SENTENCIA CONSTITUCIONAL Nº 110/01-R

De las normas citadas se concluye que al  presentarse un hecho que altera el orden  público, la persona afectada tiene la facultad de acudir ante las autoridades competentes -Policía Nacional- para que se restablezca el orden quebrantado. En el caso de autos, por la gravedad de los bloqueos realizados, el recurrente bien pudo solicitar al Prefecto del Departamento que ordene a la entidad policial  haga retirar los motorizados que impedían el acceso a la Fábrica   de Cemento.    Así lo ha reconocido este Tribunal mediante Auto Constitucional Nº 305/99-R  de 5 de noviembre de 1999, que en la parte pertinente declara: “...tales actitudes han derivado en alteraciones al orden público, por lo que corresponde la intervención de la Policía Nacional  de acuerdo con la previsión contenida en el art. 215-I de la Constitución Política del Estado, institución a la que debe acudirse en situaciones similares, por cuanto “tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público...”

En la especie, si bien es evidente el acto ilegal protagonizado por los recurridos, el recurrente no ocurrió a las instancias señaladas, lo que hace improcedente el Recurso planteado, por revestir éste un carácter extraordinario que procede únicamente cuando no existen otros medios o vías  por las que la persona pueda reclamar el respeto de sus derechos.