III.2.
III.2. Respecto al fondo de lo determinado por el referido decreto de 18 de febrero de 2006, que negó la apertura del procedimiento previsto por las normas del art. 102.VI de la LTC para la calificación de los daños y perjuicios ocasionados por las lesiones a los derechos fundamentales del recurrente; se debe precisar que si bien es cierto que las normas previstas por el art. 102.II de la LTC establecen que "La resolución que conceda el amparo, determinará también la existencia o no de responsabilidad civil y penal…", de una interpretación teleológica de dicha norma, se establece que la imposición de responsabilidad civil no es obligatoria, sino más bien potestativa; vale decir, que el Tribunal Constitucional, valorando los elementos de cada asunto, impondrá responsabilidad civil o penal, o no lo hará, dependiendo de cada caso particular; es de suponer que cuando no se imponga la responsabilidad civil, no tiene por que llevarse a cabo el procedimiento de calificación de los daños y perjuicios, establecido por las normas del art. 102.VI de la LTC.
Para el caso en que las partes consideren que la decisión de imponer o no responsabilidad civil no ha sido correcta, o es un omisisón involuntaria del Tribunal Constitucional, por ser éste un aspecto accesorio, que no modifica el fondo del asunto, tienen abierta la vía de la enmienda o complementación prevista por las normas del art. 50 de la LTC.
En el caso presente, la SC 0259/2005-R, se limito a aprobar la resolución del Tribunal de amparo que no concedió responsabilidad civil, lo que equivale a decir que no se determinó responsabilidad civil, por lo que el recurrente, de pretender que se le restituya posibles daños y perjuicios, debió reclamar tal hecho, mediante la vía de la complementación o enmienda; empero, no acudió a dicha facultad, dejando que la Sentencia Constitucional se consolide de la forma en que fue emitida.