SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0116/2011-R

El entendimiento jurisprudencial precedente corresponde ser aplicado al caso en análisis, en virtud a que la accionante alega que su representado dentro del proceso penal seguido en su contra por el delito de violación no cuenta con sentencia con calidad de cosa juzgada, encontrándose detenido desde el 16 de abril de 2002 y no obstante ello las autoridades judiciales no se pronunciaron sobre su solicitud de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, tampoco resolvieron su recurso “apelación”.

En ese orden, de acuerdo con la jurisprudencia precedentemente glosada la pretensión del representado de la accionante de que a través de esta acción tutelar se declare la extinción de la acción penal y se ordene el archivo de obrados, así como la falta de pronunciamiento del recurso de “apelación”, no pueden ser atendidas mediante ésta acción al no encontrarse dentro de los alcances de su ámbito de protección, por no concurrir los presupuestos de causalidad establecidos por la jurisprudencia constitucional, en el entendido que la solicitud de extinción de la acción penal no se encuentra directamente vinculada con la supresión de su derecho a la libertad personal por no haber operado como causa de su restricción, en atención a que la privación de libertad obedece a la orden de detención preventiva pronunciada dentro del proceso penal seguido contra el representado de la accionante por la presunta comisión del delito de violación.

Consiguientemente, el presunto procesamiento indebido por mora procesal no se encuentra dentro de los alcances del art. 125 de la CPE, dado que las lesiones al debido proceso, en las que no exista una relación directa entre el acto considerado lesivo y el derecho a la libertad suprimido o restringido, están llamadas a ser resguardadas no por la acción de libertad, sino por la acción de amparo constitucional, previo el agotamiento de los medios y mecanismos ordinarios previstos por el ordenamiento jurídico.