SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0458/2025-S1

Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la defensa, así como a los principios de presunción de inocencia, a la legalidad e igualdad de las partes; puesto que: a) Los funcionarios policiales indicándoles que tenían orden de arresto en su contra por una presunta denuncia por el delito de amenazas, pretendieron privarlas de su libertad cuando salían de una audiencia de la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social por pago de beneficios sociales; y, b) René Vargas Oropeza hoy coaccionado señaló su ubicación -de las accionantes- y otorgó montos económicos, para conformar una asociación delictuosa con los mencionados funcionarios con el objeto de poner en riesgo su libertad.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; 2) Procedencia de la acción de libertad contra particulares; 3) Respecto a la naturaleza de la acción de libertad; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1.  La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad

La SCP 0381/2018-S2 de 24 de julio, establece que: “El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad.

En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional.

Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematiza tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales - posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones.

Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo sostuvo que si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal, por causa de haberse restringido la misma, al margen de los casos y formas establecidas por ley y no esté vinculado a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa.

Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente: