SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1816/2012

Filemón Sandoval Romero, Fiscal de Distrito de Beni, mediante informe escrito cursante de fs. 95 a 96, manifestó: 1) Una actuación se considera ilegal cuando  la autoridad no está facultada para dictar la resolución, en el caso las atribuciones están establecidas en el art. 40 inc. 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP); 2) Si el proceso se encuentra en curso, con una acusación presentada por el Fiscal de Materia de San Borja, no se puede hablar de vulneración al debido proceso, por cuanto será el órgano jurisdiccional que dilucide cualquier incidente por defecto absoluto; por expresa prohibición del art. 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que establece que la autoridad fiscal no puede realizar actos jurisdiccionales, ni los Jueces actos de investigación; en consecuencia no podía  anular las Resolución dictada por el Fiscal de Materia; 3) Resuelta la objeción formulada y revocada la Resolución de sobreseimiento se notificó a las partes, no pudiendo ser modificada por cuanto no está bajo el alcance de la competencia de la autoridad que la pronunció al haber ingresado al tráfico jurisdiccional; 4) Existe incongruencia y falta de precisión en la acción planteada, ya que solicitan se deje sin efecto la Resolución que revocó el sobreseimiento, no obstante que el Tribunal de garantías no puede ingresar a valorar las pruebas que ameritaron la revocatoria; y, 5) Teniendo en cuenta que el requerimiento de acusación presentado ante el órgano jurisdiccional se encuentra en trámite y en consecuencia existen otros medios para impugnar los defectos absolutos o cualquier acto vulneratorio ante el Juez cautelar o en el juicio oral que se desarrollará ante el tribunal de sentencia; por cuanto, la jurisprudencia constitucional establece que para recurrir a una acción de amparo constitucional deben agotarse los medios y recursos dentro del proceso que se ventila.