SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0421/2025-S2

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0421/2025-S2

Sucre, 15 de mayo de 2025

SALA SEGUNDA

Magistrada Relatora:  MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

Acción de libertad

Expediente:                 71640-2025-144-AL

Departamento:            La Paz

En revisión la Resolución 080/2025 de 2 de marzo, cursante de fs. 71 a 72 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge Omar Mostajo Barrios en representación sin mandato de la menor de edad AA contra Amelia Juana Mujica Santalla, Jueza Pública de Familia Primera de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de marzo de 2025, cursante de fs. 59 a 63, la parte accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 30 de agosto de 2019, se interpuso demanda de asistencia familiar contra el padre de la menor de siete años a la que representa; dicha demanda, fue admitida el 11 de septiembre de igual año; siendo citado el demandado presentó su contestación el 28 de ese mes y año, sin oponer excepciones previas dentro del plazo procesal correspondiente; posteriormente, por -Auto- de 9 de octubre del citado año, se declaró probada la demanda, estableciéndose un monto de asistencia familiar de Bs2 800.- (dos mil ochocientos bolivianos) en favor de la menor de edad AA y una vez presentada la liquidación, el obligado no observó el monto de la misma, en el término de tres días, conforme establece el art. 415.I del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-; sin embargo, de manera extraña se admitió y se tramitó una excepción previa de pago, presentada el 5 de enero de 2022, fuera del plazo; vale decir, después de dos años, cuatro meses y un día.

En efecto, de forma ilegal, mediante Resolución 837/2023 de 28 de septiembre, la Jueza ahora accionada declaró probada la excepción de pago documentado, dando por oblada en su totalidad la liquidación presentada, sin una debida fundamentación ni la cita de ninguna disposición legal; tampoco estableció los hechos vinculados al caso, ni efectuó una enumeración de las facturas o pruebas utilizadas por la parte demandante y demandada, incluso confundiendo y sumando las facturas presentadas por la parte demandante a favor del padre, se eximió al progenitor de otorgar la asistencia familiar, determinado que “…UNA POBRE NIÑA DE 7 AÑOS DEBE A SU MAL PADRE LA SUMA DE BS. 33.391.34…” (sic); situación que lesiona el derecho a la vida de la menor de edad AA, debido a que, al no recibir una asistencia familiar y más al contrario deber un monto a su padre, no podrá acceder a una vida digna, para su alimentación, vivienda, ropa y salud.

