SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0982/2011-R

         De los antecedentes de la demanda, se verifica que el accionante y los agraviados están siendo investigados por el Ministerio Público a consecuencia de la denuncia formulada por Eduardo Flores Choque en nombre de su padre, Manuel Flores Tusco, por la presunta comisión de los delitos de tentativa de homicidio y lesiones graves, a cuya consecuencia, ante su falta de acatamiento a las citaciones emanadas por el Fiscal de Materia demandado para que brinden su declaración informativa, se expidió mandamientos de aprehensión en su contra, los que fueron ejecutados por un funcionario policial y la intervención de dos testigos de actuación, actuales codemandados, extremo que los agraviados alegan encontrarse al margen del marco de lo legal, por lo que solicitan la tutela de la acción de libertad.

La investigación llevada a cabo bajo dirección funcional del fiscal Félix Santiago Ugarte, se puso a conocimiento del Juez de Instrucción cautelar de Patacamaya el 16 de marzo de 2010, y los mandamientos de aprehensión librados y ejecutados contra los procesados datan de 20 de abril del mismo año; es decir, a momento de la privación de su libertad, argüida como ilegal, la investigación se encontraba bajo control jurisdiccional de la autoridad cautelar de Patacamaya, ante quien los agraviados tenían la obligación de acudir en procura del resguardo del derecho hoy invocado para que se determine lo que corresponda en derecho, y no activar directamente la jurisdicción constitucional; en caso de alegarse conductas ilegales de parte de policías y fiscales, la autoridad competente para resolver los cuestionamientos emergentes de la investigación penal es el Juez de Instrucción en lo Penal, quedando habilitada la vía constitucional sólo en caso que esta autoridad no sea la idónea, célere y eficaz para restituir el derecho a la libertad.