AUTO CONSTITUCIONAL 0003/2013-CA

Por memorial presentado el 17 de diciembre de 2012, cursante de fs. 6 a 8 vta., la recurrente refiere que el 20 de junio del mismo año, fue notificada con una intimación de pago aduciendo exceso de pago de honorarios profesionales, cuando era funcionaria de YPFB el 2003, sin que previamente hubiera existido un debido proceso o hubiese sido notificada con alguna resolución desde ese año.

Considera que, la mencionada intimación fue ejercida por el entonces Presidente interino de YPFB, autoridad que no tiene jurisdicción ni competencia para ese tipo de resoluciones y actos, ya que por mandato legal sólo pueden librarla los jueces del Órgano Judicial en “Materia Civil o Coactivo Civil o Fiscal” (sic), cumpliendo todas las instancias internas tales como una auditoría, proceso sumario, contencioso administrativo, demostrando su responsabilidad civil hasta llegar a un proceso judicial.

Alega que, no existe ningún antecedente respecto a la intimación de pago, mediante nota DAG-759/2012, se le remite el 3 de diciembre de ese año, informe preliminar de Auditoría DGA-25 RALP-16/2012, comenzando recién -en esa gestión- con la respectiva auditoría interna; por lo que, no existe ningún proceso administrativo, resultando ser totalmente atentatorio e invasivo a la legítima defensa, debido proceso y derechos a la información y petición, dejándola por tanto en total indefensión.