SENTENCIA CONSTITUCIONAL Nº 746/00-R

2.  A su vez una de las autoridades  recurridas, Juan Carlos Fernández, indica que las Diligencias de Policía Judicial no pueden ser motivo de Hábeas Corpus, porque han sido correctamente efectuadas y que si  se ha  expedido una orden de apremio, ha sido en vista de la posibilidad de fuga del recurrente, debido a los antecedentes que cursan en el proceso  penal y que han mediado precisamente para que la Fiscal recurrida ordene el mandamiento de apremio. Que el delito ya ha sido concretado por el recurrente, porque no solamente con dolo ha firmado un documento sabiendo que su inmueble se hallaba hipotecado y rematado posteriormente, y en cuya portada  inclusive aparece la prohibición de la venta  por el Banco Unión, sino que el recurrente continuaba suscribiendo los contratos que afectan alrededor de 45 víctimas. Agrega, además, que todavía no está concluida la investigación por cuanto se pretende obtener mayores pruebas en la ciudad de Oruro, donde los sindicados, en este caso el recurrente, habría tenido similar conducta, informe que llegará en próximos días  a  la Fiscalía  de la División. El otro co-sindicado es Miguel Zapata que continúa prófugo y la otra co-sindicada es la esposa del recurrente que fue remitida ante el Juez de Garantías con una solicitud de la Fiscalía  para que  se aplique una medida cautelar de detención preventiva.