SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0009/2025-S2

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de septiembre de 2024, cursante a fs. 1; y, 24 a 29, el accionante a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, se pronunció la Sentencia 21/”2023” – NA  de 23 de octubre -siendo lo correcto 15 de febrero de 2024-, condenándolo a cinco años de presidio; sin embargo, se puede evidenciar que hubo un error de los funcionarios del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, en consignar la fecha de dicha Sentencia.

Lamentablemente ese error le ocasiona perjuicio, en razón a que está detenido desde el 29 de mayo de 2020, habiendo transcurrido “hasta la fecha” cuatro años y cuatro meses aproximadamente, dejándolo en indefensión al tratar de oponer la modificación de medidas en atención al cumplimiento de más de la mitad de la condena impuesta en la indicada Sentencia; puesto que, mediante memorial de 13 de mayo de 2024, con la suma “…I. IMPETRA CERTIFICADO DE PERMANENCIA Y CONDUCTA II. EN ATENCIÓN A LA SENTENCIA N° 21/2023-NA., SOLICITO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN INDIVIDUAL DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS…” (sic), acudió al Centro de Reintegración Social Varones de La Paz, sin embargo, la Secretaria de ese Centro se negó a recibirlo, señalando que solo recepcionan comunicaciones y notificaciones del “Juzgado”, observando además la fecha de la Sentencia y que debería retornar el 23 de octubre de 2024; en consecuencia, no puede elaborarse su Plan Individual de Ejecución de Medidas (PIEM) para solicitar la citada modificación de medidas.

Ante este hecho se comunicó al número de WhatsApp  de Veymar Gonzalo Tarqui Poma, Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, para hacerle conocer esa situación, a fin de coordinar la subsanación de la misma, de las cuales se tiene capturas impresas de conversaciones desde el 1 de julio hasta el 12 de septiembre de 2024, de las cuales se advierte que el nombrado Secretario se compromete en reiteradas ocasiones a subsanar la fecha de la citada Sentencia y notificar a todas la partes, sin necesidad de que su abogada presente memorial alguno, en atención de que el error fue cometido por funcionarios de dicho Juzgado, transcurriendo así “…más de 6 meses con sus buenas intenciones…” (sic), no habiendo “a la fecha” pronunciamiento del indicado Juzgado, causando una retardación de justicia de más de seis meses para la modificación de la fecha de la Sentencia 21/“2023” – NA e indefensión al no poder elaborar el PIEM, puesto que para su emisión el Centro de Reintegración Social Varones de La Paz, debe ser notificado con la indicada Sentencia debidamente corregida en su fecha, situación que no se cumple, inobservando que se trata de un adolescente con responsabilidad penal sometido a un procedimiento en el que los plazos son más cortos ya que es parte de un grupo vulnerable y merece protección prioritaria y especial.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso relacionado a los principios de celeridad, especialidad, pro homine, igualdad y no discriminación, citando al efecto los arts. 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo: a) “…LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS CONTRA LOS FUNCIONARIOS…” (sic); y, b) asimismo en audiencia solicitó “…se progam[e] audiencia de modificación de medidas a fin de que el centro de reintegración social proceda con los informes biopsicosociales (…) para que (…) pueda acceder a una modificación de medida” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 13 de septiembre de 2024, según consta en acta cursante de fs. 45 a 46 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogada, ratificó in extenso el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliando en audiencia manifestó que: 1) En audiencia de juicio oral programada para el 8 de febrero del 2024, en el Centro de Reintegración Social Varones de La Paz, se dictó sentencia -que fue ejecutoriada en dicha fecha- en función a una solicitud de terminación anticipada del proceso; sin embargo, en esa ocasión se consignó Sentencia “…21/2023 de fecha 23 de octubre de 2024…” (sic), fecha que es totalmente errada; por lo que, presentaron solicitudes mediante los medios telemáticos a “Secretaría del Despacho” para su subsanación, ya que ese error le dificulta solicitar la modificación de sus medidas, como una posible libertad condicional; 2) Sufre un desmedro a consecuencia de la negligencia de los funcionarios del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz; toda vez que, no se tomó en cuenta el art. 347.IV del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA); 3) A la fecha el referido Centro no ha sido notificado con la citada Sentencia, prueba de ello es que aún lo consignan como detenido preventivo, ignorando que la Sentencia ya fue ejecutoriada; 4) “…Solicito que se me otorguen la tutela y que se emita a la autoridad de oficio una fecha y se progam[e] audiencia de modificación de medidas a fin de que el centro de reintegración social proceda con los informes biopsicosociales (…) para que (…) pueda acceder a una modificación de medida…” (sic); y, 5) Se remita antecedentes al tribunal disciplinario o al Ministerio Público por incumplimiento de funciones.

