SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0278/2010-R

Antes de entrar a resolver la problemática planteada por la accionante, corresponde señalar, que la labor jurisdiccional no esta inmune al flagelo de error o equivoco judicial, que puede manifestarse de diversas formas y provenir de diferentes canales, que al consumarse en una resolución judicial o en un actuado de comunicación, pueden generar daño que muchas veces resulta irreparable; cuando el error no es corregido oportunamente por los mecanismos jurisdiccionales ordinarios o extraordinarios, siendo la única alternativa una indemnización, que en nuestro país todavía no está muy desarrollada, afirmación que resulta objetivada si comparamos con la de nuestros vecinos, como el caso de la legislación Argentina y un poco más lejos la Anglosajona, donde todo aquel que causa algún daño a otro está obligado a repararlo siendo que esta obligación se extiende incluso contra el Estado del cual forman parte los órganos jurisdiccionales ordinarios.

En el amplísimo campo del error judicial unas veces reconocido y otras veces negado con vehemencia que puede generar el fraude procesal, nos interesa el error-vicio, o sea aquel que influye sobre la formación de la voluntad del juzgador a tiempo de generar el acto procesal, y dentro de este campo el error culposo, en el que se cae por negligencia, descuido, falta de previsibilidad, falta la intensión deliberada y el error doloso, al que se llega intencionalmente, de forma premeditada, querida, y buscada, con diferente fines, el primero es excusable y el segundo al estar cargado de un animus nocendi es inexcusable.

En virtud al principio de verdad material que inspira la administración de justicia ordinaria (art. 180 de CPE), estos errores deben ser corregidos, enmendados, los que no pueden ser cubiertos por el velo de una supuesta cosa juzgada formal o material, pues la justicia y sus valores más altos no puede fundarse en errores y a costa de las víctimas de esos hechos que lesionan sus derechos.