SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1062/2003-R

El Banco Santa Cruz SA concedió a su favor y su esposa Maria Gina Pedraza de Kamiya un contrato de apertura de línea de crédito hasta la suma de $US800.000.- con ampliación de monto y  ratificación de plazo, hasta la suma de $US1.000.000.- con destino a la construcción del condominio “Lomas del Sur”, con la fianza de Eduardo Renan Novoa Deza, Javier Ernesto Soraiz Maxiud y Roque Luis Soto Soliz, y con garantía hipotecaria sobre un lote de terreno.

Añade que la mencionada entidad bancaria en 22 de mayo de 2001, les inició acción ejecutiva  ante el Juzgado Quinto de Partido en lo Civil y Comercial de la capital, dentro de la que opuso oportunamente excepciones de incompetencia del Juez, impersonería en el ejecutante y falta de fuerza ejecutiva en los documentos base de la demanda por falta de plazo vencido. Es así que el Juez de la causa dictó la Sentencia 113/2002 de 20 de abril de 2002, que declaró probada la demanda e improbada las excepciones, resolución que en apelación fue confirmada por la   Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante el Auto de Vista de 8 de octubre de 2002.

Refiere que dentro del mencionado proceso no se demostró la personería de quienes decían y dicen representar al Banco ejecutante, el Juez no tenía competencia para conocer el juicio ejecutivo, observa asimismo falta de fuerza ejecutiva en el contrato de apertura de línea de crédito por falta de plazo vencido, como en los contratos de préstamos de dinero por el mismo motivo además de los documentos -base de la ejecución - que por actos ilegales  en los reconocimientos de firmas en los contratos de préstamos,  son nulos de pleno derecho. Por ello al haberse  conculcado derechos y garantías constitucionales, normas legales procesales de cumplimiento obligatorio y darse curso a su ejecución, interpone el presente recurso con la finalidad de hacer prevalecer sus derechos  constitucionales.