SENTENCIA CONSTITUCIONAL N° 1041/01-R
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL N° 1041/01-R

Fecha: 21-Sep-2001

2.

2.   Por su parte el abogado del recurrido, informa los siguientes aspectos: 1) la Aduana en su función fiscalizadora constata que tránsitos de mercaderías internacionales no obstante haber pasado por controles fronterizos no llegaron a destino para la nacionalización de la mercaderías transportadas lo que constituye delito de contrabando, entre los que se encuentra la empresa Trans Pagador”; 2) para regularizar los tránsitos inconclusos, la Aduana Nacional hace conocer públicamente el 18 de noviembre de 2000 el Régimen de Excepciones de Tránsitos no Arribados y como emergencia de él la obligación de los transportistas para regularizar su situación presentando los descargos o el pago de tributos omitidos, cumpliendo muchos de ellos y no así el recurrente pese a la prórrogas dispuestas; 3) en el proceso administrativo se procedió conforme a Ley, realizando la citación mediante edicto otorgando plazos legales, hasta la emisión de la Resolución Administrativa GRORU Nº 208/00 que declara probado el delito de contrabando contra varios de los que no se apersonaron en el proceso- entre ellos Trans “Pagador”-, fallo que en consulta es confirmado por la Presidenta de la Aduana Nacional; 4) el recurrente solicita en 30 de julio del año en curso, la  nulidad y se lo excluya del proceso, pedido extemporáneo por haberse ejecutoriado las Resoluciones que cuestiona en la vía administrativa conforme determina el art. 174 del Código Tributario y si  dentro del término señalado por dicha disposición no ha planteado impugnación del acto administrativo el Tribunal Constitucional  no es competente para anular o dejar sin efecto el proceso administrativo, por no ser sustitutivo.

El representante del Ministerio Público emite dictamen porque se declare improcedente el Recurso con el argumento de  no  haberse justificado qué derecho constitucional del recurrente se ha vulnerado y además que el Ministerio Público sale en defensa del interés colectivo, que en los delitos de contrabando atentan contra la economía nacional.