SENTENCIA CONSTITUCIONAL Nº 569/2002-R

Por su parte el Fiscal recurrido reiteró su informe por escrito (fs. 34-36) en el cual sostiene: 1) Que mediante Acta de Intervención COAOR Nº 160/01 de 30 de noviembre de 2001, se le informó de la intervención a un camión cargado con la mercadería referida por las recurrentes, quienes posteriormente se apersonaron pidiendo la liberación de la mercadería indicando que no habían cometido ningún delito; que la misma solicitud fue presentada por el representado, a cuyo efecto en cumplimiento de las Ley General de Aduanas, sus Decretos Reglamentarios y el art. 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público requirió porque la Aduana de Santa Cruz informe si toda la documentación presentada respaldaba las peticiones, que al resultar negativos los informes solicitados, los mismos son impugnados; 2) que con el fin de otorgarles cobertura y “una opción de defensa en la presentación de pruebas de descargo no se procedió al inicio de la investigación confiando en la buena fe y la transparencia de los imputados”; 3) que el Juez Instructor Sexto en lo Penal llamándole la atención por no haber cumplido el art. 211 de la Ley Nº 1990, amplió el plazo de la investigación por el de 10 días, el cual no fue cumplido y 4) que el incumplimiento de los plazos no fue objeto de ningún incidente ante la autoridad jurisdiccional correspondiente.