SENTENCIA CONSTITUCIONAL N° 232/2002-R

1.     Moisés Illanes Ancalle presenta Recurso de Amparo Constitucional a fs. 4 y 5, expresando que dentro del proceso penal seguido en su contra por el delito de asesinato,  en 12 de septiembre de 1991 se dictó sentencia condenándolo a una pena de 30 años de presidio a ser cumplida en el Penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, resolución confirmada por Auto de Vista 752/91 que adquirió el sello de cosa juzgada. Las autoridades penitenciarias de ese entonces, pretextando que los internos habían solicitado un cambio, lo trasladaron al Penal de San Pedro de Chonchocoro, sin denunciar a las autoridades pertinentes para una investigación, violando su derecho de defensa.

Menciona que ante un hecho injusto, presentó queja ante los vocales que visitan las cárceles, pero no supieron darle soluciones, al contrario le dijeron que acuda ante la autoridad que dispuso su traslado, es así que solicitó por escrito al Director del Régimen Penitenciario, quién le indicó que perdió competencia para resolver dicha situación. Por estas razones, en abril y julio de 2001, recurrió ante el Juez de Oruro quién, de similar manera, expresó que ocurra ante el Director General de Régimen Penitenciario.

Finalmente manifiesta que plantea el presente Recurso, por cuanto se ha violado su derecho a su dignidad y libertad, al no permitir que permanezca en el lugar que se fijó en sentencia, además de habérsele violado su derecho al trabajo, por cuanto por la distancia del recinto en el que se encuentra, no puede comercializar las miniaturas de venesta que fabrica.

1.     Que presentado que fue el Recurso el 10 de diciembre de 2001 (fs. 5), por Auto de 11 de diciembre de 2001, el Tribunal de Amparo, compuesto por los vocales de la Sala Penal Primera de la Corte Superior de La Paz, señaló audiencia para el 14 de diciembre de 2001, a efecto de que se expida despacho instruido, comisionando al Juez de Turno en lo Penal del Distrito de Oruro, notifique al Dr. Artemio Arias Romano, Juez Primero de Partido en lo Penal de Oruro (fs. 6).

2.     Que en audiencia pública, previo informe de la Secretaria de Cámara, el Tribunal de Amparo dispone la suspensión de la audiencia para el 18 de diciembre de 2001, por cuanto no existe notificación legal al Juez de Partido en lo Penal de Oruro recurrido, a fin de no incurrir en vicios de nulidad  (fs. 8).

3.     Que en 19 de diciembre de 2001, se lleva adelante la audiencia pública de Recurso de Amparo, informando la Secretaria de Cámara que, la provisión citatoria hasta la fecha, no ha sido devuelta con el diligenciamiento correspondiente, información ratificada por la abogada de la parte recurrente quien señala que el Juez recurrido no ha sido notificado por haber salido de vacaciones hasta el 10 de enero de 2002 (fs. 90).

Considerando: Que conforme establece el art. 19-III de la Constitución Política del Estado, norma con la que concuerda el art. 100 de la Ley Nº 1836, en la tramitación del Recurso de Amparo Constitucional, a tiempo de admitir el recurso se ordenará la citación personal o por cédula a la autoridad recurrida, a efecto de que preste la información correspondiente y en su caso, presente los actuados concernientes al hecho denunciado, en el plazo máximo de 48 horas.

Que en el caso de autos, es evidente que el recurrido no fue citado personalmente ni por cédula en su oficina con el auto de 11 de diciembre de 2001 que dispone la admisión del recurso y señala la audiencia, tampoco ha sido citado con el nuevo Auto, por el que se señala nuevo día y hora de audiencia; sin embargo de ello y en su ausencia, se ha realizado la audiencia de Amparo Constitucional el 19 de diciembre de 2001 y, lo que es peor, se ha pronunciado resolución en la misma declarando improcedente al recurso, violándose así su derecho a la defensa.

Que finalmente, cabe aclarar que el art. 66 de la Ley 1836 invocado por el Tribunal de Amparo para señalar que el Tribunal Constitucional no tiene atribuciones para conocer el asunto del caso de autos, es erróneo; por cuanto tal precepto se refiere única y exclusivamente al Recurso Incidental de Inconstitucionalidad, previsto en el Título Cuarto, Capítulo III de dicha Ley, constituyendo una interpretación forzada, la pretensión de aplicarla al presente Recurso de Amparo Constitucional. Este Tribunal, en situaciones similares a la presente, estableció en su jurisprudencia que tal precepto sólo es aplicable al Recurso Incidental, como se señala en las Sentencias Constitucionales 153/2000-R, 1203/2001-R, 197/2002-R entre otras.