SENTENCIA CONSTITUCIONAL N° 064/2002-R

CONSIDERANDO: Que,  por memorial de fs. 37 a 42, presentado el 19 de octubre de 2001, el recurrente manifiesta que la Corte Nacional Electoral reconoció la personalidad  jurídica  de la agrupación política “ Fuerza Joven”, aprobando a su vez  su simbología,  sigla, color  y sus representantes ante las instancias nacionales. Añade  que el 2 de mayo de 2000,  de forma  ilegal e intempestiva, la Corte  Nacional  emitió  la Resolución 130/2000,  por la cual procede, sin previo proceso ni conocimiento del afectado, a cancelar  la personalidad y registro de dicha Organización Política  bajo el argumento de haber incurrido en la causal  de cancelación de personalidad, contemplada en el  art. 44-III de la Ley 1983 de Partidos Políticos.

Que, de esa manera, la Corte Nacional Electoral infringió  no sólo las normas del debido proceso, como la publicidad, contradicción, inmediación, etc., además  del derecho a la defensa,  sino que les ha privado del derecho a los recursos, puesto que jamás se le notificó con la Resolución  130/2000 como representante legal  del partido.  Que la Corte Nacional Electoral, pretendiendo darle visos de legalidad, notificó el 30 de mayo de 2000 con la Resolución cuestionada  a Gonzalo Fernández,  que en alguna oportunidad fue designado como delegado del partido para determinados actos que nada tienen que ver con la representación  del partido, mucho menos  con los actos relacionados  con la extinción de la personalidad jurídica del  mismo, y más aún cuando dicha representación fenecía el 10 de enero de 2000, fecha en la que su persona comunicó a la Corte  que el único representante legal como Jefe Nacional del Partido era su persona.

Que,  el 8 de junio de 2000 realizaron el reclamo en tiempo oportuno,  pero la Corte les comunicó que la Resolución estaba ejecutoriada, interpretando inadecuadamente los arts. 44 y  45 de la Ley de Partidos Políticos, obrando de oficio y coartando su derecho al ejercicio de cualquier recurso ordinario, al no haber seguido el procedimiento previsto por los arts. 71 a 77 de la citada Ley, que es concordante con el art.  16 de la Constitución Política del Estado.   Con tal fundamento  pide que el Recurso sea declarado procedente y se disponga  dejar sin efecto la Resolución 130/2000.

CONSIDERANDO:   Que, habiendo sido admitido el Recurso por Auto de 19 de octubre de 2001, corriente a fs. 44, se instaló la audiencia pública de Amparo el 13  de noviembre de 2001, cuya acta cursa de fs. 73 a  74,  en la que los recurrentes ratificaron  los términos de la demanda, añadiendo que,  respecto del incidente de declinatoria  de competencia planteado por el recurrido,  por mandato de la Constitución Política del Estado  el Tribunal tiene competencia nacional y por consiguiente puede conocer y resolver Amparos Constitucionales  sin objeciones de incompetencia. Que así establece la amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Que, el apoderado y representante legal de la parte recurrida ratificó el tenor del   memorial de fs. 69  pidiendo declinatoria de competencia,  invocando el art. 10-1) y 2)  del Código de Procedimiento Civil, argumentando que  la Corte Nacional Electoral tiene domicilio en la ciudad de La Paz  y  que  todas su actividades administrativas como jurisdiccionales se encuentran en esa ciudad.

CONSIDERANDO:  Que, por memorial de 9 de noviembre de 2001 corriente a fs. 69, el apoderado de la parte recurrente pide al Tribunal de Amparo decline de competencia, por cuanto el domicilio único de la Corte Nacional Electoral está ubicado en la ciudad de La Paz, solicitud que en sentencia fue admitida por dicho Tribunal, declinando competencia y disponiendo que se remitan obrados a la Corte Superior de Justicia de La Paz para que resuelva el Recurso de Amparo Constitucional.