SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0050/2025-S3

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida y a la integridad física -vinculados con la libertad-, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva; alegando que, dentro del proceso penal instaurado por el Ministerio Público a instancias de Ana Luisa Jhonson Flores y otros, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, encontrándose con detención preventiva, el 23 de agosto de 2022, requirió al Juez demandado disponer su salida judicial a fin que el IDIF la someta a una valoración médica forense; no obstante, el nombrado pidió efectuar ciertas aclaraciones por proveído de 24 de ese mes y año, planteando, por ende, recurso de reposición, que fue rechazado por Auto Interlocutorio de 26 de ese mes y año, dejándola en indefensión, agravando su situación de detenida preventiva. No habiendo obrado, por ende, con la celeridad que merecían sus solicitudes, abriéndose la tutela que otorga la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1.  De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho: Procede respecto a solicitudes vinculadas al derecho a la libertad y/o a la vida y salud; y, su relación con el principio de celeridad

           Dentro de la tipología de la acción de libertad, se identifica la traslativa o de pronto despacho, desarrollada por la jurisprudencia constitucional emitida por el antes denominado Tribunal Constitucional, como el medio procesal idóneo para las partes tendente a lograr la aceleración de los trámites judiciales o administrativos en caso de constatar la existencia de dilaciones indebidas en restricción del principio de celeridad y en consecuencia, del derecho a la libertad cuando se advierta retardación en la solución de la situación jurídica de la persona privada de este derecho; todo ello en consideración de la obligación que constriñe a las autoridades sean éstas judiciales o administrativas, de aplicar y concretizar los valores y principios constitucionales insertos en la Norma Suprema.

           En ese marco, la presente garantía constitucional, se viabiliza a fin de precautelar los derechos que tutela, para así evitar y reparar conductas que incurren en demora en desmedro de las personas cuya libertad está privada; las que a su vez, lesionan el principio de celeridad; cuestiones que deben ser consideradas por toda autoridad que conozca pedidos vinculados a la libertad física y de locomoción, otorgándoles la debida celeridad e impulso para su efectivización; tomando en cuenta que, el art. 178.I de la Ley Fundamental, prevé: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”.

A su vez, el art. 180.I del texto constitucional, establece que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”; determinando el art. 115.II de la CPE, por su parte, la obligación del Estado de garantizar: “…el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas son nuestras).

           De las normas constitucionales glosadas, se establece claramente que, los administradores de justicia y otros en el ámbito de sus funciones, están obligados a evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, en desmedro del derecho a la libertad física y de locomoción, en aquéllos casos en los que estén vinculados al mismo, más aun considerando que por lógica, las personas que intervienen en un proceso, esperan la pronta definición de su situación jurídica -sea en caso de la imposición de medidas cautelares, apelaciones, efectivización de la libertad, peticiones de cesación a la detención preventiva, o cualquier pedido relacionado con la libertad-. En ese sentido, lo dispuesto en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero.

Siendo exigible igualmente, en aplicación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que los administradores de justicia y otros en el ámbito de sus funciones, eviten retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, de pedidos vinculados a los derechos a la vida y a la salud; estando dichos derechos también bajo el alcance de la presente acción de defensa; resultando con mayor obligación, por ende, la resolución pronta y oportuna de solicitudes de los privados de libertad, sobre el particular.

III.2. De la tutela de los derechos a la vida y a la salud, a través de la acción de libertad

           Sobre el particular, la SCP de Avocación 0001/2022 de 31 de marzo, citando a su vez normativa y fallos constitucionales anteriores, refirió que la acción de libertad precautela: «…los derechos fundamentales de la vida y la libertad, o la vinculación directa con los mismos, razonamiento consolidado en la ampulosa jurisprudencia constitucional emita al respecto, entre ellas la SCP 0325/2019-S4 de 5 de junio, en la que retomando el criterio plasmado en la SCP 0054/2012 de 9 de abril, refirió que: “La acción de libertad es una acción tutelar de carácter extraordinario, que fue instituida en la Constitución Política del Estado abrogada en su art. 18, y ahora como acción de libertad en el orden constitucional vigente en el art. 125, manteniendo el mismo carácter y finalidad de protección a la libertad física o personal, o de locomoción y al debido proceso vinculado con la libertad, además de haber ampliado su ámbito de aplicación y protección haciéndola extensible al derecho a la vida, por lo que se constituye en una garantía constitucional por el bien jurídico primario (vida) y fuente de los demás derechos del ser humano…”…

