presentada de su parte, manteniendo silencio tanto el Presidente de la Asociación de Jubilados y Rentistas de la UAGRM como el Presidente del Comité Electoral; por lo que solicita se conceda la tutela impetrada, ordenando a los demandados respondan a los oficios presentados, a fin de que se convoque a un nuevo proceso electoral.
Ahora bien, de la revisión de antecedentes que cursan en el expediente, se evidencia que por nota de 6 de junio de 2022, el ahora peticionante de tutela y miembros del Directorio de la Asociación de Jubilados y Rentistas de la UAGRM, solicitaron al Presidente de la referida Asociación, la suspensión de la convocatoria a Asamblea General a efectuarse el 9 de igual mes y año, alegando que como Presidente no tiene facultades para convocar a Asamblea General, conforme establece el art. 14 del Estatuto de la Asociación; por cuyo motivo, el Directorio lo convoca a una reunión a llevarse a cabo el 7 de junio de 2022 a horas 16:00 en la Asociación de Jubilados Rentistas, para fijar la fecha de la realización de la Asamblea General y aprobar un temario específico, como señala el Estatuto de la Asociación; nota que fue reiterada el 8 de junio del mismo año.
Por otra parte, a través de la nota de 5 de julio de 2022, el ahora impetrante de tutela, presentó impugnación a las elecciones a realizarse el 9 de igual mes y año, así como a los candidatos y votantes por incumplir la Ley, el Estatuto Orgánico de la Asociación de Jubilados y Rentistas de la UAGRM y el Reglamento Electoral.
En ese contexto, resulta evidente que las solicitudes de 6 y 8 de junio de 2022, dirigidas al Presidente de la Asociación de Jubilados y Rentistas de la UAGRM, no han sido respondidas; de igual modo, no consta respuesta alguna respecto a la nota de impugnación presentada ante el Presidente del Comité Electoral el 5 de julio del mismo año; por lo que en este caso, se observa la existencia de peticiones escritas que no han merecido respuesta; y por otro lado, el incumplimiento por parte de los demandados de dar respuesta a las solicitudes presentadas.
En tal sentido, los ahora demandados, no han cumplido con los presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional descrita en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, siendo evidente la ausencia de respuesta a las solicitudes formuladas por el ahora impetrante de tutela; por lo que se concluye que se ha vulnerado el derecho a la petición, puesto que la autoridad o particular a quien se dirige una petición, tiene el deber de responder en el menor tiempo posible y de manera clara, precisa y fundamentada a la solicitud presentada o darle el trámite que corresponde, debiendo poner en conocimiento del peticionario el resultado positivo o negativo de su solicitud, elementos que hacen la real configuración del derecho de petición, el cual ha sido lesionado por los demandados.
En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada efectuó una adecuada compulsa de los datos del proceso.
CORRESPONDE A LA SCP 1086/2023-S1 (viene de la pág. 11).