SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0483/2025-S2

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 28 de noviembre de 2022, cursante a fs. 1 y 11 a 14 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra, Erwin Rodolfo Ponce Serrano, Juez Público Civil y Comercial y de Familia Segundo de Viacha del departamento de La Paz -ahora demandado- dictó la Resolución 117/2022 de 15 de marzo, la cual fijó la otorgación del 10% de su ingreso mensual por concepto de asistencia familiar en favor de su hijo menor de edad AA. Posteriormente, mediante memorial de 4 de julio del mismo año, solicitó disminución del monto de asistencia familiar, debido a que ya no se encontraba trabajando como Fiscal de Materia III de acuerdo a la Nota OF. CITE: FGE/AMNMC 537/2022 de 24 de junio, que hace referencia a la aceptación de renuncia a dicho cargo y, por ende, el 10% de asistencia familiar tendría que modificarse porque sería de “imposible cumplimiento”.

Por su parte, Carla Nena Mamani Gutiérrez -madre del menor de edad AA-,  mediante memorial de 13 de octubre de 2022, presentó liquidación actualizada, señalando que ‘“…desde el 14 de febrero de 2022 hasta el 13 de octubre de 2022 serian 8 meses a razón al 10% de Bs. 11.502 (…) corresponde Bs. 1,150 de manera mensual…pido conmine a Limbert Oroco al pago de la asistencia familiar intimando el pago hasta dentro del tercer día bajo advertencia de expedirse el correspondiente mandamiento de apremio”’ (sic); en atención al referido memorial, mediante decreto de 14 de igual mes y año, el juez demandado dispuso poner en su conocimiento la planilla de liquidación de asistencia familiar devengada; sin embargo, dicha autoridad no consideró que ya no estaría trabajando en el Ministerio Público; ya  que, en caso de incumplimiento al pago, se ejecutará el mandamiento de apremio en su contra, aspecto que pone en riesgo su derecho a la libertad de locomoción; vale decir, lo que se pretende es evitar una persecución en su contra, con un mandamiento de apremio que tenga como base una liquidación de asistencia familiar por un monto incorrecto.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El peticionante de tutela, a través de su representante sin mandato, alega la lesión de su derecho a la libertad de locomoción, sin citar norma constitucional que lo contenga.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo que: a) Se deje sin efecto el decreto de 14 de octubre de 2022, respecto a la liquidación de asistencia familiar -período de 14 de febrero a 13 de octubre del mismo año-; y, b) El Juez demandado se pronuncie en cuarenta y ocho horas sobre un monto específico de asistencia familiar y no en un porcentaje, en mérito a su capacidad económica, considerando que ya no se encuentra trabajando como “…SERVIDOR DEPENDIENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 29 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 28 a 32 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela, por intermedio de su representante sin mandato, ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción tutelar.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Erwin Rodolfo Ponce Serrano, Juez Público Civil y Comercial y de Familia Segundo de Viacha del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante a fs. 16 y en audiencia de garantías solicitó se deniegue la tutela; con base en los siguientes argumentos: 1) La liquidación de la asistencia familiar atañe al orden público, porque la misma es indispensable para la subsistencia de la descendencia biológica y su determinación no es definitiva ni causa estado; por ello, en el presente caso, la asignación de asistencia familiar es porcentual y se reajusta de acuerdo a las variaciones de sueldos de la persona obligada; 2) En todas las tramitaciones de liquidación de asistencia familiar devengada, se aplica en procedimiento establecido en los arts. 127.I, 219 y 415.I-VII del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), corriéndose en traslado al obligado para que asuma defensa con las observaciones que estime conveniente, correspondiendo al accionante observar dichos preceptos normativos; por lo tanto, no existe ninguna vulneración a su libertad; y, 3) Se puso a conocimiento del obligado que se le está reclamando una liquidación de asistencia familiar para que pueda presentar sus descargos; secundado esas circunstancias, será ahí donde se defina si tiene o no ese monto de adeudo y lo que se quiere aclarar es que: “…hasta ahora no se ha librado ningún mandamiento de aprehensión como lo ha mencionado el abogado, yo personalmente como autoridad del Juzgado Publico Mixto Civil Comercial y Familiar bajo ninguna circunstancia expido mandamientos de aprehensión, tengo limitación de expedir mandamiento de apremio que es absolutamente distinto, eso para que se tome en cuenta…” (sic).

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 21/2022 de 29 de noviembre, cursante de fs. 33 a 40 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el decreto de 14 de octubre de 2022 y disponiendo que el Juez demandado asuma una determinación en aplicación del Código de las Familias y del Proceso Familiar, estableciendo el monto que debe pagar el accionante, de acuerdo a las necesidades del menor de edad, así como la capacidad económica del mencionado en el plazo de cuarenta y ocho horas; con base en los siguientes fundamentos: i) Evidentemente existe una inminente puesta en peligro de la libertad del ahora impetrante de tutela, ya que, considerando los antecedentes de la presente causa sobre un análisis de fondo de la problemática, no vamos a desconocer el derecho que tienen los integrantes del grupo familiar, tanto el padre como la madre; es así que, el art. 64 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que los cónyuges tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y la formación integral de las hijas e hijos; ii) Según el art. 123 del CFPF, la asistencia familiar se reduce o aumenta de manera porcentual y se reajusta de acuerdo a las necesidades de los hijos y de la capacidad del obligado; y, iii) La autoridad demandada no realizó una compulsa correcta de estos antecedentes, que tendrían que estar previstos en la decisión asumida en el decreto de 4 de agosto de 2022, emergente del recurso de reposición interpuesto por el accionante.