AUTO CONSTITUCIONAL 0448/2010-CA

En ese sentido, el requerimiento acusatorio del Fiscal General de la República, la solicitud de autorización de juicio de responsabilidades que tramita la Corte Suprema de Justicia ante el Congreso Nacional y hasta la propia autorización del Congreso Nacional, constituyen actos procesales previos al proceso penal, perteneciendo a la fase preliminar o previa, donde no se toma ninguna decisión final por autoridad jurisdiccional que cause estado; en este sentido, el Tribunal Constitucional en el AC 0315/2010-CA de 9 de junio, señaló: "…en los casos en que el presente incidente de inconstitucionalidad, sea planteado a instancia de parte ante los fiscales a cargo de la investigación durante la etapa preparatoria, al no darse los presupuestos mínimos de procedencia, corresponde el rechazo "ad portas" sin que sea necesario correr traslado, tampoco admitir o elevar en consulta ante este Tribunal, debiendo proseguir con el proceso investigativo" (las negrillas son nuestras), jurisprudencia que resulta aplicable al presente caso; vale decir, que el incidentista no ha dado cumplimiento al art. 59 de la LTC, que prevé: "El recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad procederá en los procesos judiciales o administrativos..."; en consecuencia, como el recurso ha sido interpuesto en la fase preliminar de la proposición acusatoria y no dentro del mismo proceso penal, tal cual lo admite el propio incidentista al indicar que promueve el incidente "…dentro del `procedimiento preliminar de investigación` iniciado por la Fiscal General de la República…" (sic), el presente recurso carece de fundamento jurídico-constitucional, que amerite una resolución en el fondo, correspondiendo su rechazo.