SENTENCIA CONSTITUCIONAL N° 241/2002-R

1.     Efectuada la audiencia pública el  8 de febrero de 2002, tal como consta en el acta de fs. 19 a 23,  el  abogado del recurrente se  ratifica en la demanda y la amplía en sentido de que: a) en el proceso de asistencia familiar que le sigue la madre de su hijo no coincide el nombre de aquélla con el de la demandante, acción que se inicia en junio de 1996 a los seis días de haberse firmado el acuerdo transaccional de asistencia familiar, llevándose a cabo en forma fraudulenta y dolosa  notificándolo en el domicilio de su padre quien indicó que se encontraba en Canadá, razón por la que no se enteró de dicho proceso; b) por las pruebas que presenta se evidencia que la demandante vivía con su hijo en Canadá hasta julio de 2001, existiendo certificado  de que el menor estudiaba en dicho país, razón por la que su conviviente le dejó poder a su padre para que siga el proceso mientras ella  hacía vida de hogar con él  y su hijo en dicho país, proceso que concluyó  y que se encuentra en ejecución de fallos; c) la liquidación efectuada de Bs33.000.- no corresponde por cuanto ha probado que no sólo ha vivido con su hijo sino también que debido a una pelea suscitada entre ellos, regresó al país para arreglar la situación, circunstancia aprovechada por la demandante  para hacer efectiva la aprehensión  en su contra, a cuyo efecto sigue aún privado de su libertad, no obstante de que por el certificado expedido por Western Unión consta haber enviado dinero a su concubina cada quince días; d) ante las pruebas presentadas, la Jueza recurrida debió disponer una nueva liquidación de acuerdo al art. 436 parágrafo II) del Código de Familia y ordenar su libertad de la que sigue privado no obstante los constantes reclamos que efectúa.