SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1086/2011-R

En el presente caso, el accionante estima la vulneración de sus derechos a la libertad, a la “seguridad jurídica” y la garantía del debido proceso, toda vez que encontrándose detenido preventivamente en celdas de la FELCC; las autoridades demandadas mediante Resolución, modificaron su detención preventiva, disponiendo que sea cumplida en el recinto penitenciario de “Palmasola”, poniendo en riesgo su integridad física.

De la lectura del memorial de la acción de libertad y de la revisión de antecedentes procesales que cursan en obrados, se evidencia que el Director de la FELCC, en atención al mandamiento de detención preventiva librada contra el accionante; pero al no contar con la infraestructura, la seguridad y el personal necesario, en la infraestructura de dicha institución, solicitó que se disponga la remisión al Centro de Rehabilitación de “Palmasola”, siendo así que el Juez Sexto de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante decreto, dispuso el traslado, conforme dispone los arts. 237 y 238 del CPP, sin que se evidencie que con dicho accionar, se conculcaron los derechos y garantías del accionante que justifique la tutela impetrada; asimismo, si el accionante consideraba que su vida e integridad física se encontraba en riesgo y no estaba de acuerdo con la Resolución emitida por la autoridad demandada, éste omite acudir previamente ante el Juez cautelar.

En consecuencia, el accionante al haber acudido directamente a la presente acción tutelar, desconoció la jurisprudencia relativa a la aplicación excepcional de la subsidiariedad en la acción de libertad, puesto que debió recurrir ante el Juez de Instrucción en lo Penal, para que este disponga lo que corresponde en ley, vale decir, antes de acudir al Tribunal de garantías, debió denunciar los actos lesivos que amenazaron sus derechos y demás arbitrariedades en las que supuestamente incurrieron las autoridades demandadas, consecuentemente no es posible activar esta jurisprudencia constitucional sin haber agotado previamente los mecanismos intraprocesales, pues sólo cuando estos han sido agotados corresponde activar esta acción tutelar conforme se ha señalado.