           Por otro lado, la SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre, reiterada por la precitada SCP 0238/2020-S4, con relación a la tutela brindada por la presente acción de defensa respecto al derecho a la salud; estableció que: “Uno de los fines del Estado, es garantizar el bienestar las personas, lo que se traduce en el reconocimiento del derecho no sólo a la vida sino también a la salud…

           En relación a este derecho, si bien el mismo no encuentra protección como un derecho autónomo a través de la acción de libertad, sí lo hace cuando se halla relacionado directamente con el peligro de muerte o riesgo de vida, por cuanto, como se dijo, el derecho a la salud respecto al derecho a la vida, se encuentra intrínsecamente ligado, por cuanto: ‘La salud reviste la naturaleza de derecho fundamental merced a su relación innegable con el derecho a la vida. La vinculación entre el derecho a la vida y el derecho a la salud se aprecia con absoluta claridad…’”…» (las negrillas nos corresponden).

III.3. En relación a la protección de los derechos a la vida y la salud de los privados de libertad

           En cuanto a lo mencionado, la citada SCP de Avocación 0001/2022, haciendo también referencia a fallos constitucionales anteriores, estableció que: “…la (…) SCP 0618/2012, sobre el derecho a la salud y la asistencia médica en los Centros Penitenciarios, señaló que: ‘En primera instancia, conviene resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que el derecho a la salud de los privados de libertad, se mantiene intacto durante la ejecución de la medida...

           En este contexto, partiendo de este razonamiento, en nuestro país, de conformidad al art. 23.I de la CPE, si bien el privado de libertad sufre temporalmente las limitaciones de la ley, no se convierte en un ser sin derechos, el Estado, de acuerdo al       art. 74.I de la Norma Suprema, les garantizan el respeto de todos aquellos derechos inserto en el texto constitucional, considerados como fundamentales por diferentes instrumentos internacionales; resulta oportuno, analizando el derecho a la salud del grupo humano conformado por los privados de libertad, efectuar un análisis previo respecto a la atención médica que se les otorga durante el período de reclusión.

           …es pertinente establecer respecto a los privados de libertad que éstos reciben atención médica gratuita en los centros de salud o consultorios médicos existentes en todos los recintos penitenciarios, dependiente del Ministerio de Salud, en los cuales se les brinda asistencia en medicina general y odontología ejecutando un plan de actividades destinadas a la prevención de enfermedades y a la protección de la salud de la población penal, dando estricto cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado…

           Ahora bien, a objeto de materializar el ejercicio del derecho a la salud dentro de los recintos penitenciarios, el ordenamiento jurídico prevé medios específicos para resguardar este derecho por su directa vinculación con el derecho a la vida de aquellas personas que circunstancialmente se encuentran privadas de libertad, es así que, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, dispone en su Título Tercero, Capítulo Segundo, arts. 90 al 93 y 96, concordantes con el art. 2.2 y 11 del Decreto Supremo (DS) 26715 de 26 de julio de 2002 (Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad), que debe existir en cada centro penitenciario un servicio de asistencia médica que funcione las veinticuatro horas, encargado de otorgar a los internos, atención básica y de urgencia, en medicina general y odontología y en caso de tratarse de enfermedades o dolencias que precisen tratamiento especializado, será el Director del establecimiento el encargado de comunicar estos hechos a las personas indicadas, pudiendo el interno a solicitud expresa ante el Director del establecimiento, acceder a su costo, a atención médica ajena a la del establecimiento, cuya decisión podrá ser apelada ante el juez de ejecución penal.

           Del mismo modo, tratándose de casos de emergencia, el legislador ha dispuesto en el art. 94 del mismo compilado legal que el director del establecimiento penitenciario o quien se encuentre a su cargo, ordenará el traslado del interno a un Centro de Salud adoptando las Medidas de Seguridad necesarias; debiendo informar de inmediato, al Juez competente; es decir que, cuando la salud de una persona privada de libertad se encuentra disminuida, le corresponde en primera instancia al interno dirigirse en consulta al médico del recinto penitenciario a efecto de sea este quien determine a prima facie la gravedad del cuadro y adopte las medidas necesarias para asegurar y precautelar el ejercicio de este derecho y por ende su derecho a la vida, y cuando corresponda, en virtud a una emergencia particular o la necesidad específica de tratamiento especializado, el galeno del penal deberá poner en conocimiento de la situación al Director del recinto quien, tomando las previsiones de seguridad necesarias, autorizará el traslado del enfermo a un centro de salud y pondrá dicha determinación en conocimiento del juez competente; similar razonamiento ha manifestado esta Jurisdicción mediante la SCP 0257/2012 de 29 de mayo’…

