SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1359/2004-R

Por memorial presentado el 4 de junio de 2004, cursante de fs. 5 a 7, el recurrente asevera que dentro de la investigación seguida por la Aduana Nacional contra  Dionisio Farfán por el supuesto delito de contrabando, las autoridades recurridas procedieron al decomiso y al secuestro de su vehículo marca Toyota -destinado al transporte público-, porque el imputado transportó en él unas cajas de cartón. Por ese motivo se apersonó a la Jueza de Instrucción de Bermejo, para solicitar la entrega del vehículo, expresándole que la medida no había sido ordenada, lo que implica que los recurridos al haber dispuesto una medida cautelar han realizado actos jurisdiccionales que le corresponden privativamente al Tribunal Aduanero de Sentencia conforme los arts. 190, 193 inc. c) y 201 de la Ley General de Aduanas (LGA), ya que si bien el art. 191 de la citada ley faculta a la administración de la Aduana a realizar actos de investigación y a efectuar decomisos, los mismos deben ser ordenados a través de una resolución judicial motivada y fundamentada en derecho. En ese entendido, la medida dispuesta por los recurridos afecta sus derechos constitucionales porque en forma ilegal a arbitraria se ha procedido a decomisar su medio de trabajo, pues se dedica al transporte público siendo su vehículo su herramienta de trabajo, no estando obligado a registrar los objetos que transporta porque ello implicaría vulnerar el derecho a la propiedad, razón por la cual deduce el presente recurso.