El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, realizó las siguientes preguntas: i) ¿Presentó memorial al “juzgado” solicitando la corrección de los datos observados?; ii) ¿El juez que cometió el error es el “juez Cariaga” o es el juez actual?; y, iii) Los informes de la parte accionada señalan que ya se habría subsanado con anterioridad a la presentación de esta acción de libertad, inclusive que se les notificó con la resolución subsanada. Al respecto, respondió que: a) “…nos hemos comunicado con el secretario de plataforma consta que hemos solicitado auto de corrección y el mismo secretario nos dijo que no era necesario que íbamos a tratar de solucionarlo porque sólo es una letra (…) nos ha dicho que no mandemos memorial porque era un error de taipeo” (sic); y en ese entonces estaban cambiando los jueces; b) el “doctor Cariaga”; y, c) No se le ha notificado con ningún actuado ni a su abogada y desconoce si lo hicieron al Centro de Reintegración Social para Adolescentes Varones de La Paz.

I.2.2. Informe de la parte damandada

Clemente Márquez Laura, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, a través de informe escrito, cursante de fs. 41 a 42, señaló que: 1) Si la abogada del accionante evidenció error en el “taipeo” u otro, debería haber hecho conocer ello mediante procedimiento, ya que tenía los medios eficaces para subsanar ese error; por lo que no se “…ha agotado la subsidiariedad…” (sic); 2) La Sentencia 21/“2023” – NA, fue emitida por Miguel Ángel Careaga Pacajes -exjuez de ese Juzgado-; por lo que, su persona asumió el citado cargo desde mayo del indicado año, por ello, desconocía los aspectos demandados; 3) Por informe de Secretaría, la referida Sentencia ya habría sido subsanada con anterioridad a la presentación de esta acción de defensa -12 de septiembre de 2024- por lo que, no se podría considerar la tipología de la presente acción de libertad, siendo que no se adecua a los hechos planteados; y, 4) No habiéndose señalado cuál elemento constitutivo de la acción de libertad fue vulnerado, si su vida está en peligro; está indebidamente detenido, procesado; o, privado de su libertad; por lo que solicita se deniegue la tutela impetrada.

