SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0245/2024-S1

El accionante alega la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que: i) El funcionario policial ahora codemandado, de manera arbitraria, durante un operativo de trata y tráfico lo arrestó y trasladó a la FELCC, donde fue agredido y permaneció privado de su libertad por más de ocho horas, impidiéndole incluso comunicarse con sus familiares y abogado defensor, en razón de que ilegalmente y sin requerimiento alguno le confiscaran su celular; y, ii) En cuanto a la Fiscal de Materia demandada: ii.a) Presentó la imputación formal fuera del plazo legal de las               24 horas, sin que se lleve a cabo su audiencia cautelar; y, ii.b) De mala fe y con la finalidad de provocar indefensión a su persona para mantenerlo privado de libertad, no registró a su abogado defensor en el Portafolio Digital.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana; y, 2) Análisis del caso concreto.

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las SCP 0094/2020-S1 de 20 de julio, 0677/2021-S1 de 18 de noviembre, 1047/2022-S1 de 21 de septiembre, 0585/2023-S1 de 7 de junio, entre otros; mismos que describen lo siguiente:

El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero^[1], sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad.

En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo^[2] señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional.

Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril^[3] puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de    3 de mayo^[4] sistematizó tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales                               -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones.

Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo^[5] sostuvo que si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal, por causa de haberse restringido la misma, al margen de los casos y formas establecidos por ley y no esté vinculado a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa.

Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente: