III. La SC 2297
El recurrente denunció que se vulneró su derecho a la celeridad procesal y los principios de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y tutela judicial efectiva, por cuanto fue condenado a una pena privativa de libertad de tres años y seis meses por la supuesta comisión del delito de despojo, dentro de un proceso en el que existieron muchas irregularidades, siendo una de ellas, el incumplimiento de los plazos de duración máxima del proceso.
El Tribunal Constitucional denegó la tutela con el argumento que los actos demandados de ilegales están vinculados a la garantía del debido proceso y que, en el caso, no se presentan los requisitos establecidos por la jurisprudencia para el análisis de dicha garantía a través de la acción de libertad, pues, no existió indefensión y las irregularidades denunciadas no se encuentran directamente vinculadas al derecho a la libertad física o personal.