Contra la citada Resolución, interpuso recurso de apelación, pero sorprendentemente la Jueza accionada en lugar de tramitar dicho recurso, con un simple proveído de 31 de octubre de 2023, transcribió un artículo del Código de las Familias y del Proceso Familiar, sin explicar ni fundamentar si tramitará o no el mismo, y cuando cumplió lo indicado, por otro proveído de 22 de noviembre de igual año, transcribió otro artículo del citado Código, negando tramitar su apelación; actos que constituyen una vía de hecho para evitar una revisión de la “Sentencia”.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte accionante, denuncia la lesión de los derechos a la vida de la menor de edad AA vinculado a la vida digna, -educación-, alimentación y vestimenta; y, al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se deje sin efecto la Resolución 837/2023, emitida por la Jueza accionada, debiendo emitirse una nueva resolución de forma fundamentada, “…que establezca que se interpuso ‘Excepción Previa de PAGO’ fuera de término (después de 4 años de vencido el mismo) y determine claramente una fundamentación y valoración de cada una de las pruebas aportadas por las partes” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 2 de marzo de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 67 a 70 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte impetrante de tutela, ratificó el contenido de su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Amelia Juana Mujica Santalla, Jueza Pública de Familia Primera de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito, cursante a fs. 66 y vta., expresó lo siguiente: a) No vulneró ningún derecho de las partes, en razón a que, en el proceso de referencia, una vez planteada la excepción de pago documentado por el demandado, la misma fue tramitada conforme la normativa vigente en materia familiar, emitiendo la Resolución 837/2023, decisión contra la cual las partes en el plazo de tres días podían impugnar vía recurso de reposición bajo alternativa de apelación, conforme establecen los arts. 368 y 369 del CFPF; sin embargo, en el caso la parte recurrente lo hizo fuera del plazo previsto; y, b) Con relación a la acción de libertad presentada, bajo el argumento de una presunta vulneración de los derechos de una niña, en el caso de autos no corresponde, debido a que la demanda de asistencia familiar fue promovida por la progenitora de la menor de edad AA en contra del padre, lo cual debe ser tramitado en la vía legal pertinente, conforme al procedimiento establecido en el Código de las Familias y del Proceso Familiar, donde ambos progenitores son responsables en proporción igualitaria “50%”, para su manutención que contempla la alimentación, educación, salud, vestimenta y recreación.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 080/2025 de 2 de marzo, cursante de fs. 71 a 72 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Mediante Resolución 837/2023, la autoridad judicial accionada declaró probada la excepción de pago documentado planteada por el demandado del proceso de asistencia familiar, acreditando que se habían realizado los pagos correspondientes por concepto de asistencia familiar, existiendo incluso en exceso; en dicha Resolución, se exhortó a ambas partes a actuar con lealtad procesal y buena fe, evitando dilaciones y presentando los argumentos y respaldos correspondientes al momento de realizar nuevas liquidaciones; 2) Con relación al recurso de apelación planteado por la parte demandante contra la Resolución 837/2023, se advirtió que la misma habría interpuesto dicho recurso el 27 de octubre de 2023, fuera del plazo previsto, además que fue realizada de manera incorrecta, al haber presentado directamente como apelación, sin cumplir con el procedimiento previsto en la normativa procesal familiar, que exige la reposición con alternativa de apelación, conforme al Código de las Familias y del Proceso Familiar; y, 3) En tal sentido, el hecho de haberse declarado probada la excepción de pago documentado en favor del demandado, no implica de manera alguna que se encuentre en riesgo la vida o integridad de la menor beneficiaria de la asistencia familiar; por el contrario, conforme se evidencia en la citada Resolución, se estableció que el demandado -padre de la menor de edad AA- habría incluso efectuado pagos superiores a los montos inicialmente determinados, además, de que ambos progenitores son responsables de manera equitativa, en un “50%”, de proporcionar asistencia familiar a su hija.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección (fs. 76 a 81); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1.  Dentro del proceso de asistencia familiar seguido por Ivlin Ángela Fernández Zeballos contra Daniel Enrique Aparicio Ureña, mediante Resolución 837/2023 de 28 de septiembre, Amelia Juana Mujica Santalla, Jueza Pública de Familia Primera de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionada-, ante el planteamiento de excepción de pago documentado por parte del demandado, declaró probada dicha excepción; consecuentemente, dio por oblada en su totalidad la liquidación presentada “fs. 537-537 vta.”, aprobada mediante Auto de “fs.576” (fs. 20 a 22); asimismo, cursa diligencia de notificación realizada a ambas partes el 20 de octubre de 2023 (fs. 25 a 26).

II.2.  Por memorial presentado el 27 de octubre de 2023, la demandante del proceso en cuestión interpuso “…RECURSO DE APELACIÓN…” contra la antes referida Resolución; mereciendo decreto de 31 de igual mes y año, la Jueza accionada dispuso: “…Solicite consultando los datos del proceso y conforme a normativa familiar vigente, según lo dispuesto conforme a lo establecido en el Art. 368 de la Ley 603-Código de las Familias y del Proceso, que establece lo siguiente: ‘El recurso de Reposición procede contra los decretos o autos interlocutorios, para que la autoridad judicial que los haya dictado, advertida de su error, pueda modificarlos o dejarlos sin efecto, Procede la reposición con alternativa de apelación únicamente contra los autos interlocutorios’” (sic [fs. 49 a 57]).

