II.2. Naturaleza jurídica del amparo constitucional y alcance de la tutela ante medidas de hecho
El recurso de amparo constitucional, consagrado ahora como acción de amparo constitucional por el art. 128 de la CPE, está instituido por la Ley Fundamental como una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la misma Constitución y la ley.
En ese sentido, esta acción de defensa tiene por finalidad única el resguardo de los derechos fundamentales de quien acude buscando tutela, lo que determina su alcance en relación a la protección de derechos y garantías constitucionales, ello conlleva a su vez que para otorgar la tutela por vías de hecho, además de demostrarse la existencia de las mismas, se debe comprobar que fueron de tal magnitud, que la voluntad en efecto estuvo totalmente viciada y no hubo ninguna posibilidad de oponerse o abstenerse de determinado acto, por cuanto las simples presiones, amenazas y otras situaciones que se presentan en forma cotidiana, más aún en el ejercicio de un cargo por elección o una función pública, no tendrían ninguna incidencia directa en la voluntad de una persona.
Es así que la SC 0234/2010-R, de 31 de mayo, recogiendo la jurisprudencia constitucional sobre la tutela excepcional por medidas de hecho, establece: “Respecto a los actos que ponen en estado de necesidad al recurrente, ahora accionante, la jurisprudencia incluido entre ellos a las medidas de hecho que provocan la urgencia de otorgar la protección directa, inmediata e impostergable por parte del Estado, conceptualizadas en la SC 0832/2005-R de 25 de julio, como '…los actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al agraviado, actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata que brinda el amparo por vulnerar derechos fundamentales.”