           Por otro lado, el art. 109.1 de la LEPS, también confiere la posibilidad al interno de solicitar salidas personales, con la finalidad de resguardar su salud; y por ende, su vida, prescribiendo que este tipo de salidas son viables por: ‘Enfermedad grave o fallecimiento de los padres, cónyuge o conviviente, hijos y hermanos’ (…), petición que deberá ser formulada ante el Juez de Ejecución Penal, quien mediante resolución fundada, emitida dentro de las veinticuatro horas de recibida la solicitud, disponiendo las medidas de seguridad necesarias, concederá al interno dicho permiso; claro está, que las mismas tendrán que ser debidamente justificadas y sujetos a las previsiones correspondientes.

           Concluyendo de este modo, que la Norma Suprema consagra el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad; de donde se infiere que, la privación de libertad por causas legales, no lleva implícita en su naturaleza la supresión de otros derechos fundamentales tales como la vida, la salud y otros; y, que con esta finalidad el legislador conforme a la normativa detallada supra, ha previsto con relación a la protección de los derechos a la salud y la vida de los privados de libertad, que debe existir en cada centro penitenciario servicios de asistencia médica que funcionen las veinticuatro horas y que se encuentran encargados de otorgar a los internos, atención básica y de urgencia, en medicina general y odontología y en caso de tratarse de enfermedades o dolencias que precisen tratamiento especializado, podrá el interno solicitar ante el Director del establecimiento salidas externas debidamente justificadas para la atención de dichos cuadros clínicos; es decir que, cuando la salud de una persona privada de libertad se encuentra disminuida, le corresponde en primera instancia al interno dirigirse en consulta al médico del centro penitenciario a efecto de que sea éste quien determine a prima facie la gravedad del cuadro y adopte las medidas necesarias para asegurar y precautelar el ejercicio de este derecho y por ende su derecho a la vida, y cuando corresponda, en virtud a una emergencia particular o la necesidad específica de tratamiento especializado, el galeno del penal deberá poner en conocimiento de forma inmediata la situación al Director del recinto, quien tomando las previsiones de seguridad necesarias, autorizará el traslado del enfermo a un centro de salud y pondrá dicha determinación en conocimiento del juez competente; así como, que tratándose de casos de emergencia será el Director del centro penitenciario quien ordenará el traslado del interno a un centro de salud adoptando las medidas de seguridad necesarias y pondrá dicha determinación en conocimiento del juez competente” (las negrillas y subrayado nos pertenecen).

III.4.  De la normativa aplicable al caso de examen

              El art. 75 del CPP -modificado por el art. 4 de la Ley 1173 de 03 de mayo de 2019- prevé: “(INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN FORENSE). El Instituto de Investigaciones Forenses - IDIF, es un órgano dependiente administrativa y financieramente de la Fiscalía General del Estado. El Instituto de Investigaciones Técnico Científico de la Universidad Policial - IITCUP, depende de la Policía Boliviana.

           El Ministerio Público requerirá indistintamente la realización de estudios científico - técnicos al Instituto de Investigaciones Forenses - IDIF o al Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial - IITCUP, para la investigación de delitos o la comprobación de otros hechos mediante orden judicial…” (las negrillas y subrayado fueron introducidos).

              Por su parte, el art. 90 de la LEPS, regula: “(Asistencia Médica).- En cada establecimiento penitenciario, funcionará un Servicio de Asistencia Médica, encargado de otorgar a los internos, atención básica y de urgencia, en medicina general y odontológica. Este servicio, funcionará las veinticuatro horas.

           El Servicio de Asistencia Médica, estará a cargo de funcionarios públicos dependientes del Ministerio de Salud y Previsión Social y funcionalmente de la Administración Penitenciaria…” (negrillas añadidas).

           A su vez, el art. 92 de la referida Ley, establece: “(Tratamiento Especializado).- Cuando se constate que el estado de salud del interno requiere de tratamiento especializado o no exista la infraestructura, equipos y personal necesarios, el médico recomendará en el día al Juez de Ejecución Penal, la necesidad de su traslado, sin perjuicio de que lo solicite el interno, su representante o un familiar” (negrillas adicionadas).