Veymar Gonzalo Tarqui Poma, Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, mediante escrito, cursante de fs. 43 a 44, indicó que: i) Evidentemente existió un error de “taipeo” involuntario, lo cual se subsanó y se puso en conocimiento del Centro de Reintegración Social Varones de La Paz, vía telemática solicitando que se pueda realizar las diligencias necesarias que favorezcan al accionante, así como también de la procuradora de la abogada del impetrante de tutela para que pueda pedir lo que corresponda en derecho; ii) El 12 del citado mes y año, se envió vía WhatsApp la referida Sentencia corregida en cuanto a su fecha, al señalado Centro Reintegración Social Varones de La Paz, solicitando que se pueda realizar las respectivas diligencias en favor del impetrante de tutela, estando frente a un hecho superado; es decir, se interpone una acción de libertad de pronto despacho, sabiendo que se corrigió el error un día antes de la formulación de esta acción de defensa; y, iii) No se identificó de manera adecuada, en cuál de los supuestos se habría ingresado para alegar la vulneración, si su vida estaba en peligro, está indebidamente detenido procesado o privado de su libertad, por lo argumentos vertidos pide que la tutela sea denegada.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 153/2024 de 13 de septiembre, cursante de fs. 47 a 49, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) El Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del indicado departamento, “…habría emitido la sentencia de terminación anticipada de fecha 23 de octubre del 2023 en pero que habría existido un error en el tapeo de dicha sentencia y s[e] habría consignado de forma errónea, 23 de octubre de 2024…” (sic), de los informes de los accionados se tiene que ya fue subsanada, presentado como prueba una captura de un mensaje de celular, el cual señala “‘licenciado buenas tardes, te envío la resolución de nivel Ramiro Quispe poroso el mismo ya fue arreglado ya está ejecutoriado…’” (sic), advirtiéndose de este elemento que ya se dio cumplimiento al objeto reclamado; b) El art. 168 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que el juez o tribunal, advertido del defecto, de oficio o a petición de parte deberá subsanarlo inmediatamente; sin embargo, en el presente caso lamentablemente el accionante no acudió con carácter previo a las vías legales establecidas por norma, esto en aplicación al principio de legalidad; ya que, el nombrado se habría comunicado vía WhatsApp con el coaccionado, de las que se presentaron capturas de las conversaciones en las que se observa que dicho funcionario se compromete a subsanar el referido error; sin embargo, al tratarse de una sentencia, el secretario no tiene facultades ni competencia legal para realizar una corrección de procedimiento; por lo que, la parte impetrante de tutela debió acudir en principio a la vía ordinaria a efectos de reclamar dicho extremo, para recién ingresar a la justicia constitucional, lo cual ha sido modulado por diferentes sentencias constitucionales, las cuales hacen referencia al principio de subsidiariedad excepcional, por ello se tiene que agotar los mecanismos ordinarios; toda vez que, una sentencia solamente puede ser corregida por la autoridad jurisdiccional; y, c) Se debe tomar en cuenta que la Sentencia 21/”2023” – NA, fue emitida y firmada por Miguel Ángel Careaga Pacajes, entonces Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, y la autoridad a quien se acciona es Clemente Márquez Laura, actual Juez de ese Juzgado, incumpliendo de esa forma el principio de legitimación pasiva; por lo tanto, se advierte que no se han cumplido las vías legales para poder reclamar esta circunstancia antes de acudir a la vía constitucional.

En la vía de complementación y enmienda la parte peticionante de tutela solicitó se aclare: 1) “…su autoridad ha observado al momento de poder denegar la tutela al principio de subsidiariedad, en situación de adolescentes con responsabilidad penal, no existe subsidiari[e]dad y a momento de emitir la resolución, no ha utilizado el control de convencionalidad en función de qué manera se estaría beneficiando al adolescente, que la presente acción de libertad tiene también carácter innovativo, existen más de 7 meses de retardación de justicia sin que su autoridad haya anunciado algún criterio sobre ello…” (sic); y, 2) Si bien se subsanó este error, no se tomó en cuenta que “la prueba” que fue notificada es errónea, toda vez que, existen borrones.

En sustanciación y resolución el Tribunal de garantías señalo que: i) “…si bien se señala que el principio de subsidiariedad excepcional no operaria en contra de los adolescentes y se señala que existe abundante jurisprudencia, pero dicha jurisprudencia, no ha sido señalada en su numeración para que el tribunal pueda advertir aquello…” (sic). En relación a que se trataría de una acción de libertad innovativa, ese aspecto debe ser anunciado desde la presentación de la acción tutelar, ya que la parte demandada fue notificada y presentó su informe referido a una acción de libertad de pronto despacho; por lo que, no sería correcto incluir el aspecto innovativo; y, ii) La parte accionante en “esos 6 o 7” meses, acude directamente a una acción constitucional, por principio de legalidad debió acudir ante el Juez que se encuentra “ahora” en funciones, bajo los mecanismos legales ordinarios, el hecho de que se le pida directamente al secretario de favor corregir una sentencia ya consignaría hasta un delito de falsedad, en ese entendido no se cumplió el principio de legalidad que establece la norma, causándose el mismo impetrante de tutela indefensión que ahora reclama. Por lo tanto, se mantiene la determinación emitida.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, cursante de fs. 54 a 59, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes, con el fin de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha disposición, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, sin guardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.