SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0426/2025-S3

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, así como la tutela judicial efectiva, alegando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente agravada, este interpuso recurso de casación contra el Auto de Vista 122/2021; en consecuencia, los Magistrados demandados, mediante Auto Supremo 833/2022-RA de 29 de julio, declararon su inadmisibilidad, incurriendo en las siguientes ilegalidades: a) Vulneraron su derecho al debido proceso, incurriendo en incongruencia externa, al no tomar en cuenta la argumentación efectuada en su recurso de casación; puesto que, estos  exigieron la cita del precedente contradictorio, sin tomar en cuenta que su persona no fue quien presentó el recurso de apelación restringida, ello debido a que la Sentencia de primera instancia le fue favorable, vulnerando así su derecho a la tutela judicial efectiva, contraviniendo las reglas de admisibilidad del recurso de casación; por lo que, la fundamentación y motivación resulta falsa y arbitraria; y, b) No señalaron porque los requisitos de flexibilización no se aplican a su caso, incurrieron en una omisión ilegal al no pronunciarse de manera expresa y fundamentada, ya que no consideraron que cuando se alega la existencia de defectos absolutos, no es exigible invocar el precedente contradictorio; razón por la cual, debieron ingresar al fondo de su análisis sin mayores exigencias; por tales motivos, solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto Supremo 833/2022, debiendo emitirse nueva resolución que en definitiva admita el recurso de casación interpuesto.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre^[1], la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio^[2], se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio^[3], precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre^[4] se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre^[5] la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero^[6]-.