           Ahora bien, en cuanto a las salidas personales, el art. 109 de la LEPS, estipula: “(Salidas Personales).- El Juez de Ejecución Penal, mediante resolución fundada, concederá al interno, permisos de salida en los siguientes casos:

           1. Enfermedad grave o fallecimiento de los padres, cónyuge o conviviente, hijos y hermanos;

           2. Nacimiento de hijos del interno;

           3. Realización de gestiones personales que requieran la presencia del interno en el lugar de gestión;

           4. Gestiones para la obtención de trabajo y vivienda ante la proximidad de su puesta en libertad; y,

           5. Cuando haya sido otorgado como recompensa por el Consejo Penitenciario.

           Las Resoluciones, serán emitidas dentro de las veinticuatro horas de recibida la solicitud, disponiéndose las medidas de seguridad necesarias”.

           Finalmente, el art. 110 de la citada Ley, reglamenta: “El Director del establecimiento, garantizará que el interno comparezca puntualmente a todos los actos judiciales a los que sea citado, disponiendo las medidas de seguridad convenientes. A este efecto, el Juez competente notificará, con veinticuatro horas de anticipación, al Director del establecimiento el lugar, fecha y hora de realización del acto” (las negrillas son nuestras).

III.5. Análisis en el caso concreto

           La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la vida y a la integridad física -vinculados con la libertad-, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva; encontrándose identificada la problemática a resolverse en el primer párrafo de los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ceñida en lo esencial a que, en la causa penal seguida en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, cumpliendo detención preventiva, el 23 de agosto de 2022, pidió al Juez demandado disponer su salida judicial a fin que el IDIF la someta a una valoración médica forense; no obstante, el mencionado requirió realizar ciertas aclaraciones por proveído de 24 de ese mes y año, formulando, por ende, recurso de reposición, que fue rechazado por Auto Interlocutorio de 26 de ese mes y año, dejándola en indefensión, agravando su situación de detenida preventiva. No habiendo obrado con la celeridad que merecían sus solicitudes.

           En ese marco, de las Conclusiones expuestas en el presente fallo constitucional, se tiene que, en la causa penal instaurada por el Ministerio Público a instancias de Ana Luisa Jhonson Flores y otros contra la accionante y otros, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; encontrándose cumpliendo la medida de  detención preventiva dispuesta por el Auto Interlocutorio 231/2022 de 11 de agosto, emitido por el Juez demandado (Conclusión II.1), el 19 de ese mes y año, la mencionada requirió oficiar al IDIF, a objeto que el Médico Forense se apersone al recinto penitenciario y se proceda a su valoración médica (Conclusión II.2), dictando la autoridad judicial demandada el proveído de 22 de igual mes y año, declarando no ha lugar a lo solicitado (Conclusión II.3), señalando que, según lo previsto en el art. 75 del CPP, el IDIF realiza estudios técnico científicos requeridos por los fiscales o autoridades judiciales con el objeto de coadyuvar en la investigación de delitos. En ese contexto, la solicitud de la acusada no se ajustaba a la finalidad de dicha institución. Por otra parte, indicó que, conforme a los arts. 90 y 91 de la LEPS, todo recinto penitenciario cuenta con servicio médico para los internos, al cual debía acudir la mencionada.

           En forma posterior, el 23 del referido mes y año, impetró al Juez demandado ordenar su salida judicial a objeto que se constituya al IDIF de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, el 26 de ese mes y año, a horas 8:00, hasta que concluya la respectiva valoración (Conclusión II.4); pronunciando la autoridad judicial demandada el decreto de 24 del mismo mes y año (Conclusión II.5), determinando que previamente la peticionante de tutela aclare si presentó una denuncia que se encuentre en actos investigativos y de ser así, “…conforme lo determina el art. 75 del Código de Procedimiento Penal, acuda al Ministerio Público, a fin de que le extiendan el requerimiento correspondiente” (sic); añadiendo que: “En el eventual caso de no ser así, deberá observar lo dispuesto en el Otrosí 1 del decreto del ‘23’ de agosto de 2022” (sic). Contra dicha decisión, la accionante formuló recurso de reposición (Conclusión II.6).

