SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0430/2025-S2

I.1. Contenido de la demanda

Mediante exposición oral presentada el 6 de septiembre de 2024, cursantes a fs. 1 y 3, la accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Dentro del proceso penal seguido contra Renzo Canelas Zeballos, por la presunta comisión del delito de abuso sexual a su hija menor de edad -AA-, el 6 de septiembre de 2024 se instaló la audiencia de juicio oral llevada adelante por Emilse Patricia Arnez Quiroz, Jueza de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primera de Sacaba del departamento de Cochabamba -ahora demandada-; asimismo, se informó por Secretaría del referido Juzgado, la presencia de las partes, asistidos de sus abogados, así como del copatrocinio de una abogada del Colectivo Mujeres de Fuego del mencionado departamento; en ese entendido, la Jueza demandada mencionó que, como madre de la víctima menor de edad, no se constituyó en acusadora particular, por lo que, su permanencia en la audiencia es “…DE VICTIMA Y SOLO PODRA PRESENCIAR LA AUDIENCIA Y NO PARTICIPAR EN LA MISMA Y SUS ABOGADOS DEBEN DESALOJAR LA SALA DE AUDIENCIAS, HACIENDO DESOCUPAR DE LA MISMA A LOS ABOGADOS, desarrollando la misma sin patrocinio de la víctima Madre de la menor…” (sic), disposición que vulnera lo previsto en el art. 121.II de la Constitución Política del Estado (CPE), que determina la facultad de la víctima de intervenir en el proceso penal y de ser oída antes de cada decisión judicial. 

Asimismo, la autoridad demandada no consideró que la víctima por sí sola o por intermedio de un abogado particular o del Estado, puede intervenir en el proceso penal, aunque no se hubiera constituido en querellante, y que, en caso de no contar con recursos económicos, debe ser asistida gratuitamente por un abogado designado por el Estado; inaplicando lo dispuesto por los arts. 76 y 78 del Código de Procedimiento Penal (CPP). 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y a ser oída antes de cada decisión en el proceso penal; citando al efecto los arts. 115.I y 121.II de la CPE.  

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se disponga la restitución de la participación de sus abogados patrocinantes de confianza en el proceso penal; y, b) Como medida cautelar solicita se suspenda el juicio oral hasta que se resuelva la acción de defensa. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 7 septiembre de 2024, según consta en el acta cursante a fs. 30 y vta., se produjeron los siguientes actuados:   

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad; y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: 1) Tuvo una participación activa en el proceso penal, como denunciante y madre de AA -víctima menor de edad-, presentó acusación particular; empero, fue rechazada porque su nombre no fue consignada en la acusación fiscal y la Jueza demandada concluyó que no era parte en el proceso; 2) El Ministerio Público aclaró que era parte del proceso como denunciante y madre de la víctima menor de edad AA y “…por decreto de 06 de febrero de 2024, la jueza determinó que la participación de la prenombrada sería en esa calidad de víctima, como progenitora de la menor de edad” (sic [fs. 30]); 3) En audiencia de juicio oral instalada el 6 de septiembre de 2024, concurrió junto a sus abogados, así como el patrocinio de una abogada del Colectivos Mujeres de Fuego del departamento de Cochabamba; sin embargo, la autoridad demandada manifestó que la madre de la víctima no se constituyó en acusadora particular, por lo que su permanencia solo podrá ser considerada para presenciar la audiencia, sin la posibilidad de participar en la misma; empero, la accionante y su abogado fueron desalojados de la sala de audiencias; es decir, la víctima estuvo sin patrocinio legal; 4) Esa determinación “no aplicó” que la víctima tiene derecho a ser oída en cada decisión del juicio, de intervenir por si sola o a través de un abogado particular o designado por el Estado, aunque no se hubiera constituido en querellante; y, 5) Ignoró la aplicación de los criterios con perspectiva de género incurriendo en una discriminación de género y trato desigual, porque la Jueza demandada mencionó que el derecho de participar con abogado en audiencia corresponde al imputado y no a la víctima, citando la SCP 1366/2022-S2 de “3” de octubre; y la SCP 0439/2018-S2 de 29 de agosto, ya que, la protección a la vida importa con dignidad, para evitar una desigualdad material.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Emilse Patricia Arnéz Quiroz, Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primera de Sacaba del departamento de Cochabamba, por informe escrito cursante a fs. 29 y vta., sostuvo que: i) Respecto a la determinación de que la accionante participó en su condición de víctima únicamente, responde al hecho de que todo el proceso penal iniciado por el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Sacaba del departamento de Cochabamba, la impetrante de tutela no formaba parte del proceso desde un inicio, así se denota de la acusación fiscal, conforme al art. 11 y 76 del CPP; ii) Se aclaró que no se limitó su participación en el proceso, más aún si su hija menor de edad AA -víctima-, está representada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del GAM de Sacaba del referido departamento, que interpuso la acusación particular, por lo que, está garantizado su acceso a la justicia, ya que, se ha permitido su participación al momento de haberse apersonado al proceso en el estado en que se encontraba; iii) La cuestión presentada fue resuelta en audiencia de juicio oral y fue apelado en audiencia por la accionante, actos procesales que constan en el acta de audiencia; iv) En el proceso penal, en total contradicción aparecen dos víctimas, una con el patrocinio de su confianza, pretendiendo que se incorpore una acusación particular extemporánea, presentando incidentes y excepciones, y la otra presentada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del referido GAM, que no planteó ni incidentes ni excepciones, generando una disfunción procesal; v) Desconoce todo lo que ocurrió en la etapa investigativa y el motivo por el que el Ministerio Público no consideró su condición de víctima a la impetrante de tutela, quien tampoco hizo el reclamo oportunamente y para no generar vicios procesales, por lo que resolvió la cuestión de acuerdo a la información presentada por el Fiscal de Materia, como consta en el Auto de “6” de septiembre de 2024; y, vi) La accionante no identificó los actos presuntamente lesivos y los derechos vulnerados. Por lo que solicita se deniegue la tutela. 

