SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0928/2025-S1

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de marzo de 2023, cursante a fs.1; y, 23 a 26 vta., el accionante, expuso lo siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la comisión del delito de homicidio previsto y sancionado por el          art. 251 del Código Penal (CP), se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, en cumplimiento a la Sentencia                TS-13/2022 de 13 de abril, que dispuso la condena de diez años de presidio.

Del certificado de permanencia y conducta de 9 de febrero de 2023, indicó que su permanencia es de cuatro años, seis meses y ocho días; por lo que, estaría luchando para que se le aplique el beneficio de redención, por consiguiente el          7 del citado mes y año, se llevó acabo la audiencia de incidente de redención de la pena amparándose en el art. 138 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-, pero el Juez de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz -autoridad ahora demandada-, mediante Auto Interlocutorio 025/2023 de 7 de febrero, declaró improbado el referido incidente de forma injustificada, observando que no se cumplió el numeral 7 del art. 138 de la LEPS, relacionado al certificado de permanencia y buena conducta, argumentando que no está actualizado; posteriormente solicitó nuevo día y hora de audiencia de redención de la pena, adjuntando nuevo certificado de conducta actualizado, presentado mediante memorial de 20 de enero de 2023, que fue respondido mediante decreto de 24 del mismo mes y año, indicando “…téngase presente lo manifestado por Gerardo Marcelino Rodriguez Valencia…”(sic), solicitud que fue denegada hasta la fecha; también solicitó lo mismo el 2 de marzo de 2023 reiteró la misma; siendo respondida mediante decreto de la señalada fecha, rechazando la solicitud de redención, indicando que “…EL INCIDENTE DE REDENCION DE CONDENA HA SIDO DECLARADO IMPROBADO…”(sic), desconociendo la última parte del Auto Interlocutorio 025/2023 de 7 de febrero, “…que indica: ‘POR EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD Y PRINCIPIO PRO HOMINE SE DISPONE OFICIAR AL RECINTO PENITENCIARIO DE SAN PEDRO, A FIN DE QUE EVACUE UN NUEVO CERTIFICADO DE PERMANENCIA Y CONDUCTA…’”(sic), acto que vulnera el derecho al debido proceso por un procedimiento indebido al evidenciar que existe dilación en la tramitación de la causa, sin considerar lo establecido en el art. 55 de la LEPS.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela a través de su abogado denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones y a la libertad; citando al efecto, los arts. 115.II, 116 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se determine dejar sin efecto el decreto de 2 de marzo de 2023, se conmine a la autoridad demandada, que señale día y hora de audiencia de incidente de redención; y, se valore el certificado de permanencia y conducta de 9 de febrero de 2023.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 10 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 47 a 49, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela a través de su abogado en audiencia virtual, señaló que: a) Cuando se efectuó la audiencia de incidente de redención el 7 febrero de 2023, pese a haber cumplido con todos los requisitos que la LEPS dispone en su art. 38, que habilitan para que la autoridad ahora demandada conceda el beneficio de redención, la nombrada denegó por una observación de permanencia y buena conducta, pese a que las mismas estaban dentro de plazo; toda vez que, estos documentos tienen una validez de noventa días, cuyo documento cuestionado fue expedido el 17 de noviembre de 2022, y que expiraría el 17 de febrero de 2023; b) Se presentó nuevo certificado de permanencia actualizado, conforme ha dispuesto la resolución 025/2023, seguidamente se presentó memorial el 17 de igual mes y año, solicitando señale nuevo día y hora de audiencia de redención, a efectos de que se valore este documento con relación al incidente de redención, mismo que fue denegado;          c) El 2 de marzo de 2023, solicitó nuevo día y hora de audiencia, tampoco fue considerado por la autoridad demandada, simplemente “remitirse” al primer incidente de redención que fue declarado improbado; y, d) Solicita se disponga conforme a los antecedentes y a las pruebas adjuntadas, se conceda la tutela, y se corrija el procedimiento dejando sin efecto el decreto de 2 de marzo de 2023, conminando a la autoridad demandada que señale día y hora de audiencia de redención.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Juan Carlos Pérez Ramírez, Juez de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; en audiencia manifestó que: 1) El incidente de redención planteado ya fue resuelto mediante Resolución 025/2023, tal cual cursa como se tiene en el cuaderno de autos “a fojas 95”, incidente que se declaró improbado considerando que los elementos que fueron aparejados no generaron certeza para la concesión del beneficio solicitado; sin embargo, aclara que esta Resolución no ha sido impugnada, no se utilizaron los instrumentos e institutos jurídicos para poder ser impugnada dicha resolución, en ese entendido ya se definió la situación procesal de Gerardo Marcelino Rodríguez Valencia           -ahora accionante- en relación a lo que significa el incidente de redención;                    2) En mérito al memorial de 17 de febrero de 2023, solicitó se señale