SENTENCIA CONSTITUCIONAL Nº 695/2002-R

1.  Que, dentro de la demanda de rendición de cuentas interpuesta por el recurrido Hilarión Portillo Quiroga como representante de la Sociedad Educativa Bolivia-Japón S.R.L contra Gualberto Palomeque en su calidad de Director, se solicitaron las medidas precautorias de prohibición de innovar y la intervención judicial (fs. 17-18), a las cuales dio curso el Juez Tercero de Instrucción en lo Civil del Distrito de Oruro (fs. 28 vta.), a cuyo efecto se expidió orden instruida (fs. 31-34) que fue ejecutada en Cochabamba respecto a la interventora judicial nombrada -ahora recurrida- (fs. 40).