SENTENCIA CONSTITUCIONAL Nº 211/2002-R

CONSIDERANDO: Que, por memorial presentado el 13 de diciembre de 2001, corriente de fs. 31 a 35 de obrados, los recurrentes expresan que el 28 de noviembre de 2001 a hrs. 8:30 a.m. en la sede del Sindicato “8 de Mayo” cuando la secretaria del mismo se encontraba saliendo fue interceptada por la recurrida, quien ingresó a las instalaciones pretendiendo asegurar la puerta principal contestando que estaba interviniendo el Sindicato porque se habían robado $us.61.000.-, que seguidamente tocaron e irrumpieron violentamente en la oficina que corresponde al Sindicato donde un supuesto interventor le exhibió la Resolución Administrativa Nº 1737 de 20 de noviembre de 2001 emitida por el Director Ejecutivo Nacional a.i. de INALCO, de cuya lectura Ramiro Otondo se dio cuenta que estaba dirigida a la Cooperativa “6 de Agosto Ltda.”, por lo que procedió a formular reclamo, pero le respondieron que no les interesaba ya que los actores eran los mismos  y les exigieron la entrega de la documentación a lo cual se accedió por temor a la presencia policial, que también les pidieron la entrega de llaves a lo cual se negaron, momentos en los que empezaron a llegar los socios, logrando algunos ingresar para pedir el retiro de los supuestos interventores, pero éstos se negaron para luego retirarse con toda la documentación dejando un letrero que da cuenta de la intervención a la Cooperativa referida.

Señalan que de lo expuesto, se evidencia que los recurridos sin orden judicial y sin que exista mandamiento expedido por autoridad competente “cometieron el delito de allanamiento de domicilio”, ya que éstos no tienen facultad ni jurisdicción para ejercer actos que corresponden a la justicia ordinaria, por lo que piden que al constituir todo aquello actos ilegales que vulneran sus derechos a la propiedad privada, a la inviolabilidad del domicilio y al  trabajo previstos en los arts. 7-i) y d), 21 y 22 de la Constitución piden que el recurso sea declarado procedente disponiéndose la inmediata devolución de la documentación sustraída, la determinación de la responsabilidad civil de los recurridos en la suma de $us.5.000.- así como la penal por el delito de allanamiento de domicilio remitiendo antecedentes al Ministerio Público.

CONSIDERANDO: Que, siendo admitido el Recurso por Auto de 18 de diciembre de 2001, corriente a fs. 39 vta. de obrados, e instalada la audiencia el 21 de diciembre del mismo año como consta en el acta de fs. 97, los recurrentes a través de su abogado ratifican lo expuesto en su demanda y la amplían manifestando que los recurridos no ingresaron en forma pacífica ya que fueron acompañados por efectivos policiales, lo cual “por si ya denota intimidación”.

CONSIDERANDO:  Que, el amparo instituido en nuestra economía jurídica constitucional, como una garantía para la protección de los derechos fundamentales frente a los actos ilegales u omisiones indebidas que los amenacen, restrinjan o supriman, tiene como características esenciales la subsidiaridad y la inmediatez.

Que, en el caso de autos, no obstante las referidas características, es necesario otorgar la tutela requerida, dado que los recurrentes ante la vía de hecho arbitraria de los recurridos no tienen otro camino inmediato para restituir sus derechos vulnerados, pues las instalaciones donde funcionaba su sede, fueron intervenidas sin que el Sindicato conozca de ninguna solicitud de intervención o de trámite alguno que hubiera dado como resultado la resolución de su intervención, lo cual está plenamente demostrado con la aseveración del informe de la parte recurrida y los antecedentes, ya que la resolución como el acta de la intervención se refieren exclusivamente a la “Cooperativa 6 de Agosto”, persona jurídica distinta a la del “Sindicato Taxi Trufis 8 de Mayo”, como lo ha reconocido la misma recurrida en su informe.

Que, en consecuencia pretender la improcedencia del recurso bajo el argumento de que los recurrentes podían acudir a otras instancias como INALCO y el Ministerio de Trabajo, no se ajusta al caso, ya que el Sindicato no está legitimado ante dichas instancias para impugnar una medida dispuesta contra otra persona jurídica distinta, en esos términos su petición hubiera sido rechazada en el acto.

Que, una intervención como la efectuada importa un acto ilegal que no sólo deja en evidencia la infracción a derechos fundamentales invocados, sino también la actitud arbitraria y poco responsable de los recurridos, quienes tenían la obligación de cerciorarse previamente si la Cooperativa a la cual debían intervenir seguía teniendo su sede en la misma dirección del Sindicato, o en su caso, si fue liquidada; al no hacerlo han violado el art. 21 constitucional, que garantiza la inviolabilidad del domicilio, al cual sólo se puede ingresar con el consentimiento del que lo habita o en su caso con orden de autoridad competente, requisitos que los recurridos no observaron a tiempo de realizar los actos de intervención.

Que, sin embargo el acto ilegal aludido, no puede ser imputado a la recurrida, dado que en el acta de intervención no consta su presencia y no existe ninguna documental que acredite una orden impartida por ella al respecto, de manera que no se ha podido establecer su participación en el acto lesivo.