SENTENCIA CONSTITUCIONAL N° 912/01-R

Considerando: Que la recurrente en su demanda de 12 de julio de 2001, cursante de fs. 21 a 22 de obrados,  manifiesta que  es propietaria  de un inmueble urbano ubicado en la  esquina formada por las calles Marciano Treu y Celso Sandoval zona Oeste del Pueblo de Buena Vista,  Provincia Ichilo del Departamento de Santa Cruz, que limita al Sud-Oeste  con un terreno baldío que fue  pista de aterrizaje para avionetas y que es propiedad de la Alcaldía Municipal.

Refiere que los primeros días de junio del presente año, aprovechando su ausencia, con maquinaria pesada de la Alcaldía Municipal derribaron su alambrado y árboles realizando movimiento  de tierras  en el límite de su terreno con la  pista, con el objeto de abrir una calle de acceso a un  Hospital en construcción, sin tomar en cuenta que la nueva calle  está ubicada en forma paralela  a una que ya existe,  que  fue abierta por el uso diario  de las personas que por allí transitan es decir que el acceso al   Hospital ya existía.

Que la pretensión de realizar una avenida que no es necesaria  en una zona despoblada,  donde  no existe flujo vehicular que la justifique, constituye una amenaza  que restringe su derecho propietario protegido por el  art. 7-i) y 22 de la Constitución Política del Estado, concordante  con el art. 122-II de la Ley de Municipalidades. Por lo que  interpone el Recurso de Amparo Constitucional, solicitando sea declarado procedente  disponiendo la reposición del alambrado y se  prohiba la afectación  de  su terreno, con pago de daños, perjuicios y costas. 

Considerando: Que el presente Recurso tiene su origen en el hecho de que la Alcaldía de Buena Vista mediante su maquinaria pesada, según se ha constatado en los datos del proceso,   utilizando la violencia derribó el alambrado y árboles de la propiedad de la recurrente realizando movimientos de tierra en los límites de su terreno, aprovechando además la circunstancia que aquella se encontraba ausente, con el objeto de abrir una vía pública que no es necesaria por la existencia de otra que cumple la misma finalidad, con la amenaza de proceder a su expropiación, no habiendo además la Alcaldía Municipal recurrida, demostrado que se hubiere dictado la Ordenanza Municipal de expropiación menos el pago del justo precio.

Que esta conducta de la autoridad recurrida resulta ilegal y arbitraria, por cuanto si bien el Gobierno Municipal  conforme establece el art. 122 de la Ley de Municipalidades Nº 2028, está facultado para ejercer el derecho de expropiación de propiedades privadas  mediante Ordenanza Municipal, debe cumplir con los requisitos que le señala el mismo precepto en sus incs. I) y II) referidos  a la declaratoria de necesidad y utilidad pública previo pago de indemnización justa, aspectos que no han sido demostrados por el demandado, quien no concurrió a la audiencia pese a su notificación legal.

Que en el caso de autos, se ha dado una actitud de hecho totalmente ilegal que vulnera  el derecho a la propiedad de la recurrente consagrado por los arts. 7-i) y 22 de la Ley Fundamental por lo que corresponde prestarle protección inmediata, dando aplicación al art. 19 de la Constitución Política del Estado por cuanto  el Amparo Constitucional tiene como finalidad principal resguardar con la inmediatez del caso, los derechos fundamentales de la persona cuando hubieren sido objeto de restricción en su ejercicio o supresión; o cuando exista amenaza de restringirlos o suprimirlos.