SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0034/2011-R

El 12 de febrero de 2009, cuando se disponía a viajar al exterior del país vía aérea, fue informada por funcionarios de Migración del aeropuerto de Viru Viru, que se emitió en su contra una orden judicial de arraigo, por lo que no podía salir del país, orden que emanó del Juzgado Segundo de Partido del Trabajo y Seguridad Social a solicitud de María de los Reyes Cortez Pazos como medida precautoria para asegurar una pretensión de pago de beneficios sociales adeudados por “AVON Bolivia Ltda.

María de los Reyes Cortez Pazos actuó maliciosamente al dar la sensación de arreglo y luego solicitar medida precautoria señalada, además, nunca fue citada personalmente, ni como representante legal de “AVON Bolivia Ltda.,” para audiencia de conciliación ante el Ministerio del Trabajo como requisito previo a la presentación de cualquier acción judicial.

El arraigo persigue asegurar la presencia de una persona en un proceso, situación que no se da en su caso, ya que nunca fue citada con ninguna demanda. La medida no puede restringir su libertad personal por una obligación patrimonial, pues la excepción para la procedencia del arraigo en materia laboral, está dada para el supuesto de haberse dictado sentencia y en el caso, no se dan las condiciones previstas por el art. 102 del Código Procesal del Trabajo (CPT) para la procedencia del arraigo, de tal modo que el arraigo dispuesto en su contra se constituye en un acto arbitrario e ilegal que lesiona y restringe su derecho constitucional a la libertad de locomoción.