SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0886/2024-S3

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la dignidad y a una vivienda adecuada; puesto que, cuando se encontraba en un centro de salud para el suministro de su medicación y la de su hija menor de edad; el 16 de febrero de 2024, a las 21:45 horas, los ahora accionados aprovechando su ausencia munidos con armas contundentes, palos y machetes, rompieron candados e ingresaron por la fuerza de manera violenta al interior de su domicilio, en el que reside junto a su esposo desde el 2018, ocupando dos habitaciones y un baño en la planta baja, inicialmente como inquilina y luego como tolerada y administradora, donde tiene constituido su hogar y vivienda; además, de su lugar de trabajo, residencia y domicilio tributario; despojándolos totalmente de su vivienda e inmueble y lugar de trabajo, apropiándose de sus efectos personales y enseres, saqueando y robando sus herramientas y materiales de trabajo, restringiendo su ingreso; por lo que con la propietaria Rossemary Aranibar Cuellar y la otra “cuidante” -Yenny Gabriela Saavedra Franco- interpuso una denuncia ante el Ministerio Público.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.  Las vías de hecho. Finalidad de la tutela constitucional, definición y presupuestos de activación

La SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, señala que: “En principio y en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, debe definirse a las llamadas ‘vías de hecho’, a cuyo efecto, es imperante señalar que la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a estas vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho.

Ahora bien, en el marco de la definición de las vías de hecho desarrollada precedentemente, corresponde en este estado de cosas, delimitar los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional frente a vías de hecho, razón por la cual, es pertinente señalar que al ser las vías de hecho actos ilegales graves que necesitan una tutela pronta y oportuna, con la finalidad de brindar una tutela constitucional efectiva, es necesario precisar tres aspectos esenciales para la activación del control tutelar de constitucionalidad: 1) La flexibilización del principio de subsidiaridad; 2) La carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela; y, 3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la flexibilización del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandadas; supuestos que serán desarrollados de manera específica infra.

(…)

La carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela