En revisión la Resolución 11/2012 de 31 de mayo, cursante de fs. 55 a 56, pronunciada dentro de la
Fecha: 13-Ago-2012
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 8 de marzo de 2012, solicitó al Juez Primero de Instrucción en lo Penal la realización de audiencia de cesación a su detención preventiva, misma que de acuerdo a lo dispuesto por el decreto de 9 de marzo de igual año, ésta debía sustanciarse junto a la audiencia conclusiva ya señalada con anterioridad. Sin embargo, “a la fecha” no puede llevarse a cabo, siendo la última suspensión de 28 de mayo del mismo año, por motivos no legales, restringiendo con ello su derecho a la libertad.
Arguye que, este extremo no es la primera vez que ocurre con dicha autoridad; toda vez, que a pesar de haber sido programadas y/o señaladas con una semana entre una y otra las audiencias conclusivas, éstas fueron suspendidas, por lo que considera que este hecho es absolutamente violatorio a su derechos fundamentales ya que los pedidos de cesación a su detención preventiva debieron ser atendidas con la celeridad del caso y en un tiempo prudencial. Siendo así, que ante la imposibilidad de materializarse la audiencia conclusiva, con su nuevo defensor decidió separar su solicitud con el pedido específico de cesación a la detención preventiva mediante memorial de 8 de marzo de 2012.
Refiere también, que su persona fue detenida preventivamente por Resolución 063/2011 de 5 de febrero, que fue emitida por el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal -de ese entonces- dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por los delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y estafa. Por lo que dicho proceso penal se encuentra bajo el control jurisdiccional del Juez Primero de Instrucción en lo Penal, ahora autoridad demandada.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- a)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.5.
- II.10.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE
- No obstante, la naturaleza de esta acción tutelar, al constituirse en un mecanismo de protección contra las lesiones al derecho a la libertad, y medio eficaz e inmediato reparador de ese derecho; empero la existencia de esta garantía constitucional, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus, actualmente acción de libertad; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida
- III.2. De la celeridad en la tramitación de solicitudes de cesación a la detención preventiva
- El art. 178.I de la CPE., señala que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en el principio de celeridad; por lo que, ante la ausencia de una disposición legal que fije un plazo en el que debe realizarse la audiencia de cesación de la detención preventiva, se debe aplicar los arts. 22, 23.I y 180.I de la CPE, relativas a la libertad y celeridad
- Si bien las SSCC 1115/2011-R, 1130/2011-R, 1150/2011-R y 1179/2011-R, entre otras, coinciden en señalar que las autoridades que conozcan las solicitudes de cesación de la detención preventiva, tienen la obligación de tramitarlas con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de plazos razonables, mas su aplicabilidad en la praxis no ha sido objeto de cumplimiento de parte de los juzgadores, lo cual amerita que la frase 'plazo razonable', tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia para considerar este beneficio, debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se encuentra privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el término máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (art. 73 y ss de la CPE), bajo el argumento de existencia de 'sobrecarga procesal' para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad.
- del Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en cuanto al plazo para fijar audiencia, el que queda determinado en según lo señalado supra; vale decir, tres días hábiles
- III.4. Análisis del caso concreto
- REVOCAR