SENTENCIA CONSTITUCIONAL Nº 1216/01-R

CONSIDERANDO: Que, por escrito presentado el 19 de septiembre de 2001, corriente de fs. 10 a 12 de obrados, los recurrentes manifiestan que un grupo minoritario de afiliados a su asociación viene sistemáticamente tratando de desestabilizar su organización por haber constituido otra Federación Gremial paralela a la que dirigen Jesús Cahuana, Casto Brañez y otros, dado que ya estaban cansados de los abusos y exacciones de las que eran objeto por dichos directivos quienes los obligaban a concurrir a marchas  para apoyarlos; empero, con el tráfico de influencias de Jesús Cahuana un grupo reducido de malos miembros de la Asociación, acudieron al Director recurrido haciendo falsas denuncias con el propósito de desconocer la legal directiva que constituyeron, ante lo cual la  referida autoridad por resolución de 6 de septiembre de 2001 desconociendo el directorio invocando un artículo sin referir a qué codificación pertenece, les ha restringido su derecho a la libre asociación y ha incurrido en los delitos previstos en los artículos 146, 153 y 173 del Código Penal y lo propio vienen haciendo los dirigentes recurridos, cuyos partidarios incluso procedieron a asaltar  las oficinas de la asociación secuestrando a dos asociados que pretendieron oponerse y más aún procedieron a maltratar a una asociada que se encontraba embarazada a quienes los policías y los avasalladores la hicieron abortar, pero dichos actos delincuenciales no han sido investigados por influencias del Director recurrido y los directivos de la Federación Única , por lo que piden que el Recurso sea declarado procedente y se disponga la nulidad de la resolución dictada por el Director Departamental del Trabajo, así como el oficio de 17 de agosto de 2001 que falsamente acredita a otras personas como representantes de la Asociación “15 de agosto”; asimismo, se remitan antecedentes al Ministerio Público para el correspondiente procesamiento por los delitos señalados.

CONSIDERANDO: Que, siendo admitido el Recurso por Auto de 19 de septiembre de 2001, corriente a fs. 13 y vta. de obrados, e instalada la audiencia pública el 25 de septiembre del mismo año, cual consta  de fs. 232 a 237 de obrados, los recurrentes a través de su abogado, ratifican lo expuesto en su demanda y reiteran que el Director Departamental del Trabajo usurpó funciones al intervenir en sus conflictos dado que ellos no son asalariados y no dependen de ningún patrón, que si asistieron a su llamado fue por respeto a su autoridad siendo por ello también invitados a una asamblea. Señalan que su Asociación no puede ser asimilada a un sindicato y que están impedidos de presentar su documentación debido al asalto que ha sufrido su oficina por parte de los co-recurridos, quienes además han procedido a desalojarlos de sus puestos a algunos asociados privándoles de su fuente de trabajo. Indican que el trámite de la revocatoria representa 6 meses o un año siendo esa la razón por la que no han acudido a esos recursos y que al ser nulos los actos del Director al tenor del artículo 31 constitucional no podían recurrir a una instancia superior.

CONSIDERANDO: Que, el artículo 19 constitucional en su numeral IV establece que: “La autoridad judicial examinará la competencia del funcionario o los actos del particular y, encontrando cierta y efectiva la denuncia, concederá el amparo solicitado siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados....”. En consecuencia, para pretender la tutela que otorga el Amparo Constitucional necesariamente se deben agotar todas las vías que la ley franquea para la reparación de los derechos vulnerados.

Que, en el caso presente, los recurrentes alegan que el Director recurrido ha violado sus derechos fundamentales a la libre asociación, lo cual  no es evidente, dado que de los datos del proceso no existe ningún acto ilegal que hubiese amenazado, restringido o suprimido el referido derecho, pues dicha autoridad ante el conflicto de dos frentes en el acto eleccionario para dirigir la Asociación Gremial de Comerciantes Minoristas “15 de agosto” del Mercado “La Ramada”, sólo ordenó que se vuelva a realizar un nuevo acto eleccionario para lo cual mediante resolución dispuso veedores de diferentes instituciones por un lado; por otro, los recurrentes podían impugnar dicha resolución ante el superior jerárquico del Director Departamental del Trabajo; en consecuencia, no agotaron las instancias administrativas que tenían a su alcance para dejar sin efecto la supuesta resolución ilegal.

Que, con referencia a los dirigentes recurridos, para el caso de controversias electorales, se debe acudir a las instancias electorales dentro de la misma Asociación y para acusar lesiones a bienes jurídicos protegidos en el Código Penal, se debe sentar denuncia ante la jurisdicción ordinaria correspondiente a fin de que se investiguen los delitos de los cuales se considera ser víctima. En el caso compulsado, los recurrentes acusan la comisión de varios delitos, razón por la que ineludiblemente deben acudir a otra instancia y no a la constitucional, que en materia de amparo sólo se circunscribe a constatar si la parte recurrida ha vulnerado cierto derecho fundamental mediante un acto ilegal u omisión indebida.