SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0932/2003-R

En el memorial presentado el  5 de mayo de 2003 (fs. 43 a 46), el  recurrente, manifiesta que es miembro de la Policía Nacional con 16 años de servicio,  y que el 17 de diciembre de 2001 fue detenido en la ciudad de El Alto en mérito a una denuncia sobre la supuesta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas. No obstante haberse identificado como miembro de la institución policial, se elevó un informe falso al Comando General de la Policía Nacional, sin respaldo probatorio alguno, en base al cual la autoridad recurrida  expidió la Resolución 458/2001 de 18 de diciembre de 2001, por la cual se le dio de baja con ignominia, sin que previamente se le hubiera seguido proceso disciplinario, en flagrante violación de las normas contenidas en el Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Policía Nacional, así como de sus derechos fundamentales.

Posteriormente, fue sometido a un proceso penal por tráfico de sustancias controladas, en el que el Ministerio Público no pudo demostrar que fue el autor o partícipe de ese hecho ilícito. Por otra parte, el 9 de febrero y 25 de junio de 2002, solicitó su reincorporación a la Policía Nacional, acompañando un certificado en el que constaba que el Ministerio Público rechazó la denuncia interpuesta en su contra suya, y que el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal de El Alto declaró extinguida la acción penal en su favor, pero sus memoriales no fueron considerados, por lo que tuvo que recurrir a la oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional, la que el 6 de marzo de 2003 sugirió que se consideren las peticiones planteadas a fin de no vulnerar sus derechos fundamentales. Pese a ello,  el Alto Mando Policial se niega a restituirle sus derechos.