II.3.  La demandante en conocimiento del indicado proveído, el 20 de noviembre de 2023, presentó recurso de reposición bajo alternativa de apelación de la Resolución 837/2023, señalando que, “…advertida de su error modifique el mismo a fin de no perjudicar a la menor quien es la única interesada y beneficiaria de la asistencia familiar…” (sic); en cuyo efecto, por proveído de 22 de dicho mes y año, la Jueza accionada determinó: “Solicite conforme a normativa en materia familiar vigente de acuerdo a lo determinado en el art. 369 parágrafo II de la Ley 603 (…) que establece (…) II. En caso de pronunciarse la resolución fuera de audiencia, deberá interponerse el recurso en forma escrita dentro de los tres (3) días siguiente al de su notificación. Si el caso amerita, el traslado debe ser realizado en el día y la contestación será en el plazo de tres (3) días (...)” (sic [fs. 58 y vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la lesión de los derechos a la vida de la menor de edad AA, vinculado a la vida digna, -educación-, alimentación y vestimenta; y, al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; en razón a que, dentro del proceso de asistencia familiar, la Jueza ahora accionada: i) Mediante Resolución 837/2023, declarando probada la excepción de pago documentado planteada por el demandado, dio por oblada en su totalidad la liquidación de asistencia familiar, en total afectación del derecho a la vida de una niña de siete años, debido a que al eximirse al progenitor de su cancelación, impide que pueda acceder a una vida digna que contempla la alimentación, educación, salud y vestimenta; y, ii) Ante ello, interpuso recurso de apelación; sin embargo, dicho recurso fue respondido, sin una decisión clara sobre su admisibilidad ni fundamentación suficiente, limitándose a citar el art. 368 del CFPF; no obstante, en cumplimiento a lo sugerido, presentó recurso de reposición con alternativa de apelación, solicitando la modificación de la indicada Resolución, pero se emitió una nueva providencia en la que, transcribiendo otro artículo, se negó el trámite del recurso interpuesto, configurando así una vía de hecho ilegal para evitar su revisión.

En respuesta, la Jueza accionada refirió que, no vulneró derecho alguno de las partes, puesto que la excepción de pago documentado planteada por el demandado fue tramitada conforme a la normativa vigente, y que la Resolución 837/2023, fue dictada en el marco legal correspondiente, misma que podía ser impugnada mediante recurso de reposición con alternativa de apelación dentro del plazo de tres días, conforme a los arts. 368 y 369 del CFPF; sin embargo, la parte recurrente lo hizo fuera del término legal. La declaración de procedencia de la excepción no implica, en ningún caso, un riesgo para la vida o integridad de la menor beneficiaria, ya que, según desprende de la resolución, el progenitor habría realizado pagos incluso superiores a los inicialmente establecidos y la obligación de brindar asistencia familiar recae de manera equitativa sobre ambos progenitores, en una proporción del “50%” para cada uno.

En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.  Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación cuando se invoca lesión, amenaza o riesgo del derecho a la vida. Jurisprudencia reiterada

En cuanto a la naturaleza, alcance y finalidad de esta acción de defensa, instituida a partir de los bienes jurídicos que protege, en lo que respecta al derecho primigenio a la vida, la SCP 0059/2020-S3 de 16 de marzo, remitiéndose a los entendimientos jurisprudenciales contenidos en la SCP 0273/2018-S1 de 25 de junio, sostuvo lo siguiente: «“…en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 46 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se [dé] la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva.

Debe señalarse que esta conclusión, que emerge de la naturaleza del derecho a la vida y de la acción de libertad como un medio inmediato para su defensa, encuentra sustento en la Constitución Política del Estado y en el propio Código Procesal Constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona ‘que considere que su vida está en peligro’, sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que ‘su vida está en peligro’.

Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal.

Sin embargo, debe señalarse que, en todo caso, será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción”.

Del entendimiento jurisprudencial citado se concluye que, dado el carácter elemental del derecho a la vida -por constituirse en la condición previa necesaria para la realización y disfrute de todos los demás derechos-, es procedente su protección vía acción de libertad, cuando se advierta una lesión o peligro de afectación; no obstante, su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción tutelar, por cuanto las características singulares que conciernen al resguardo de ese derecho, no eximen a la parte que pretende su tutela de la carga de demostrar los hechos manifestados o mostrar la relevancia del reclamo en directa vinculación con el derecho cuya tutela se busca, en razón a que la justicia constitucional requiere de certidumbre sobre la lesión del derecho invocado para tutelar y protegerlo, contrastando los hechos denunciados con los elementos probatorios que generen convicción del acto ilegal u omisión indebida, caso contrario se ve imposibilitada de analizar la problemática planteada y en su caso conferir la tutela solicitada» (el resaltado nos pertenece).