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 13/2024 de 7 de septiembre, cursante de fs. 31 a 33, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) La acción de libertad es un medio de defensa extraordinaria para la protección inmediata y efectiva de los derechos a la liberta física, locomoción o circulación y debido proceso, cuando esté vinculada directamente a la libertad física; y, el derecho a la vida, en pos del restablecimiento de estos derechos, cuando existe persecución o procesamiento indebido; b) La presente acción de libertad está vinculada con el derecho al debido proceso en sus distintas vertientes y al derecho a la vida en su vertiente vida digna; sin embargo, con el incumplimiento del art. 121 de la CPE; y, los arts. 11, 76 y 78 del CPP, en cuanto a la intervención de la víctima en el proceso penal, no es posible la tutela solicitada, por cuanto las omisiones denunciadas no constituyen la causa directa de la lesión del derecho a la libertad, por lo menos no se explicó tal circunstancia; no obstante, ésta decisión es asumida sin perjuicio de la activación de la acción de amparo constitucional, si resultara como medio idóneo; c) En cuanto al derecho a la vida, si bien es posible indistintamente la tutela mediante la acción de amparo constitucional o la acción de libertad cuyo objeto es la protección de la vida e integridad de la persona para impedir la desaparición o la indeterminación de su detención y protegerla contra la tortura u otros tratos crueles e inhumanos, puesto que, de la denuncia presentada, no se advierte que la Jueza demandada haya puesto en peligro o amenazado la vida de la accionante, por lo que, resulta inviable conceder la tutela solicitada; d) De los antecedentes del caso resulta que la impetrante de tutela, madre de AA, resulta ser también víctima secundaria, por ende, goza del derecho de participar en el juicio oral en igualdad de condiciones que el resto de las partes, por lo que, corresponde exhortar a la Jueza demandada a reconducir la causa para evitar la interposición de otros recursos o futuras nulidades o responsabilidades; y, e) La SCP 1366/2022-“S4” de “3” de octubre y 0439/2018-S2, no resultan aplicables al caso, porque la primera refiere que garantizar el derecho a la vida implica que la persona afectada no acceda a condiciones que le permitan el ejercicio de otros derechos y las condiciones de una vida digna; empero, en el caso en análisis, no se explicó de qué manera se vulneró ese derecho en su alcance de vida digna; y, la segunda, no guarda identidad fáctica con el presente caso, puesto que en aquella situación se denunció que fue citado por el Ministerio Público por un ilícito cuando era aún menor de edad. 

I.2.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección (fs. 38 a 43); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.