día y hora de audiencia; por lo que, aclara que habiendo sido resuelto un incidente no se puede nuevamente señalar día y hora de consideración si éste no es nuevamente planteado por la parte, pues en todo caso no estaría cumpliendo con las reglas que establece precisamente el debido proceso, además del procedimiento;                   3) Es importante establecer que las acciones de libertad conllevan al análisis precisamente de los derechos vulnerados, que esta acción de libertad también asume como criterio para su concesión y su análisis la existencia de ciertos requisitos y ciertas condiciones, entre ellas, la subsidiariedad, que señala que en todo caso la persona que recurra precisamente ante la autoridad constitucional para ser restituido en sus derechos debe primeramente agotar los recursos intra procesales que le faculte el procedimiento; 4) El decreto que ha sido observado mediante acción de libertad por el ahora demandante de tutela, no se ha interpuesto ningún recurso intra procesal como podría ser el recurso de reposición; y, 5) No existe un incidente que haya sido interpuesto, “…que se encuentra en este momento en tramitación…” (sic), por parte del impetrante de tutela, que frente al supuesto acto de vulneración de sus derechos como bien señala en el decreto observado, tampoco el peticionante de tutela generó ningún mecanismo de impugnación intra procesal previsto por procedimiento y por norma, hecho que se originó la aceptación precisamente de este acto al no haber sido impugnado, considerando que estos instrumentos intra procesales no han sido recogidos ni exhibidos por el ahora accionante.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución V-30/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 50 a 52, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes argumentos: i) De la revisión de los antecedentes remitidos por la autoridad demandada consistentes en el cuaderno de control jurisdiccional, se tiene de los mismos que efectivamente cursa en su interior la Sentencia TS-13/2022 de 13 de abril, por la que el “Tribunal de Sentencia Primero de Caranavi”, dispuso aceptar la salida alternativa de procedimiento abreviado que en su momento solicitó Gerardo Marcelino Rodríguez Valencia -ahora solicitante de tutela- y lo declaró autor y culpable de la comisión del delito de homicidio previsto en el art. 251 del CP, y le ha impuesto una pena privativa de libertad de diez años a cumplir en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, con estos antecedentes fueron remitidos ante la autoridad ahora demandada para que actúe dentro de los márgenes de la LEPS, a fin de supervisar el cumplimiento de esta pena; ii) Se tiene, asimismo, que existe un mandamiento de condena con sello de recepción del citado Centro Penitenciario de 19 de febrero de 2022; precisamente en cumplimiento de esta supervisión a cargo del Juez de Ejecución Penal -autoridad ahora demandada-, es que el accionante el 20 de enero de 2023, presentó memorial solicitando día y hora de audiencia de incidente de redención de la pena, reiterada el 1 de febrero de ese año, motivo por el que Juan Carlos Pérez Ramírez, Juez de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, señaló audiencia virtual para el martes 7 de igual mes y año; notificadas las partes procesales con este señalamiento de audiencia se tiene que él mismo en audiencia dictó la Resolución 025/2023, que en su parte resolutiva indica que declaraba improbado el incidente de redención interpuesto por Gerardo Marcelino Rodríguez Valencia -ahora impetrante de tutela- al no haber cumplido con el numeral 7 del art. 138 de la LEPS; además, indica que dicha determinación no causaba estado y resguardando los derechos del penado dando aplicación del principio de favorabilidad y del principio pro homine, tal como lo dispone el art. 18 de la LEPS, dispuso oficiar al Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, para que evacúe un nuevo certificado de permanencia y conducta; iii) En dicha audiencia el único recurso interpuesto fue el de explicación y complementación, mismo que fue resuelto por la autoridad demandada, siendo el ahora accionante notificado en audiencia con este fallo conforme a procedimiento y sin embargo, no presentó ningún recurso en contra de esta determinación, es más, se tiene que a “fojas 104” de obrados cursa el certificado de permanencia y conducta extrañado por la autoridad ahora demandada, y el ahora demandante de tutela en lugar de presentar nuevo incidente directamente el 17 de febrero de 2023 pide que se señale día y hora, memorial que ha merecido el decreto de “estese a los datos del proceso y procedimiento”, ante lo cual el ahora peticionante de tutela, presentó nuevo memorial el 2 de marzo de 2023, en el que en lugar de plantear el incidente se limita a reiterar se fije el día y la hora de audiencia de consideración de beneficio de redención, ante lo cual la autoridad ahora demandada indicó al accionante, que ‘“…debe considerar que mediante Resolución 25/2023 del presente año, el incidente de redención de condena ha sido improbado, en ese entendido que las solicitudes planteadas deben ser solicitadas conforme a procedimiento…’”(sic), decreto con el que fue legalmente notificado el  7 de marzo de 2023; y, iv) Se tiene asimismo que contra estos dos decretos el ahora impetrante de tutela reclamó un procesamiento indebido en su contra, no fueron objeto de recursos ni de recurso de reposición ni de corrección.