SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0574/2024-S2
Fecha: 10-Sep-2024
II. CONCLUSIONES
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Por memorial presentado el 28 de marzo de 2022, ante el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba -hoy accionado-, la parte demandante del proceso social, devolviendo el mandamiento de apremio de 28 de octubre de 2021, representado por José Morante Nogales, Oficial de la Policía Boliviana, de 12 de enero, 22 de febrero y 15 de marzo, todos de 2022, solicitó se extienda otro mandamiento de apremio con facultades extraordinarias de allanamiento y habilitación de días y horas extraordinarias, ello a mérito que: “…el demandado no fue habido para su apremio por su ocultamiento malicioso, pese a que se constituyo en su domicilio y lugar de trabajo, que nos representó gastos adicionales y presumiendo que el demandado pretende cambiar de residencia...” (sic [fs. 30 a 31]).
II.2. Por Auto de 4 de abril de 2022, la autoridad judicial accionada, considerando la representación realizada, ordenó se expida el correspondiente mandamiento de apremio contra el accionante en su calidad de representante de la empresa Bosques Tropicales Bolivia S.A., hasta tanto cancele la suma de Bs94 608,65.- (noventa y cuatro mil seiscientos ocho 65/100 bolivianos), que adeuda a favor de Lilian Judith Sangueza Guzmán de Molina y la suma de Bs39 151,72.- (treinta y nueve mil ciento cincuenta y uno 72/100 bolivianos), que adeuda a favor de Karla Villalta Alanez -demandantes del proceso social-, por concepto de beneficios sociales, “…CON HABILITACION DE DIAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, CON FACULTAD DE ALLANAMIENTO…” (sic), y sea conducido al Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba (fs. 32).
II.3. Consta mandamiento de apremio de 20 de abril de 2022, expedido por el Juez ahora accionado, en cumplimiento al Auto de 4 de abril de año, mediante el cual ordenó se proceda al apremio con habilitación de días y horas extraordinarias y facultad de allanamiento del hoy accionante, a objeto de que sea conducido al Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba, hasta que pague la suma de Bs133 760,37.- por concepto de pago de beneficios sociales (fs. 35); el cual fue ejecutado, el 1 de agosto de dicho año, a horas 11:50, conforme se advierte del descargo de ingreso suscrito por Marcelo Licona Quintanilla, Director del mencionado Centro Penitenciario, adjunto al memorial presentado en igual data por la parte demandante al juez de la causa, que mereció el proveído de 2 del citado mes y año; por el cual, la mencionada autoridad judicial señaló: “Téngase presente lo expresado por esta parte y sea con noticia de parte contraria a los fines consiguientes al proceso” (fs. 37 a 39).
- Encabezado
- I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
- II. CONCLUSIONES
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Por tanto, la caducidad del allanamiento previsto en el art. 182 del CPP, no es aplicable a la ejecución del mandamiento de apremio en materia laboral, por no ser compatible con los principios constitucionales de protección de los trabajadores, igual