III.2.   Análisis del caso concreto

Precisada la problemática, resulta necesario efectuar una contextualización del caso, de cuya revisión de antecedentes, se tiene que, dentro del proceso de asistencia familiar seguido por Ivlin Ángela Fernández Zeballos contra Daniel Enrique Aparicio Ureña, la Jueza ahora accionada, mediante Resolución 837/2023 de 28 de septiembre, declarando probada la excepción de pago documentado planteada por el demandado, dio por oblada en su totalidad la liquidación de asistencia familiar presentada por la parte demandante; dicha resolución fue notificada a ambas partes el 20 de octubre de 2023.

El 27 de octubre de 2023, la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la Resolución 837/2023; sin embargo, por decreto de 31 del mismo mes y año, la Jueza accionada dispuso que se actuara conforme a lo previsto en el art. 368 del CFPF, transcribiendo su contenido. Posteriormente, el 20 de noviembre de ese año, la parte demandante presentó recurso de reposición con alternativa de apelación contra dicha determinación, solicitando su modificación en resguardo de los derechos de la menor beneficiaria. En respuesta, mediante proveído de 22 del mismo mes y año, la Jueza accionada, indicó que solicite conforme a lo establecido en el art. 369.II del citado Código, describiéndolo textualmente.

Tales antecedentes fácticos, motivaron a la parte impetrante de tutela, para que denuncie que la vida de la menor de edad AA se encuentra en riesgo, al haberse eximido al progenitor de cumplir con su obligación legal de otorgar asistencia familiar, lo que impide que la niña de siete años de edad, acceda a una vida digna, para el sustento de su alimentación, vivienda, vestimenta y salud; en ese contexto, del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se tiene que, el mecanismo idóneo y eficaz para la protección del derecho a la vida es la acción de libertad, se considera idóneo cuando materialmente puede resolver el problema jurídico planteado y generar el restablecimiento de los derechos fundamentales, y eficaz cuando se convierte en el medio de protección oportuno de las garantías constitucionales amenazadas o vulneradas; de manera que, esta acción de defensa de derechos se configura como el procedimiento adecuado para la protección del derecho a la vida, cuando este estuviere en peligro; es decir que, para el resguardo del mismo, mediante la presente acción tutelar, el accionante debe demostrar que existe un real y verdadero peligro que incide de manera directa en la restricción del referido derecho; empero, cuando dicha situación no cuenta con una demostración clara y objetiva, corresponderá la denegatoria de tutela, al no haberse verificado una real y directa afectación contra el citado derecho.

En el presente caso, considerando el objeto procesal sometido ante esta jurisdicción constitucional, este Tribunal no advierte que el rechazo del recurso de reposición por su interposición fuera de plazo, ponga en peligro el derecho a la vida de la menor de edad AA o lo lesione, pues la parte accionante no presentó documentación que demuestre de que la vida de la misma se encuentra en riesgo cierto, objetivo e inminente; ello, debido a que -según la parte impetrante de tutela- la no resolución del recurso de reposición implica que se exima al progenitor de la cancelación de la asistencia familiar a la que tendría derecho la referida beneficiaria, lo que estaría vinculado con el acceso a una vida digna que contempla la alimentación, educación, salud y vestimenta; en ese sentido, dado que la parte peticionante de tutela no probó materialmente que la vida de la citada menor de edad se encuentre en riesgo por alguna acción u omisión de la autoridad judicial ahora accionada, corresponde denegar la tutela solicitada.

Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior y siendo que no se ingresará al análisis de fondo de la alegada vulneración del derecho a la vida, no es posible activar la acción de libertad para efectuar el examen de fondo de la lesión del derecho al debido proceso, pues este únicamente puede ser tutelado en los supuestos casos en que exista vinculación directa con el derecho a la libertad física y absoluto estado de indefensión, presupuestos que en el presente caso no concurren en relación a la menor de edad ahora accionante, quien si bien goza de protección reforzada por su condición de minoridad, no es menos cierto que en la situación fáctica planteada, no se evidencia ni advierte que exista una situación tal que esté amenazando o vulnerando su derecho a la libertad.

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, actuó de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 080/2025 de 2 de marzo, cursante de fs. 71 a 72 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO