SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0486/2004-R

En la demanda presentada el 16 de febrero de 2004 (fs. 7 y 8), el recurrente manifiesta que la autoridad recurrida en franca colusión y en conspiración criminal con el súbdito extranjero Paúl Roosenbom, gerente propietario de la empresa INPA PARKET, están violando sus derechos y garantías constitucionales, establecidos en los arts. 6, 7, 8 y 9 de la Constitución Política del Estado (CPE). Refiere que dicha autoridad policial, sin que exista denuncia en su contra, ha efectuado una cacería de brujas, con total amedrentamiento psicológico y de forma dolosa, pretendiendo inmiscuirlo en hechos delictivos no cometidos por su persona, todo en vendetta porque presentó una querella contra el mencionado extranjero por difamación, calumnias e injurias muy graves; añade que la autoridad policial con un subalterno, mediante intimidación y con fines extorsivos llevaron en calidad de detenidos a los ciudadanos Carlos David Yabeta Hurtado, Juan Mamani Huanca y Roberto Pedraza Castellón y los sometieron a un intenso interrogatorio, pretendiendo obligarlos a declarar que su persona les habría vendido madera de primera calidad de la firma INPA PARKET, los mismos que declararon que simplemente les vendió raspete, ripas y leñas, declaraciones que fueron tomadas sin la presencia del Fiscal adscrito de Concepción.

Alega que el recurrido ha adecuado su conducta dolosa y antijurídica a lo descrito por los arts. 146, 151, 152 y 153 del Código penal (CP), puesto que realiza una investigación en su contra sin que previamente se haya abierto el caso y sin que exista denuncia, ni haya sido citado para el efecto, por lo que es víctima de una persecución ilegal, toda vez que no ha cometido ninguna ilegalidad relacionada con algún delito, y para su verificación acompaña al presente recurso un certificado negativo de antecedentes.