SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0018/2025-S3

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; toda vez que, habiendo interpuesto recurso de apelación contra la resolución que le impuso detención domiciliaria -entre otras medidas- una vez remitido el cuaderno  de apelación; el Secretario de la Sala Penal Tercera de la Capital -hoy demandado- mediante providencia de 6 de julio de 2022, observó que no estaba adjunto el mandamiento de detención domiciliaria, aspecto de forma que debió ser subsanado, disponiendo la devolución del expediente al Tribunal de origen, impidiendo que se programe oportunamente su audiencia.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.  El principio de celeridad en la administración de justicia

Al respecto, la SCP 0645/2024-S4 de 24 de septiembre, sostuvo que: «… la SCP 0071/2012 de 12 de abril, ha señalado que: “El art. 178.I de CPE, establece que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico…’.

En concordancia con la mencionada norma constitucional, el art. 115.II de la citada Ley Fundamental que determina: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’, de lo que se establece que la administración de justicia debe ser rápida y eficaz tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, ya que las personas que intervienen en el proceso esperan una definición oportuna de su situación jurídica, máxime si está comprometido un derecho fundamental de primer orden como es el de la libertad.

La jurisprudencia constitucional al referirse al principio de celeridad y con relación a los administradores de justicia, estableció que este principio: '…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido estrictamente'. Así, las SSCC 0758/2000-R-, 1070/2001-R y 0105/2003-R entre otras (las negrillas son nuestras).

En el orden normativo, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad 'comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia'” ».

III.2.  Acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Al respecto, la SCP 0571/2012-S2 de 20 de julio, estableció que: “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘…el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’” (las negrillas son nuestras).

La SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero de 2016, de igual manera refirió: "...la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad". 

III.3. Legitimación pasiva de los funcionarios subalternos del Órgano judicial

           El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0536/2020-S1 de 21 de septiembre, 0755/2020-S1 de 19 de noviembre y 0101/2021 de 27 de mayo, entre otras, mismas que describen, lo siguiente:

La SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser, condenados, cuando: “… la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional” (las negrillas nos nuestras)

III.4.  Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes plasmados en las conclusiones de este fallo, se puede advertir que, cursa fotocopia simple de la providencia de 6 de julio de 2022, pronunciado por el Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado- por la cual observó que no adjuntó el mandamiento de detención domiciliaria, disponiendo devolver el expediente al Tribunal de origen.

De acuerdo al entendimiento expresado en la jurisprudencia glosada en el fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; si bien el Secretario demandado, sustentó su proveído en los arts. 56 del CPP, modificado por la Ley 1173; y, art. 94.I.15; y II.3 de la LOJ, asimismo la Circular 01/2021 SP-TDJLP, ninguna de estas disposiciones le autoriza a dilatar injustificadamente la programación de la audiencia de recurso de apelación incidental, máxime si el mandamiento extrañado puede ser incluso presentado en la fase de sustentación del recurso de apelación, resultando inadmisible que por pruritos formales se demore la sustanciación y resolución de un recurso procesal vinculado con la libertad del accionante.

En ese contexto, conforme el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, debe tenerse en cuenta que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados a la libertad; es decir, cuando exista dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona, en este caso con la providencia 6 de julio de 2002, el Secretario -demandado-  con las observaciones que realizó, no permitió a los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conocer y resolver oportunamente y previa programación la apelación incidental, motivo por el que vulneró la libertad del accionante.

Asimismo, de acuerdo al entendimiento expresado en la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; el incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales precedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario hasta establecer su responsabilidad si corresponde; de ahí que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor; más aún, si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional.

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.