I.2. Argumentos jurídicos del recurso
Argumentan los recurrentes mediante un memorial impreciso y nada claro, que el art. 48 del Código de procedimiento penal ordinario al disponer en su parte última que en ningún caso los civiles podrán ser sometidos a la jurisdicción militar se contrapone al art. 209 de la Constitución Política del Estado (CPE) el art. 26 y siguientes de la Ley orgánica del las fuerzas armadas de la Nación, Ley 1405, de 18 de diciembre de 1992 y art. 3 de la Ley de organización judicial militar, aprobada por D.L. 13321 de 22 de enero de 1976, que establecen que la administración de justicia militar se ejerce a nombre de la nación por las autoridades, tribunales y jueces establecidos en los códigos militares, quedando sujetos a esta jurisdicción los bolivianos y extranjeros por razón de delitos que afecten a materias militares.