SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0658/2024-S2

El accionante denuncia que los servidores públicos del órgano ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de San Carlos del departamento de Santa Cruz demandados, incumplen su deber de contratar consultores de línea -asesores legal y financiero contable- para el Concejo de ese ente edil, actuando “…FUERA DE LA PERMISION LEGAL (…) y omisión De norma no dando cumplimiento a la misma…” (sic) y al margen del art. 283 de la CPE y del Reglamento del Concejo del citado Gobierno Autónomo Municipal, en relación a los arts. 4.II y III, 5 y 16.6 de la LGAM, al ser rechazada mediante Notas G.A.M.S.C./MAE/ 036/2024 de 16 de enero y G.A.M.S.C./MAE 053/2024 de 23 de enero, atentando contra el debido proceso en sus componentes legalidad y errónea aplicación de la norma.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1.  Naturaleza jurídica y objeto de la acción de cumplimiento

El art. 134.I de la CPE establece que: “...La Acción de Cumplimiento procederá en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de los servidores públicos, con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida”. Asimismo, el art. 64 del Código Procesal Constitucional (CPCo), dispone que: “…La Acción de Cumplimiento tiene por objeto garantizar la ejecución de la norma constitucional o legal, cuando es omitida por parte de Servidoras o Servidores Públicos u Órganos del Estado”.

Por su parte, la SCP 0449/2021-S2 de 25 de agosto, entendió que: “...toda persona natural o jurídica que considere que un servidor o autoridad pública que omitió el cumplimiento de una disposición constitucional o legal, tiene la aptitud jurídica para activar este mecanismo constitucional.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0258/2011-R de 16 de marzo, sostuvo que: ‘…esta garantía constitucional jurisdiccional está prevista en nuestra Constitución como una acción de defensa, entendiéndola como la potestad que tiene toda persona -individual o colectiva- de activar la justicia constitucional en defensa de la Constitución Política del Estado y de las normas jurídicas, ante el incumplimiento de deberes concretos contenidos en ellas. Es una acción sumaria, ágil y expedita a favor del ciudadano, cuyo conocimiento compete a la jurisdicción constitucional, que tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales, otorgando seguridad jurídica y materializando el principio de legalidad y supremacía constitucional; de ahí que también se configure como componente esencial del subsistema garantista, ampliamente mejorado debiendo invocarse ante el incumplimiento de deberes específicos previstos en la Constitución y en la Ley’.

Ahora bien, respecto al objeto de esta acción tutelar, el mismo fallo señaló que se busca: ‘…garantizar la materialización de la Constitución y la ley, protegiendo de esa manera el principio de legalidad y supremacía constitucional, la seguridad jurídica, y a su vez, de manera indirecta, derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Cuando la Ley Fundamental establece como objeto de esta acción el cumplimiento de la Constitución y la ley, hace referencia a un deber específico previsto en dichas normas, pues como señala el art. 134 parágrafo tercero de la Constitución, el juez que conozca la acción, de encontrar cierta y efectiva la demanda, debe ordenar el cumplimiento del deber omitido.