           Mediante Auto Interlocutorio de 26 de agosto de 2022, el Juez demandado, declaró no ha lugar a la reposición planteada, indicando no haberse cometido ningún error (Conclusión II.7), estableciendo que:     i) Se lamentaba la expresión de la acusada en sentido que era su problema si iniciaba o no una acción penal contra alguna persona, siendo “…atribución netamente [suya] como víctima, y que al no otorgar[le] la salida judicial (…) está impidiendo hacer dicha valoración” (sic); por cuanto, si bien ello “…es parcialmente cierto...” (sic), la acusada y su defensa debían considerar que las evaluaciones por médicos forenses no se efectúan a sola petición de parte, sino en cumplimiento de un requerimiento fiscal, lo cual sucedería si, “…previamente, se tiene presentada una denuncia…” (sic), previendo el art. 75 del CPP, que el Ministerio Público requerirá la realización de estudios científico - técnicos al IDIF, para la investigación de delitos; y, ii) En el marco de lo señalado, no resultaba viable conceder fundadamente el pedido de la accionante, no contándose con un requerimiento para practicar la valoración peticionada; el obrar de forma contraria, conllevaría la inobservancia a las regulaciones de las salidas instituidas en los arts. 109 y 110 de la LEPS, permitiendo un dispendio innecesario de la actividad policial destinada al resguardo del centro penitenciario en el que la señalada, cumplía su detención preventiva.

              Conforme a lo expuesto, se evidencia que, los proveídos de 22 y 24 de agosto de 2022 y el Auto Interlocutorio de 26 de igual mes y año, emitidos por el Juez demandado, se enmarcaron a la normativa inherente al caso                   -desarrollada en el Fundamento Jurídico III.4-. En ese sentido, de la normativa transcrita, -se reitera que- el Juez demandado no lesionó los derechos a la vida y a la integridad física de la accionante; por cuanto, en los proveídos y Auto Interlocutorio antes mencionados, se advierte que en aplicación de la misma, instó a la solicitante precisar el motivo de su petitorio, respecto a qué tipo de salida requería -advirtiendo que no se adecuaba a los arts. 109 y 110 de la LEPS-, aclarándole incluso los alcances de las normas desarrolladas supra, y que lo que correspondía, en caso de tratarse de la investigación de un delito -art. 75 del CPP-, era acudir al Ministerio Público a efectos que dicha instancia requiera al IDIF, la realización de los estudios científico técnicos pertinentes -como en efecto lo hizo, según se detalla en la Conclusión II.8-; o, si requería atención médica -art. 90 de la LEPS-, debía en primera instancia acudir al Médico del mismo penal en el que se encontraba cumpliendo su detención preventiva -Centro Penitenciario C.O.F. Obrajes de La Paz-; lo que de modo alguno conlleva restricción de los derechos invocados en la acción tutelar.

           Destaca en ese marco que, si bien la acción de libertad traslativa o de pronto despacho procede y abre su tutela en relación a solicitudes vinculadas a los derechos a la libertad y/o a la vida y salud, que deben ser tratadas con la debida celeridad (Fundamentos Jurídico III.1 y 2), en el caso de examen, el Juez demandado actúo con la celeridad debida en la respuesta a los pedidos de salida realizados por la impetrante de tutela, sin que la aclaración requerida por dicha autoridad judicial pueda ser considerada como vulneradora de sus derechos. En efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP de Avocación 0001/2022, citada en el Fundamento Jurídico III.3, estableció que, los privados de libertad reciben atención médica gratuita en los centros de salud o consultorios médicos existentes en los recintos penitenciarios, dependientes del Ministerio de Salud, en los que se les brinda asistencia en medicina general y odontología; es decir que, deben dirigirse en primera instancia en consulta al médico del Penal, a efecto que este sea quien determine prima facie la gravedad del cuadro y adopte las medidas necesarias para asegurar y precautelar el ejercicio del derecho a la salud; y, por ende, del derecho a la vida. De otro lado, cuando corresponda, en virtud a una emergencia particular o la necesidad específica de un tratamiento especializado, el médico del recinto penitenciario debe poner en conocimiento la situación al Director del penal, quien tomando las previsiones de seguridad necesarias, debe autorizar el traslado de la o del enfermo a un centro de salud, poniendo aquello en conocimiento del juez competente.

           En ese marco, concierne confirmar la denegatoria de la tutela, no siendo evidente la transgresión de los derechos a la vida y a la integridad física; aclarando que, en cuanto al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, a más que la demandante de tutela no indicó la forma en que estos habrían sido transgredidos, la acción de libertad abre su ámbito de protección en cuanto a los mismos, únicamente cuando existe absoluto estado de indefensión y exista un vínculo directo con la libertad              -SCP 1609/2014 de 19 de agosto-; aspectos que no se cumplen en el caso de examen.  

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela, actuó de forma correcta.