AUTO CONSTITUCIONAL 049/2003-CA

Raquel Gutiérrez Sosa dentro del proceso social sobre cobro de beneficios sociales seguido por Jorge Amador Arana Farell en su contra, solicita al Presidente y Vocales de la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Santa Cruz, promuevan recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad contra el Código Procesal del Trabajo, especialmente de sus arts. 3 inc. h), 66, 150 y 216 y art. 12 de la Ley de Abolición de prisión y apremio corporal por obligaciones patrimoniales, Ley 1602 de 15 de diciembre de 1994.

Argumenta que el Decreto Ley 16896 de 25 de julio de 1979, intitulado Código Procesal del Trabajo, inflinge lo establecido por los arts. 59-1º, 29 y 30 de la Constitución Política del Estado (CPE) y los artículos 3 inc. h), 66 y 150 del Código Procesal del trabajo impugnados, infringen  los arts. 16.I y 6 CPE, al establecer que corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción, presumiendo su culpabilidad al disponer que la carga de la prueba corresponde al empleador y al eximir al trabajador demandante de su obligación de probar el hecho constitutivo de su derecho. Asimismo afirma que tanto el Código Procesal del trabajo y especialmente los artículos impugnados, violan y son contrarios a los arts. 2, 4, 8.a), 16.II y IV, 30, 115-I, 31, 32, 35, 46-I, 69, 89-3, 71, 72, 80, 81, 96-1-4, 116-VI, 228, 229 y 235 CPE.

Por otra parte, argumentan que el art. 12 de la Ley de Abolición de Prisión y apremio corporal por obligaciones patrimoniales, Ley 1602 de 15 de diciembre de 1994,  al establecer el apremio por deudas en los procesos por beneficios sociales, viola el inc. 7 del art. 7 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” de 22 de noviembre de 1969 y el art. 9-I CPE.