SENTENCIA CONSTITUCIONAL No. 208/00 - R

          CONSIDERANDO: Que en el recurso deducido por los recurrentes argumentan ser funcionarios de “Servicios Eléctricos Tarija” S.A. (SETAR S.A.) el primero  desde el 11 de octubre de 1989, en diversos cargos siendo el último el de Jefe Administrativo de la Regional Yacuiba, cargo del que fue destituido;  la segunda  expresa que se procedió de la misma manera con ella, sólo que no le hicieron entrega del original del memorándum No. 393  de 28 de septiembre de 1999, sino  de su  fotocopia que “ordenaba su retiro”. Que pese a sus  constantes reclamos e incluso a los informes de Asesoría Legal de 14 de octubre de 1999 y 4 de noviembre de 1999, que les eran favorables ya que recomiendan la restitución a sus cargos, en mérito a que el Gerente incumplió las resoluciones de Directorio antes citadas, recomendación que fue ratificada por el Asesor Legal de Yacuiba mediante informe de 29 de octubre de 1999, pero que pese a ello no se les  restituyó a sus funciones ni se les ha pagado los beneficios sociales.

Asimismo sostienen que al Gerente que suscribió los memorándums de retiro,  por las arbitrariedades en que incurrió,  se lo había destituido de su cargo, pues  incumplió las resoluciones de Directorio 07/99 y 09/99 que prohiben al Gerente General contratar, destituir o promocionar personal por encontrarse la empresa en proceso de privatización, lo que viola la previsión del art. 92 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal,  así como lo previsto en los arts. 3 y 26 de la Ley 1178, 16 y 43 de la Constitución Política del Estado, por lo que interponen Recurso de Amparo Constitucional contra el Gerente General de SETAR S.A., José Peñarrieta Aparicio, pidiendo la restitución inmediata a sus fuentes de trabajo, y se disponga la calificación de daños y perjuicios con el pago de sueldos que dejaron de percibir desde la recepción de los memorándums de despido,  y la remisión de antecedentes al Ministerio Público por haber cometido el recurrido -siempre a decir de los demandantes- el delito tipificado por el art. 153 del Código Penal.

1.  En fecha 21 de diciembre de 1999 se realiza la audiencia, según consta en el acta de fs. 104-106,  oportunidad en la que la abogada de los recurrentes ratifica los términos de su demanda,  añadiendo que el memorándum No. 392 de 27 de septiembre de 1999 por el que se retiró a José Fernández, quedó sin efecto por el de 1 de noviembre de 1999,  porque el primero fue emitido contrariando normas legales y que en el caso de los recurrentes no se operó de la misma forma.  Reitera la solicitud de que los recurrentes sean restituidos a sus fuentes de trabajo.

2.  La parte recurrida representada por su abogado, señala que el recurso no debió ser admitido porque la demanda no indica los derechos y garantías afectados y que si bien el art. 7.d) de la Constitución Política del Estado establece el derecho al trabajo, y que en el presente caso  se retiró a los recurrentes con el goce de todos los beneficios sociales establecidos por ley , aspecto que está legislado en el D.S. 21060 que faculta a los empleadores a rescindir los contratos de trabajo y que en ese marco actuó SETAR S.A., y que los recurrentes debían haber acudido a la judicatura laboral para efectuar su reclamo. Por otro lado señala  que estos funcionarios habían sido invitados a ocupar los cargos, sin haber llenado el requisito del concurso de méritos, por lo que de acuerdo al art. 92 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, SETAR S.A. tenía toda la facultad de reestructurarse.

CONSIDERANDO: Que en el caso que se examina la entidad  recurrida al haber procedido a retirar a sus funcionarios, con goce de beneficios sociales,  no obstante el proceso penal cuya resolución final aún no fue emitida, dio estricto cumplimiento a lo previsto en el art. 13 de la Ley General del Trabajo y 55 del Decreto Supremo 21060,  es decir que no se da acto ilegal alguno ni omisión indebida que afecte a los derechos de los recurrentes, quienes tenían, además, otros medios expeditos para hacer valer sus derechos, ya que el Recurso de Amparo Constitucional no es sustitutivo de ellos.