SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1109/2025-S3
Fecha: 12-Sep-2025
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1109/2025-S3
Sucre, 12 de septiembre de 2025
SALA TERCERA
Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia
Acción de libertad
Expediente: 55004-2023-111-AL
Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 04/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 7 vta. a 8 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Nathaly Narda Contreras Rodríguez en representación sin mandato de Limberth Colque Véliz contra el Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 14 de abril de 2023, cursante de fs. 1 a 2 vta., el accionante a través de su representante, expresó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro el proceso de asistencia familiar seguido en su contra, radicado en el Juzgado Público de Familia Noveno de la Capital del departamento de La Paz. En virtud a la ejecución del mandamiento de apremio fue detenido y trasladado al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. A la fecha de presentación de la acción tutelar -se entiende de la acción de defensa que se analiza-, cumplió con la cancelación de los pagos por concepto de asistencia familiar.
El 13 de abril de 2023, se notificó con el mandamiento de libertad al referido Centro Penitenciario, empero, la autoridad penitenciaria no efectivizó la disposición judicial.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
El accionante denunció la vulneración del derecho a la libertad, sin mencionar norma constitucional alguna.
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la acción de libertad, disponiendo que el Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz dé cumplimiento al mandamiento de libertad.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
Celebrada la audiencia pública virtual, el 14 de abril de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 7, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante a través de su abogado, expresó que fue puesto en libertad y sin brindar mayores detalles, retiró la acción de libertad planteada.
I.2.2. Informe del demandado
El Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en audiencia de garantías, señaló que: Esa misma jornada a horas 14:00, Limberth Colque Veliz -ahora accionante- fue puesto en libertad; por consiguiente, solicitó se deniegue la tutela impetrada.
I.2.3. Resolución
El Juez de Sentencia Penal Décimo Sexto de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 04/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 7 vta. a 8 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: a) El Juez Público de Familia Noveno de la Capital del departamento de La Paz, libró el respectivo mandamiento de libertad al haberse cumplido con las obligaciones pecuniarias por concepto de asistencia familiar, lo cual fue acreditado en revisión del cuaderno de control jurisdiccional; b) Realizado el pago devengado, el obligado -ahora accionante- solicitó se deje sin efecto la disposición judicial -mandamiento de apremio-, en virtud a ello, el 12 de abril de 2023, se emitió Auto librando mandamiento de libertad; con el cual se notificó al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz el 13 del mismo mes y año -no se consignó el horario de recepción-; y, c) El Abogado en audiencia alegó que su defendido fue puesto en libertad.
II. CONCLUSIÓN
De revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Consta en Acta de audiencia de garantías de 14 de abril de 2023, que el abogado de Limberth Colque Véliz -accionante- expresó que “…en horas de la tarde nuestro patrocinado (…) ha sido puesto en libertad motivo por el cual de continuar con la presente acción de libertad desnaturalizaríamos el fin, si bien se han vulnerado derechos, debemos entender que la acción de libertad tiene un fin principalmente restaurativo y al haberse restaurado los derecho vamos a entender que desnaturalizaríamos el fin de la presente acción de libertad motivo por el cual vamos a retirar la misma” (sic); ipso facto, la autoridad demandada confirmó dicho extremo, mencionando que el accionante fue liberado a “horas 14:00” (fs. 7).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
El accionante denunció la vulneración del derecho a la libertad; alegando que, fue indebidamente privado de su libertad, puesto que, el Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, no actuó con celeridad al momento de otorgarle su libertad, pese a que fue debidamente notificado el 13 de marzo de 2023 con mandamiento de libertad.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada
III.1. Oportunidad procesal para el retiro y/o desistimiento de la acción de libertad
La SCP 0347/2024-S3 de 17 de junio, estableció que: “Al respecto, la SCP 0103/2012 de 23 de abril, señaló: ‘Conforme las normas constitucionales que disciplinan la acción de libertad (art. 125 y ss. de la CPE), la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta antes de señalado el día y hora de la audiencia pública, es decir, cualesquiera de estas actuaciones (retiro o desistimiento) serán inadmisibles después de esta actuación procesal (señalamiento de día y hora de audiencia pública) por las siguientes razones:
a) De orden procesal. Existe mandato constitucional expreso respecto al procedimiento al que debe sujetarse el juez o tribunal de garantías. Tiene el deber de señalar de inmediato día y hora de la audiencia pública, la que tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción (art. 126.I de la CPE), y -después de cumplidas las formalidades procesales- ésta (la audiencia pública) no puede suspenderse en ningún caso (art. 126.II de la CPE), por lo mismo, tiene la obligación de dictar sentencia en el fondo, incluso bajo responsabilidad (art. 126.III de la CPE), último aspecto que el legislador constituyente ha decidido incidir -a diferencia de la Constitución abrogada-.
b) De orden sustantivo. La Norma fundamental, establece y regula el procedimiento antes mencionado con mandatos expresos al juez o tribunal de garantías incluso bajo responsabilidad no como un fin en sí mismo, sino en razón a que la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada’” (las negrillas corresponde al texto original).
III.2. El deber de las autoridades encargadas de recintos penitenciarios de brindar la debida celeridad para el cumplimiento y ejecución inmediata de decisiones jurisdiccionales que ordenen la detención domiciliaria o la libertad
La SCP 1349/2013-S3 de 15 de agosto, estableció que: “En el marco de los postulados propios del Estado Constitucional de Derecho, se tiene que las autoridades encargadas de recintos penitenciarios, se encuentran sometidos a las decisiones jurisdiccionales que emanen de las autoridades competentes; en ese orden, a partir de la premisa antes señalada, debe establecerse que dichas autoridades, tienen un deber funcionario ineludible: El cumplimiento eficaz, inmediato y sin dilación alguna de decisiones jurisdiccionales en los términos plasmados en las órdenes expedidas por autoridades competentes y en caso de duda o imposibilidad de cumplimiento no atribuible al privado de libertad, las autoridades encargadas de centros penitenciarios, tienen el deber ineludible de procurar con celeridad y diligencia un cumplimiento de la decisión jurisdiccional en el marco de una interpretación lo más favorable y extensiva a la libertad, postulado que tiene sustento jurídico-constitucional en una pauta específica de interpretación de derechos fundamentales como es el pro-libertatis, cuya génesis constitucional se encuentra en los arts. 13.I, y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En ese contexto, se concluye que cualquier dilación en la ejecución inmediata de decisiones jurisdiccionales que dispongan detenciones domiciliarias o la libertad de personas privadas de libertad; o cualquier dilación en la procura y diligencia del cumplimiento eficaz de una decisión judicial en el marco del principio pro-libertatis, implicará una afectación al derecho a la libertad, la cual podrá ser tutelada a través de la acción de libertad en su modalidad expeditiva o de pronto despacho en el marco de los argumentos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Asimismo, debe señalarse que en caso de verificarse una dilación indebida en cuanto a la ejecución y cumplimiento de una decisión judicial por parte de las autoridades encargadas de recintos penitenciarios, aun cuando se haya dado cumplimiento a las decisiones judiciales de manera tardía, el análisis de la problemática a través de la acción de libertad, implicará además establecer los efectos disciplinados por la teoría constitucional para la acción de libertad innovativa, es decir que el efecto de la concesión de tutela implicará la responsabilidad de la autoridad que indebidamente dilató la inmediata ejecución de un mandamiento de detención domiciliaria o de libertad” (las negrillas corresponden al texto original).
III.3. Respecto a la acción de libertad innovativa
La SCP 0544/2025-S3 de 10 de junio, estableció que: «Con relación a la acción de libertad innovativa la SCP 0182/2020-S2 de 24 de julio señala que: “…la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, indicó que: ‘…entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias’.
Por su parte, la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, refirió que: ‘Dicho entendimiento se justifica plenamente si se considera que la justicia constitucional tiene como una de sus funciones el precautelar el respeto y vigencia de los derechos y las garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado y en las diferentes normas en materia de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad, y, por ende debe imprimir todos los mecanismos necesarios que permitan el ejercicio real y efectivo de los mismos.
En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el acto lesivo haya desaparecido’.
Jurisprudencia desarrollada de la cual se establece que la acción de libertad en su modalidad innovativa, es instituida como una garantía constitucional para la protección de los derechos fundamentales, que puede ser presentada inclusive cuando el acto cuya vulneración se denuncia haya cesado, habida cuenta que la misma tiene por objeto evitar que los servidores públicos o personas particulares cometan similares actos u omisiones que contravienen el orden constitucional, permisión que se encuentra sustentada en el art. 49.6 del CPCo, que dispone ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’”» (las negrillas corresponden al texto original).
III.4. Análisis del caso concreto
El accionante denunció la vulneración del derecho a la libertad; alegando que, fue indebidamente privado de su libertad, puesto que el Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, no actuó con celeridad al momento de otorgarle su libertad, pese a que fue debidamente notificado el 13 de marzo de 2023 con mandamiento de libertad.
Antes de examinar la problemática presentada, dado que el abogado de la parte accionante formuló el retiro de la acción de libertad, es menester analizar esta solicitud para determinar, si es admisible según el razonamiento indicado en la jurisprudencia mencionada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la misma ha establecido que el momento idóneo para retirar y/o desistir de la acción de libertad, debe ser realizada antes del señalamiento de la audiencia pública. En ese contexto, en el presente caso se advierte que la acción de libertad fue presentada a horas 11:31 el 14 de abril de 2023, se emitió Auto de admisión con señalamiento de audiencia pública virtual para esa misma fecha a horas 15:30; la citación de la autoridad demandada se realizó el mismo día a horas 14:06, sin embargo, el retiro de la acción tutelar fue realizada una vez instalada la audiencia de garantías, vale decir, fuera de la oportunidad establecida en la jurisprudencia citada, por consecuencia es inadmisible dicha solicitud.
Con respecto al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional con relación al cumplimiento y ejecución de las autoridades encargadas de recintos penitenciarios, se establece: “…que dichas autoridades, tienen un deber funcionario ineludible: El cumplimiento eficaz, inmediato y sin dilación alguna de decisiones jurisdiccionales (…). en caso de verificarse una dilación indebida en cuanto a la ejecución y cumplimiento de una decisión judicial…implicará la responsabilidad de la autoridad que indebidamente dilató la inmediata ejecución de un mandamiento de detención domiciliaria o de libertad” (SCP 1349/2013-S3). Por otro lado, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.3 del pronunciamiento constitucional, se tiene que, la acción de libertad en su modalidad innovativa, es instituida como una garantía constitucional para la protección de los derechos fundamentales, la cual, puede ser formulada incluso si el acto que se impugna ya hubiese concluido, siendo que su finalidad es prevenir que funcionarios públicos o individuos privados realicen actos u omisiones semejantes, transgrediendo el orden constitucional.
En el presente caso, conforme los antecedentes y en aplicación al razonamiento jurisprudencial citado supra, se establece que, el Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz fue notificado el 13 de marzo de 2023 -no se precisó el horario- con el mandamiento de libertad, empero, recién otorgó la libertad del accionante al día siguiente del actuado procesal, específicamente a horas 14:00, esta aseveración fue emitida por la autoridad demandada en la audiencia de garantías; de ello se deduce que hubo una dilación indebida en la ejecución del mandamiento de libertad; toda vez que, las autoridades encargadas de los centros penitenciarios, tienen el deber ineludible de otorgar celeridad y diligencia al cumplimiento de decisiones judiciales emanadas de la autoridad competente.
En ese entendido, se concede la acción de libertad en su modalidad innovativa, a fin de que la autoridad demandada no incurra nuevamente en similares circunstancias al momento de cumplir con las disposiciones judiciales, donde esté involucrado el derecho a la libertad.
En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela, obró de forma incorrecta.
POR TANTO
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 7 vta. a 8 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada, en la modalidad innovativa, exhortando al Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, a no incurrir en lo posterior en dilaciones indebidas que vulneren derechos fundamentales, menos aún en la atención de los tramites y solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad;
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO