SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0136/2025-S3

La accionante denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso, al trabajo, a la estabilidad laboral, a la seguridad social, a la economía, a la salud y a la vida; aduciendo que, fue arbitrariamente despedida -de manera verbal- de su fuente laboral en el Gobierno Autónomo Municipal de Montero sin que medie motivo ni proceso alguno; empero, el representante legal de dicho ente municipal, le pidió que se mantenga en su puesto de trabajo, con la promesa de formalizar un contrato de trabajo; no obstante, trascurrieron tres meses (febrero, marzo y abril) sin percibir salario alguno.

En consecuencia, corresponde en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.   La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica

            El art. 128 de la CPE establece que: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.

Del señalado precepto constitucional, se infiere que dicho mecanismo de defensa se configura como un mecanismo eficaz, rápido e inmediato para el restablecimiento de derechos y garantías constitucionales dirigido contra aquellos actos u omisiones ilegales o indebidas provenientes no solo de servidores públicos, sino además de personas individuales o colectivas; el cual, se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e inmediatez, el primero entendido como el agotamiento previo o la constatación de la inexistencia de otras vías o recursos legales para la protección inmediata de los derechos denunciados como conculcados; por cuanto, no sustituye o reemplaza a los recursos o instancias ordinarias preestablecidas en el ordenamiento jurídico. Respecto al segundo, su interposición debe hacerse en el plazo de seis meses, computable a partir del conocimiento del hecho o producida la notificación con el acto ilegal u omisión indebida, siempre que no existan otros recursos o medios para impugnarlos o, si los hubiere, desde el momento en que se agotó la última instancia; en ese sentido, la SCP 0002/2012 de 13 de marzo, sostuvo que: “…la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección” (las negrillas son nuestras).

En el orden procedimental, el art. 51 del CPCo, establece, que: “(OBJETO). La Acción de Amparo Constitucional tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.

III.2.   El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional

            El principio de inmediatez se encuentra consagrado por el art. 129.II constitucional, el cual establece un plazo para su interposición; en ese sentido, dicha norma constitucional señala que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial” (énfasis añadido).

Por su parte, el art. 55 del CPCo, establece que:

“I. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho.